El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ha anunciado la presencia de “una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en La Paz” para frenar la penetración en territorio boliviano de los carteles Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. La oficina funcionará como una unidad de inteligencia para agilizar el intercambio de información entre ambos países. La policía boliviana también tendrá presencia en la nación vecina, según adelantó Oviedo este martes en una entrevista radial. La cooperación se anuncia después de un violento fin de semana en el lado boliviano de la zona fronteriza que dejó cinco muertos por arma de fuego, entre ellos un policía.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ha anunciado la presencia de “una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en La Paz” para frenar la penetración en territorio boliviano de los carteles Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. La oficina funcionará como una unidad de inteligencia para agilizar el intercambio de información entre ambos países. La policía boliviana también tendrá presencia en la nación vecina, según adelantó Oviedo este martes en una entrevista radial. La cooperación se anuncia después de un violento fin de semana en el lado boliviano de la zona fronteriza que dejó cinco muertos por arma de fuego, entre ellos un policía. Seguir leyendo
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ha anunciado la presencia de “una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en La Paz” para frenar la penetración en territorio boliviano de los carteles Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. La oficina funcionará como una unidad de inteligencia para agilizar el intercambio de información entre ambos países. La policía boliviana también tendrá presencia en la nación vecina, según adelantó Oviedo este martes en una entrevista radial. La cooperación se anuncia después de un violento fin de semana en el lado boliviano de la zona fronteriza que dejó cinco muertos por arma de fuego, entre ellos un policía.
“Estamos en una guerra entre dos organizaciones criminales de Brasil que se disputan un corredor para exportar droga. Organizaciones que además están catalogadas por Estados Unidos como asociaciones narcoterroristas”, aseguró Oviedo. La ola de homicidios comenzó el jueves pasado, cuando un grupo de hombres portando armas de grueso calibre atacó una estancia, asesinó a cuatro hombres y secuestró a dos mujeres. Al día siguiente, murió en la misma zona —el municipio de San Matías, en el departamento de Santa Cruz— un teniente de 21 años mientras recababa testimonios para el caso. Fue emboscado y acribillado. Su cuerpo, quemado, fue encontrado un día después en la espesura de la selva.
La Policía asegura que el cadáver fue hallado a pocos kilómetros de una pista de aterrizaje clandestina, junto a una avioneta que fue incautada, la número 58 desde que comenzó la gestión del nuevo Gobierno de Rodrigo Paz, el pasado 8 de noviembre. Dos personas fueron aprehendidas por los ataques después de un amplio despliegue policial y militar en la zona, que contó con apoyo de inteligencia de Brasil. La cooperación está enmarcada dentro del plan Fronteras Seguras, que acordaron ambas naciones en marzo de este año, durante la visita oficial de Paz al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Oviedo detalló que el programa fue trazado junto con el ministerio de justicia y seguridad brasileño y el director general de la Policía Federal de Brasil. “Ya me dijeron lo riesgoso que es tener este tipo de carteles en Bolivia (…) hay una presencia masiva en el país de estas organizaciones, ya tienen compradas propiedades en los puntos fronterizos”, explicó el ministro. En los últimos nueve meses, 19 líderes del PCC y Comando Vermelho fueron deportados y más de 300 inmuebles pertenecientes a ellos fueron incautados, según datos oficiales.
Los crecientes hechos de violencia convierten cada vez más a Bolivia, un país poco acostumbrado a la guerra del narco, en un foco de atención. El criminal uruguayo Sebastián Marset, una de las cinco personas más buscadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA), fue detenido en Santa Cruz y posteriormente entregado a EEUU, en marzo pasado. El líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) vivió durante más de dos años cómodamente en Bolivia, donde fundó un equipo de fútbol y adquirió propiedades en una exclusiva urbanización de la ciudad cruceña.
La capital económica y el departamento más poblado del país están en el ojo de la tormenta: la pasada semana murieron por arma de fuego cuatro personas, sin contar los decesos de San Matías. Solo entre agosto y septiembre del año pasado ocurrieron 11 homicidios que la Policía vincula con “ajustes de cuentas”. “Tenemos que pararlos. En lo que va de gestión hemos incautado casi 300 toneladas de droga entre cocaína, marihuana y otras sustancias”, apuntó Oviedo.
La escalada de la situación ha alcanzado el plano diplomático con la descertificación, en septiembre, de Bolivia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las sustancias controladas, junto a países como Colombia y Venezuela, debido al “incumplimiento de sus compromisos antidrogas”. La decisión se basó en el Informe 2025 sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, que concluye que Bolivia produce entre 200 y 300 toneladas de cocaína al año, aproximadamente el 15 % de la producción mundial.
El plan Fronteras Seguras incluye un mayor control de los puntos fronterizos conflictivos entre Brasil y Bolivia, como Guayaramerín, San Matías o Puerto Suárez, además de la coordinación de operativos transfronterizos y el intercambio de información.
EL PAÍS
