El expediente de juicio de procedencia contra Alejandro Alito Moreno se ha desempolvado en la antesala del inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso mexicano. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche entregó en julio nueva información a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para reforzar la solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI y senador que el Ministerio Público presentó en el verano de 2025. En paralelo, las detenciones de los últimos días de personas cercanas al priista han añadido presión a un caso que lleva más de un año atravesando pausas, aplazamientos y disputas políticas.
Legisladores de Morena presionan para que la Sección Instructora dé inicio al proceso de desafuero del líder nacional del PRI
El expediente de juicio de procedencia contra Alejandro Alito Moreno se ha desempolvado en la antesala del inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso mexicano. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche entregó en julio nueva información a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para reforzar la solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI y senador que el Ministerio Público presentó en el verano de 2025. En paralelo, las detenciones de los últimos días de personas cercanas al priista han añadido presión a un caso que lleva más de un año atravesando pausas, aplazamientos y disputas políticas.
Las detenciones del contador Luis Antonio Espinosa, quien trabaja en los negocios de Emigdio Moreno Cárdenas (hermano de Alito), y de Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social del Gobierno de Campeche, están ligadas a la solicitud de desafuero que existe en contra del dirigente priista, según integrantes de la Sección Instructora, consultados por este periódico.
Todo parte de la solicitud que presentó la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche en 2025. En ella, se le acusa de peculado por el desvío de 83,5 millones de pesos, uso indebido de funciones y otros delitos presuntamente cometidos en su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019). A pesar de que Morena cuenta con las mayorías para aprobarlo, el desafuero de Alito es un expediente que la bancada coordinada por Ricardo Monreal ha preferido mantener congelada, hasta ahora. Esto podría cambiar en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Legislatura, que inicia en septiembre, cuando la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados reanude sus labores.
Con los nuevos elementos sobre la mesa, presentados por el fiscal Loreto Verdejo, el oficialismo ve muy posible que la instancia jurisdiccional presente un dictamen durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre. Antes de que esto ocurra, deberán cumplir con un paso fundamental: admitir, o no, formalmente la solicitud de la Fiscalía. Solo así podrá comenzar la etapa en la que se valoren pruebas y, eventualmente, los argumentos de defensa del senador. No se trata todavía de un juicio ni de una decisión sobre su responsabilidad penal: el desafuero, en esta fase, determina si existen condiciones para que se le retire la inmunidad de la que goza como senador y pueda ser procesado penalmente.
De acuerdo con integrantes de la Sección Instructora, la instancia cuenta desde hace tiempo con proyectos de dictamen que han quedado a la espera de que la Fiscalía del Estado enriquezca las carpetas de investigación. Ahora, según explican legisladores oficialistas, la información ministerial entregada en fechas recientes, a la que se sumará la que se prevé hagan llegar en las próximas semanas, deberá ser sometida a revisión para determinar si el juicio de procedencia tiene lugar. Sin embargo, sostienen, todo apunta a que el juicio vea la luz en el último trimestre del año.
Con estas nuevas diligencias, el Gobierno de la morenista Layda Sansores estaría retomando una batalla política abierta por la gobernadora en 2021 y 2022, cuando utilizó sus “Martes del Jaguar” -un programa transmitido en las redes de su Gobierno- para filtrar audios del exgobernador y ventilar los casos de corrupción en los que se habría visto involucrado. En aquellos años, Sansores acusó a Ricardo Monreal de frenar la primera solicitud para el desafuero de Alito y desató una batalla al interior de Morena.
En los últimos días, las presiones para sacar adelante el desafuero de Alito aumentaron, al calor del debate sobre la injerencia extranjera y la campaña de “defensa de la soberanía nacional” convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional de Morena, que han respondido así a las acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de políticos morenistas de Sinaloa. Del lado opositor, Moreno se ha convertido en uno de los protagonistas principales de este conflicto, por sus constantes viajes a Washington DC -los dos últimos en mayo y agosto- para promover denuncias en contra de Morena, al que acusa abiertamente de ser un “narcopartido”.
Alito se colocó en el ojo del huracán tras su visita del pasado lunes a las oficinas del Departamento de Estado, a donde acudió para denunciar a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral -y solicitar que se les cancelen las visas- por haberle prohibido utilizar términos como “narcopartido” y “narcogobierno” en las redes sociales del PRI y en su cuenta personal. El tono de Moreno en los últimos días ha sido el del mensaje en el que informó sobre su viaje a la capital estadounidense: “En el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos terminen de construir una dictadura al amparo del crimen organizado”.
La respuesta del oficialismo ha sido contundente; primero desde la conferencia semanal de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien lo acusó de viajar a Estados Unidos para en busca de impunidad por sus cuentas pendientes con la Fiscalía de Campeche. Después, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la bancada de Morena utilizó todas sus intervenciones en el debate de la agenda política para denostar a Alito y acusarlo de traición a la patria. Los legisladores del oficialismo recordaron que está pendiente su desafuero y llamaron a la dirigencia de su partido a reactivar el proceso. “Alito Moreno es un ladrón… tiene un juicio político en la Comisión Jurisdiccional, que por cierto no ha procedido o no se ha activado, pero que reúne todos los elementos para el desafuero”, dijo la diputada Maricarmen Bernal. “Por más que vayan a caminar a donde quieran, a querer llamar la atención, van a seguir haciendo el ridículo, y no son víctimas ni va a pasar nada con ellos que no sea que la justicia les llegue. Vamos a ver cómo la Cámara de Diputados reacciona ante los acontecimientos que se tienen”, sugirió el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se ha referido a Alito en su conferencia mañanera. Este jueves lo acusó de invocar el intervencionismo extranjero como último recurso ante la irrelevancia del PRI, al que calificó como un partido en extinción. “No tiene credibilidad aquí, y no creo que tenga mucha credibilidad allá”, ha dicho Sheinbaum entre risas. La presidenta ha preferido evadir el tema del desafuero del líder priista, asegurando que es un tema que corresponde a los diputados y a la Fiscalía de Campeche.
Pese a las evasivas públicas, en el oficialismo se asegura que se ha activado la cuenta regresiva y que el futuro político de Alito se jugará en el Congreso el próximo mes, cuando la Sección Instructora decida si abre la puerta al juicio de procedencia. Mientras, Morena mantendrá sobre el dirigente priista una presión política cada vez más pesada, con un expediente que vuelve a cobrar fuerza.
EL PAÍS
