La Administración de José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado ocho reformas a la Constitución, en paralelo a los 30 proyectos de ley que son parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que el mandatario anunció el pasado 5 de agosto en una cadena nacional. Entre las propuestas hay un nuevo estado de excepción constitucional mucho más restrictivo que las cuatro figuras que existen hoy, y que se invocará “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”. La moción señala que lo declarará “el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, y que no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el jefe de Estado puede prorrogarlo por igual período y que, para sucesivas ampliaciones, el presidente requerirá “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.
La Administración de José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado ocho reformas a la Constitución, en paralelo a los 30 proyectos de ley que son parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que el mandatario anunció el pasado 5 de agosto en una cadena nacional. Entre las propuestas hay un nuevo estado de excepción constitucional mucho más restrictivo que las cuatro figuras que existen hoy, y que se invocará “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”. La moción señala que lo declarará “el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, y que no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el jefe de Estado puede prorrogarlo por igual período y que, para sucesivas ampliaciones, el presidente requerirá “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”. Seguir leyendo
La Administración de José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado ocho reformas a la Constitución, en paralelo a los 30 proyectos de ley que son parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que el mandatario anunció el pasado 5 de agosto en una cadena nacional. Entre las propuestas hay un nuevo estado de excepción constitucional mucho más restrictivo que las cuatro figuras que existen hoy, y que se invocará “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”. La moción señala que lo declarará “el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, y que no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el jefe de Estado puede prorrogarlo por igual período y que, para sucesivas ampliaciones, el presidente requerirá “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.
Este nuevo estado de excepción, además, establece que el mandatario “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión” y, además, “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. En la propuesta solo se señala que un oficial general quedará al mando de la zona, pero no detalla si será de las ramas de las Fuerzas Armadas o de Carabineros.
En el programa Tolerancia Cero, de CNN, el ministro de Seguridad de Kast, Martín Arrau, fue consultado la noche de este lunes por qué el Gobierno considera necesario que exista un nuevo estado de excepción constitucional con determinaciones tan restrictivas. Dijo que la medida está pensada para “intervenciones profundas, temporales y con rendición de cuentas” para ciertas zonas “donde operan grupos terroristas o el crimen organizado que son de difícil penetración”. Y agregó que estima que se necesitan “facultades extraordinarias para restringir la movilidad, poner toques de queda y saber qué comunicaciones, o cuando uno hace este anuncio, bajar las comunicaciones de ese tipo de grupos. Estamos pensando en polígonos bastante más acotados, dependiendo de lo que sea, y de otros más amplios”.
Otra de las reformas propuestas es incorporar a la seguridad pública como un mandato constitucional, una idea que ha generado dudas no solo en la oposición, sino que también en abogados constitucionalistas de distintos sectores. Esto, porque el concepto ya forma parte del artículo primero de la Carta Fundamental chilena.
Además el Ejecutivo ha propuesto la creación de un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo. Arrau explicó en CNN que crear este listado permite perseguirlas de manera más eficaz tal como “lo han hecho otros países del mundo”. “Lo que estamos haciendo tampoco es 100% creatividad nuestra; es un poco el camino de lo que ha hecho Italia o Estados Unidos”, explicó.
El ministro señaló que hoy la Fiscalía chilena “cuando procesa a una persona del Tren de Aragua, por ejemplo, no solamente debe demostrar que esa persona pertenece” a esa megabanda criminal, sino que “también que esa organización existe. Y con esto lo que hacemos es demostrar la existencia de esa organización de crimen organizado”, por lo que se crea “el delito de pertenencia”.
Previamente al envío de las reformas constitucionales al Senado, en un borrador que el Gobierno socialibilizó con parlamentarios del oficialismo la semana pasada, había propuesto, dentro del paquete de cambios, retirar las prestaciones sociales, entre ellas las de salud, a los condenados por crimen organizado y terrorismo. Si bien mantuvo esa medida, ahora la ha dejado una ley de quorum calificado.
Lo que se persigue, explicó Arrau, es dar señales. “Cuando las personas que pagan sus impuestos le financian beneficios a personas que le han hecho tanto daño a la sociedad, hay un sensación de injusticia. Eso es lo que queremos corregir”.
Durante 12 días, desde que el 5 de agosto Kast anunció en una cadena nacional la llamada ACOT, el Gobierno ha iniciado una ofensiva comunicacional muy similar a la que usó cuando en marzo presentó su megarreforma económica y tributaria, que logró aprobar en el Congreso. Es una estrategia en la que la información se ha ido entregando o filtrando por goteo, de hecho, hubo dos borradores del proyecto de reforma constitucional, que llegó a completar 11 modificaciones a la Carta Findamental.
En paralelo al envío de los proyectos de la ACOT, hubo un despliegue de las autoridades, entre ellas Kast y Arrau, exhibiéndose en operativos policiales y usando el concepto “la mano ha cambiado” respecto a la delincuencia. Además de un traslado masivo, el pasado viernes —que continuó al día siguiente— de reos de alta peligrosidad a una cárcel en Talca, en la zona centro sur de Chile, que fue transmitido por Youtube.
El Gobierno de Kast mostró en la operación, que llamó Cancerbero, a los presos sentados en filas con las manos hacia adelante y la cabeza agachada, en un estilo muy similar al usado en el controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad levantada por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.
La Administración de Kast, cuya promesa principal de campaña fue el control de la delincuencia, ha iniciado su ofensiva con un alto respaldo de la ciudadanía a sus anuncios. La encuesta Criteria, divulgada este domingo, ha indicado que las medidas del Ejecutivo registran un alto nivel de acuerdo, entre 75% y 94%. Y que, entre las más apoyadas por la ciudadanía, con un 94%, están el aumento de penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos y agravar las penas a quienes pertenezcan a organizaciones criminales.
EL PAÍS
