Hace dos años y medio, publiqué en este mismo diario una columna en la que alertaba sobre la creciente crítica política y cultural a las ciencias sociales en Chile. En ese momento, la polémica estaba referida a la obtención de fondos públicos por destacados académicos que hasta hacía poco tiempo se habían desempeñado en cargos políticos y públicos: se trataba de Fernando Atria, Lucía Dammert y José Miguel Ahumada, todos con un nutrido currículo académico, resultando favorecidos con financiamiento para sus proyectos de investigación al cabo de concursos competitivos en donde cumplen una función relevante los pares evaluadores. En esa oportunidad, cuatro diputados de Renovación Nacional no encontraron nada mejor que proponer una moratoria de 18 meses para quienes se habían desempeñado en cargos políticos antes de volver a concursar por fondos públicos, castigando el retorno a la academia en una expresión de gran antiintelectualismo. El asunto no escaló más allá (era demasiado absurdo), pero la semilla de la estigmatización hacia disciplinas completas ya estaba sembrada: solo había que esperar a que se produjeran las condiciones institucionales de posibilidad para cosechar, para que las ciencias sociales y las humanidades fuesen objeto de hostilidad abierta por parte de un gobierno de derecha radical y, junto a él, del Estado a través de un ministerio y de la agencia encargada de la investigación científica en Chile.
El antiintelectualismo es una fatalidad para la cultura y la ciencia, pero cuando alimenta la política pública es una tragedia que los pueblos no ven, pero que resentirán de ahora en adelante
Hace dos años y medio, publiqué en este mismo diario una columna en la que alertaba sobre la creciente crítica política y cultural a las ciencias sociales en Chile. En ese momento, la polémica estaba referida a la obtención de fondos públicos por destacados académicos que hasta hacía poco tiempo se habían desempeñado en cargos políticos y públicos: se trataba de Fernando Atria, Lucía Dammert y José Miguel Ahumada, todos con un nutrido currículo académico, resultando favorecidos con financiamiento para sus proyectos de investigación al cabo de concursos competitivos en donde cumplen una función relevante los pares evaluadores. En esa oportunidad, cuatro diputados de Renovación Nacional no encontraron nada mejor que proponer una moratoria de 18 meses para quienes se habían desempeñado en cargos políticos antes de volver a concursar por fondos públicos, castigando el retorno a la academia en una expresión de gran antiintelectualismo. El asunto no escaló más allá (era demasiado absurdo), pero la semilla de la estigmatización hacia disciplinas completas ya estaba sembrada: solo había que esperar a que se produjeran las condiciones institucionales de posibilidad para cosechar, para que las ciencias sociales y las humanidades fuesen objeto de hostilidad abierta por parte de un gobierno de derecha radical y, junto a él, del Estado a través de un ministerio y de la agencia encargada de la investigación científica en Chile.
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