El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha puesto este miércoles sobre la mesa dos cartas para apaciguar al país tras semanas de protestas y bloqueos de carreteras. Anunció cambios entre sus ministros “para acercarse más a la gente” y ofreció la conformación de un Consejo Económico Social que incluya a los actores movilizados y que funcione como un puente de negociación entre el Estado, los sectores productivos y los movimientos sociales. Horas antes, su Gobierno denunció en la Organización de Estados Americanos (OEA) que las protestas que han sitiado La Paz, la ciudad donde está la sede gubernamental, buscan “generar desestabilización institucional”. Recibió muestras de apoyo. La más fuerte llegó desde Washington, que advirtió que no permanecerá indiferente si la violencia en las calles se agrava. “No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, dijo este miércoles en X el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, endurece el tono sobre las protestas en Bolivia y vincula a los manifestantes con criminales y narcotraficantes
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha puesto este miércoles sobre la mesa dos cartas para apaciguar al país tras semanas de protestas y bloqueos de carreteras. Anunció cambios entre sus ministros “para acercarse más a la gente” y ofreció la conformación de un Consejo Económico Social que incluya a los actores movilizados y que funcione como un puente de negociación entre el Estado, los sectores productivos y los movimientos sociales. Horas antes, su Gobierno denunció en la Organización de Estados Americanos (OEA) que las protestas que han sitiado La Paz, la ciudad donde está la sede gubernamental, buscan “generar desestabilización institucional”. Recibió muestras de apoyo. La más fuerte llegó desde Washington, que advirtió que no permanecerá indiferente si la violencia en las calles se agrava. “No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, dijo este miércoles en X el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
La crisis política y social de Bolivia inquieta a toda la región. La OEA celebró este miércoles una reunión extraordinaria de urgencia en la que el ministro de Exteriores boliviano, Fernando Aramayo Carrasco, transmitió su preocupación a los presentes por videoconferencia y pidió al organismo que haga un seguimiento político de los acontecimientos. El canciller pidió su apoyo para “reafirmar el compromiso hemisférico con la preservación del orden democrático y constitucional en Bolivia, condenar toda forma de violencia política, coerción organizada y acciones destinadas a alterar el normal funcionamiento institucional del Estado”. Según el canciller, las manifestaciones “exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política” y están orientadas a “generar desestabilización institucional, debilitamiento del gobierno y alteración del orden democrático”.
Sobre las medidas a tomar, Paz evitó detallar cuándo anunciará el nuevo gabinete, pero sí especificó que el Consejo comenzará a tomar forma este fin de semana y sesionará de manera mensual para emitir recomendaciones y modificaciones a leyes estructurales. Los cambios son un claro gesto a los sectores movilizados, entre los que hay indígenas aimaras, trabajadores campesinos, mineros asalariados y sindicatos fabriles, que acusan al mandatario de darles la espalda y rodearse solo de las elites empresariales y agroindustriales.
El presidente, de centroderecha, asumió el poder hace seis meses tras dos décadas de hegemonía del izquierdista MAS. Este miércoles brindó una rueda de prensa con claro tono conciliatorio e hizo autocrítica: “Nos ha faltado acercarnos a otros sectores. Las últimas tres semanas me he estado reuniendo con parte de los manifestantes y el reclamo es ‘queremos ser parte de las soluciones”. Despejó también algunas de las grandes preocupaciones de los manifestantes, al asegurar que no privatizará las empresas estatales estratégicas y descartó que vayan a replicarse modelos de gobiernos anteriores: “Este Gobierno no es un remedo del pasado”.
También se comprometió a no apoyar una ley antibloqueos que se está gestando en la Asamblea, rechaza por los movimientos sociales por ser su principal arma de reclamo, pero pidió establecer un nuevo corredor humanitario como el que se consensuó el fin de semana para permitir el ingreso de alimentos, combustible y oxígeno medicinal.
El presidente boliviano puso, eso sí, un límite al diálogo: el respeto a la voluntad popular en las urnas. Advirtió que no negociará con los líderes de las manifestaciones que piden su renuncia. “¿Es válido el vandalismo? No. Y no voy a dialogar con vándalos. No confundamos sectores con algunas individualidades o personas que están con la motivación de que la democracia sea interrumpida”, señaló. Para Paz, detrás de las protestas está el exmandatario Evo Morales, quien se encuentra prófugo de la justicia por una causa de presunta trata infantil y abuso que él considera infundada.
El viceministro de Exteriores, Carlos Paz Ide, también detalló ante la OEA que en las últimas semanas se han producido bloqueos de carreteras en 60 puntos de la red nacional que han afectado al abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal y puesto en jaque el funcionamiento de centros hospitalarios.
El embajador de Estados Unidos, Leandro Rizzuto, acusó al MAS de ser el responsable de la crisis económica que atraviesa Bolivia y señaló que el presidente Paz debe lidiar con “la mala gestión” que heredó del anterior gobierno del MAS. “Estados Unidos condena cualquier intento de socavar el proceso democrático de Bolivia mediante la violencia o la intimidación”, advirtió Rizzuto.
La postura del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y de la mayoría de países hizo énfasis en la necesidad de respetar las instituciones democráticas y encontrar una solución negociada a la crisis. Para Ramdin, Bolivia atraviesa “momentos muy difíciles en los que convergen desafíos políticos, presión institucional y una crisis económica severa” que ningún Gobierno debe enfrentar solo, sin el apoyo de la comunidad internacional.
EL PAÍS
