El miércoles, 5 de agosto, con 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que pasó al Senado en segundo trámite. Cierto, se incluyen restricciones como la obligación de reservar, por cada curso, al menos un 20% de sus cupos para estudiantes prioritarios y un 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales. Sin embargo, se permite que los establecimientos flexibilicen el sistema de la tómbola, según las autoridades, con el fin de reconocer en mayor medida el mérito y reducir el peso del azar en la asignación de las vacantes.
El miércoles, 5 de agosto, con 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que pasó al Senado en segundo trámite. Cierto, se incluyen restricciones como la obligación de reservar, por cada curso, al menos un 20% de sus cupos para estudiantes prioritarios y un 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales. Sin embargo, se permite que los establecimientos flexibilicen el sistema de la tómbola, según las autoridades, con el fin de reconocer en mayor medida el mérito y reducir el peso del azar en la asignación de las vacantes. Seguir leyendo
El miércoles, 5 de agosto, con 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que pasó al Senado en segundo trámite. Cierto, se incluyen restricciones como la obligación de reservar, por cada curso, al menos un 20% de sus cupos para estudiantes prioritarios y un 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales. Sin embargo, se permite que los establecimientos flexibilicen el sistema de la tómbola, según las autoridades, con el fin de reconocer en mayor medida el mérito y reducir el peso del azar en la asignación de las vacantes.
Entre otras tantas interrogantes que emergen a partir de este proyecto, resulta relevante cuestionar “el reconocimiento del mérito” que tanto se utiliza para justificarlo.
Un sistema escolar que defiende y promueve la meritocracia tiene por función asegurar aprendizajes y oportunidades iguales para todos y todas, aunque al mismo tiempo, posee mecanismos de selección donde todos y todas compiten por obtener los mejores resultados que, en el futuro, les darán acceso a mejores estudios superiores y profesiones situadas más alto en la escala social. Por supuesto, se espera que quienes ganen en esa competición escolar, sean quienes demostraron tener más méritos, especialmente, quienes se esforzaron más. Este ideal meritocrático es común en la mayoría de los sistemas educativos y prácticamente desde los inicios de la masificación escolar, sin embargo, como lo ha demostrado la literatura especializada desde hace más de sesenta años es imposible. Una de las principales razones se encuentra en las alteraciones y transgresiones al mérito que ocurren sistemáticamente a lo largo de las trayectorias escolares. Una de estas alteraciones frecuentemente estudiada por ser una de las vías predominantes de “contaminación” de la competición escolar justa es la admisión y selección escolar. En términos muy simples, mientras más mecanismos de selección académica y social, mientras más segregación escolar, es menos probable que los estudiantes reciban las mismas oportunidades de éxito escolar y, por tanto, social. De hecho, en estudios internacionales como PISA (desarrollados por la OCDE), se demuestra que mientras más precoz es la selección y segregación en escuelas o programas educativos distintos, mayor es la inequidad de los aprendizajes.
Fue precisamente respaldado por toda la evidencia científica nacional e internacional que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) actual se introdujo en la Ley de Inclusión 20.845 en 2015. En Chile se había demostrado de manera sólida y consistente, que la “elección” de establecimiento por las familias no era sostenible si se deseaba brindar una educación de calidad para todos los ciudadanos. Era un hecho que un sistema escolar con niveles altos de segregación socioeconómica y académica no era compatible con la equidad. Y además de todo eso, diversos estudios mostraron que en Chile la libre elección no existía, porque bajo un modelo en el cual, si no era por el nivel económico de las familias, los establecimientos seleccionaban al estudiantado por criterios académicos y muchas veces discriminatorios, de modo que eran las escuelas las que escogían a las familias y no al revés.
Y así, después de décadas investigando y demostrando robustamente que la selección escolar era justamente todo lo opuesto a la meritocracia, la actual ministra de educación anuncia que van a modificar el SAE para “reincorporar el mérito académico” en los procesos de postulación y devolver a las familias “la libertad de elegir” el colegio de sus hijos. Y la fórmula para lograr esto sería, volviendo a adoptar mecanismos de selección a temprana edad. Incluso si creyéramos que el rendimiento escolar no está fuertemente explicado por factores como el estatus socioeconómico (no ocurre en ningún país, aunque algunos se acercan más a ese ideal) y que solo dependiera del esfuerzo de los estudiantes, Surgen preguntas inevitables: ¿a qué edad se considera que un niño puede demostrar sus méritos? ¿a los 12 años? ¿A qué edad se le puede privar del derecho a una educación de calidad por “no haberse esforzado lo suficiente”? ¿Y qué pasa con los estudiantes que se esfuerzan mucho, pero “no tienen talento”? ¿se les va a delegar a escuelas de menor calidad por ello? Además, ¿quién garantiza que los árbitros del sistema escolar serán imparciales? ¿cómo se asegura de que nadie ejercerá influencias indebidas?
En síntesis, surgen muchas preguntas, aunque es indiscutible que este proyecto desestima décadas de conocimiento acumulado y desafía principios elementales de justicia en la educación.
EL PAÍS
