En medio de la devastación de La Guaira, Yaraís Ballesteros abrió las puertas de su casa para convertirla en una escuelita informal. Quería un espacio donde niños y niñas se reunieran para hablar, crear, aprender y disfrutar; fue por ello que lo llamó Rincón de Luz. Allí, 23 niños y adolescentes de entre cuatro y 15 años reciben clases después de que el terremoto dejara inutilizadas sus escuelas, destruyera sus viviendas y, en algunos casos, separara a sus familias.
El colegio público de una de las zonas más afectadas lamenta la muerte de 217 de sus 1.000 estudiantes
En medio de la devastación de La Guaira, Yaraís Ballesteros abrió las puertas de su casa para convertirla en una escuelita informal. Quería un espacio donde niños y niñas se reunieran para hablar, crear, aprender y disfrutar; fue por ello que lo llamó Rincón de Luz. Allí, 23 niños y adolescentes de entre cuatro y 15 años reciben clases después de que el terremoto dejara inutilizadas sus escuelas, destruyera sus viviendas y, en algunos casos, separara a sus familias.
“Le puse este nombre porque, entre tanto dolor, este es un espacio necesario para reír, conectar e integrar las emociones que hemos sentido”, dice Ballesteros, especialista en educación especial y paciente de lupus, quien atiende la escuelita junto a su hermana, que perdió su casa por la zona. “Muchos de ellos han perdido sus colegios y no tienen adónde ir cuando empiecen las clases”.
Para Ballesteros, no hay una única manera de acompañar a las infancias después de una tragedia de esta magnitud. Las edades son distintas, pero también lo son las pérdidas y las necesidades de cada uno. “Tengo un chico de nueve años que no sabe leer ni escribir; tengo otro de siete que perdió a su hermano. Todo eso se tiene que atender de forma particular”, explica antes de empezar una sesión de juego con los estudiantes.
La iniciativa responde a una emergencia educativa que atraviesa todo el estado de La Guaira, especialmente en Catia La Mar, epicentro del segundo terremoto. Los sismos en Venezuela dejaron 432 escuelas afectadas en el área metropolitana de Caracas, según UNICEF. De las 316 escuelas que se encuentran en La Guaira, 116 quedaron afectadas de acuerdo con el Ministerio de Educación: 14 colapsaron completamente, 38 sufrieron daños medios y otras 86 presentan afectaciones menores.
La dimensión de la crisis, sin embargo, no puede medirse únicamente en edificios. Las comunidades que daban vida a esas escuelas también fueron golpeadas: hay estudiantes, docentes y representantes entre los fallecidos y damnificados, familias que perdieron sus viviendas y personas que todavía atraviesan pérdidas materiales y personales. En La Guaira, reconstruir la educación significa mucho más que levantar paredes: significa recuperar las condiciones que permiten a las infancias volver a sentarse en un aula.
En el Complejo Educativo Juan José Mendoza en Caraballeda, uno de los pocos colegios públicos en una de las zonas más afectadas, la lista de alumnos se ha convertido en una lista de ausencias. De 1.000 alumnos inscritos, 217 fallecieron junto a 11 personas de la plantilla laboral. “Muchos de nuestros estudiantes vivían en las OPPPE donde ocurrió la gran mayoría de pérdidas humanas y daños materiales”, explica su directora, Diana Ferrer. “Esto es una pérdida irreparable y tiene mucho significado para mí. Eran parte de una familia con la cual yo hacía vida a diario”, afirma.
Madeleine Cova, coordinadora de segundo año en el colegio público, estima que al menos el doble continúan desaparecidos. “Por ahora, creo que perdimos 400 estudiantes. Nuestra población estudiantil cubre la zona de Tanaguarena, donde se vieron pérdidas enormes en la comunidad”.
Los que sobrevivieron tampoco han salido ilesos. Cova habla de estudiantes que han sufrido amputaciones, de otros que perdieron a personas queridas y de familias enteras desplazadas hacia otros estados. La propia docente se encuentra ahora en Caracas, cuidando a su sobrina de 25 años, encontrada viva, pero herida, bajo los escombros de un edificio que colapsó.
“Hemos tenido que lidiar con un mar de cosas estas últimas semanas”, dice. “En las escuelas, el terremoto no terminó cuando cesó el movimiento de la tierra. El duelo, las pérdidas y el desplazamiento siguen acompañando a estudiantes y docentes, que intentan volver a sus vidas mientras todavía buscan a quienes faltan”, comenta.
Un riesgo que permanece
En Mare Abajo hay una escuela que nadie quiere ver caer. El Liceo Bolivariano Cruz Felipe Iriarte, en Catia La Mar, el epicentro del segundo terremoto, permanece en pie a pesar de los graves daños sufridos. Durante nueve años recibió a más de 1.000 estudiantes y este año debía celebrar su primera graduación de bachillerato. La promoción nunca llegó a celebrarse.
Ahora, el edificio representa un peligro para las familias que viven a su alrededor. “Ya no sabemos cómo presionar para que hagan la demolición controlada del colegio. Es una estructura grande y puede caer encima de nosotros o, en el mejor de los casos, terminar de afectar alguna de las casas que ya están bastante afectadas”, explica Cruciger, una vecina y dueña de una bodeguita justo frente al edificio.
La calle cuenta por sí sola la historia del terremoto. Muchas de las viviendas están marcadas con calcomanías rojas o amarillas, que señalan daños severos o la necesidad de atención inmediata. Los vecinos no solo esperan que sus casas puedan ser reparadas: esperan poder volver a habitarlas sin tener encima una estructura que consideran inestable. “No podemos empezar a arreglar nuestras casas, dormir acá o sentirnos seguras con esa construcción enorme en el estado en que está”, dice la vecina.
Para ella, el liceo no era solo un edificio. Allí estudiaban sus nietos —uno de ocho años, en cuarto grado; el menor, en primero—: “Aquí todos los niños de la comunidad estudiaban en este colegio”, recuerda.
También en Catia La Mar, otro colegio colapsado permanece como una presencia amenazante sobre una pequeña calle de viviendas en el sector La Atlántida, una de las zonas más afectadas del epicentro. Tybaire Weky, propietaria y subdirectora del colegio Gabriela Mistral, recuerda que, apenas terminó el terremoto, se dirigió al plantel para prepararlo y abrir sus puertas a quienes necesitaran refugio esa noche. “Jamás hubiera imaginado que el colegio había colapsado. Cuando llegué, no me lo podía creer”, cuenta.
El colegio era mucho más que un edificio para Weky. Su historia comenzó 34 años atrás, cuando su madre decidió crear un preescolar y ambas iniciaron el proyecto familiar. Su padre, aficionado a la construcción, fue ampliando las instalaciones año tras año. “A mi papá le gustaba construir, y cada año hacía el salón del año siguiente, hasta llegar a quinto año”, recuerda.
Con el tiempo, Weky compró la casa que se convirtió en la sede del colegio. La institución fue creciendo hasta albergar a todos sus alumnos en un mismo espacio. “Ese colegio fue fundado por mi mamá, mi papá y por mí”, dice.
Por eso, cuando el edificio cayó, Weky sintió que también se desplomaba una parte de su propia historia. “El terremoto arrebató 34 años de trabajo y servicio”. Hay, sin embargo, algo que la sostiene. Nadie murió dentro del colegio. El único que estaba allí era el gato de la escuela, al que encontraron vivo entre los restos. El alivio se mezcla con la pérdida, pero también con una certeza: “Eso me da muchísima paz y confianza para saber que voy a recuperar ese proyecto”.
El riesgo de una generación sin escuela
En el Colegio San José, en Catia La Mar, Pedro Machado y otros docentes trabajan estos días desde mesas instaladas en la cancha. Machado lleva 46 de los 52 años de vida del colegio trabajando en la institución y ahora tiene que afrontar una tarea que va mucho más allá de las clases: conseguir recursos para reparar las instalaciones, procesar la documentación de los estudiantes que no regresarán y reorganizar un colegio que perdió buena parte de su infraestructura.
“Hay muchísimo trabajo, desde recolectar dinero para arreglar las instalaciones hasta hacer el papeleo de quienes no van a continuar viniendo al colegio”, explica mientras muestra las montañas de carpetas que deben procesar antes del 14 de septiembre, fecha fijada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, para el inicio del año escolar. Hasta ahora, el colegio registra 150 deserciones estudiantiles, 13 personas fallecidas —entre ellas ocho docentes— y numerosos representantes damnificados o afectados.
En San José colapsó la zona que albergaba 16 aulas, cerca del 75% de la infraestructura del colegio. La institución ha iniciado una campaña de recaudación para financiar las reparaciones, pero el regreso a clases todavía parece lejano. “Estos escombros no salen en mes y medio. Tenemos el espíritu de la formación de nuestros niños, pero lo que se viene es un trabajo enorme”, dice Machado. A la reconstrucción física se suma otra incertidumbre: cómo se reorganizarán las jornadas laborales y, con ellas, los salarios de los docentes.
En Maiquetía, una zona de impacto moderado dentro de La Guaira, el Colegio Madre Emilia enfrenta un problema distinto. El edificio no colapsó, pero presenta daños de mampostería en todas sus paredes. Su directora, la hermanita Carmen Graciela Fuentes Terán, recorre las instalaciones mientras explica que las zonas afectadas han comenzado a ser desmontadas y que el colegio deberá estar completamente reparado antes de reabrir.
La institución tiene 918 estudiantes y 67 docentes y trabajadores administrativos. Una estudiante de cuarto año y una trabajadora fallecieron en el terremoto; cuatro maestras perdieron sus viviendas. La mayoría de las familias de la comunidad no sufrió daños tan graves, pero muchos representantes han quedado desempleados, lo que dificulta incluso garantizar el pago de las mensualidades.
El colegio tampoco ha recibido, hasta ahora, apoyo del Ministerio de Educación, según su directora. La demolición de las paredes dañadas se está realizando con ayuda de la empresa constructora que levantó originalmente el edificio. “En honor a su padre, nos donó todo el trabajo de demolición de paredes”. El trabajo podría tomar entre ocho y diez semanas una vez que cuenten con los materiales necesarios.
Eso significa que el 14 de septiembre tampoco parece una fecha viable para Madre Emilia. “Por mucho que queramos, es una fecha imposible. Sin el 100% de seguridad para los niños, yo no puedo permitir que vengan acá”, dice la hermanita Carmen Graciela.
La magnitud del problema en colegios católicos trasciende al Madre Emilia. Ángel Tovar, presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), informó en una rueda de prensa que en su red educativa en La Guaira habían fallecido al menos 99 estudiantes, 91 representantes y 13 trabajadores del personal obrero como consecuencia de los terremotos del 24 de junio. También reportó daños críticos en 20 colegios que forman parte de la AVEC y estimó que unos 4.214 estudiantes de La Guaira no podrán regresar a sus centros educativos habituales.
Las instituciones estudian alternativas como instalar aulas provisionales o recurrir temporalmente a la educación virtual. Pero Tovar insiste en que la reconstrucción debe garantizar estructuras seguras antes de que los estudiantes regresen.
Mientras tanto, en otra escuelita informal nacida en el campamento transitorio del estadio César Nieves, Yasmily Urimare Ramírez intenta mantener en marcha las clases para unos 80 alumnos. Docente con 28 años de experiencia, Ramírez perdió sus dos espacios vitales durante el doble terremoto: su apartamento, en el bloque 1 de la urbanización La Páez, y el colegio donde trabajaba, la U.E. Cruz Felipe Iriarte, en Mare Abajo.
A la pérdida se suma su propia fragilidad: Ramírez es paciente oncológica y su doctora de cabecera falleció durante la tragedia.
En la escuela improvisada, las donaciones se acumulan: toldos, cajas de cuadernos, colores, juguetes y agua. Pero recibir ayuda también se ha convertido en una tarea en sí misma. “Las donaciones han sido una enorme ayuda, pero llega un momento en que es demasiado y no es suficiente al mismo tiempo. Acá trabajo con cuatro voluntarios y es un trabajo enorme. Además de estar con los niños, enseñar y acompañarlos, tenemos que recibir las donaciones, clasificarlas, organizarlas y asegurarnos de que lleguen a quienes las necesitan”.
La Escuela Urimare funciona porque ella decidió que, incluso después de perderlo todo, los niños todavía necesitaban un lugar donde estar y acompañarse. Allí, entre toldos, cuadernos donados y aulas improvisadas, estudiar también significa jugar, conversar y encontrar una forma de atravesar el duelo.
EL PAÍS
