Los pómulos se le marcan ahora en el rostro. Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil que sigue en el cargo pese a que fue detenido en febrero, ha perdido cerca de 50 libras en los tres meses que lleva en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. El centro penitenciario, construido por el Gobierno de Daniel Noboa bajo el modelo de las prisiones de Nayib Bukele, fue presentado como el símbolo de la guerra contra las bandas criminales que desangran a Ecuador. Hoy también alberga a figuras políticas como Álvarez, el mayor opositor al presidente ecuatoriano.
Las prisiones de Ecuador, en las que han muerto más de 600 presos en el último año, enfrentan un brote de tuberculosis. Aquiles Álvarez fue detenido en febrero y enfrenta tres investigaciones por presunta corrupción
Los pómulos se le marcan ahora en el rostro. Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil que sigue en el cargo pese a que fue detenido en febrero, ha perdido cerca de 50 libras en los tres meses que lleva en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. El centro penitenciario, construido por el Gobierno de Daniel Noboa bajo el modelo de las prisiones de Nayib Bukele, fue presentado como el símbolo de la guerra contra las bandas criminales que desangran a Ecuador. Hoy también alberga a figuras políticas como Álvarez, el mayor opositor al presidente ecuatoriano.
“El alcalde no está sentenciado y aun así recibe el mismo trato que un reo condenado: lo raparon, lo vistieron con overol y le quitaron la Biblia”, asegura César Poveda, uno de sus abogados. La defensa y la familia denuncian restricciones severas para las visitas y condiciones de aislamiento extremo. Su esposa, Fiorella Ycaza, cuenta que la última vez que pudo verlo físicamente fue el 27 de marzo. Desde entonces, tras insistencias legales, apenas han logrado una videollamada semanal de una hora. En la última comunicación, dicen sus allegados, el deterioro físico era evidente.
Álvarez fue enviado a prisión preventiva por una investigación por delincuencia organizada. Meses después, un tribunal provincial concluyó que no existían elementos suficientes para sostener ese delito ni justificar la medida cautelar impuesta inicialmente por el juez. La orden de prisión fue revocada para él y sus hermanos. Pero para entonces la fiscalía ya había impulsado otro proceso, en el que también pidió prisión preventiva alegando que, durante un allanamiento, las autoridades detectaron que el alcalde no portaba el grillete electrónico que le había sido impuesto en otra causa. Ese expediente, conocido como caso Triple A, nació de unas denuncias por tráfico ilícito de combustibles relacionado con empresas familiares de Álvarez.
En total, el alcalde enfrenta tres investigaciones pero ninguna ha llegado a sentencia. Aun así, permanece recluido en el Encuentro, en una celda reducida, con una luz encendida permanentemente, según su defensa. “No es normal para un ser humano dormir con la luz prendida las 24 horas”, sostiene Poveda. “No hay facilidad para salir al patio, no hay acceso a luz natural. Pasa encerrado día y noche. El alcalde no tiene condiciones mínimas de dignidad”.
La preocupación de la familia aumentó después de la muerte de dos presos por tuberculosis en esa misma cárcel en el último mes. El caso más reciente se conoció el 15 de mayo: Michael Bautista Angulo falleció por desnutrición y tuberculosis, según el informe de autopsia divulgado por el Comité de Familiares por una Vida Digna.
“Nos quieren devolver a nuestro alcalde en un féretro”, dice Poveda. El abogado sostiene que la pérdida acelerada de peso y las condiciones de encierro han debilitado el sistema inmunológico de Álvarez y lo exponen al contagio.
El ministro del Interior, John Reimberg, ha rechazado estos cuestionamientos. “Yo lo dije desde un principio: es una cárcel de máxima seguridad. No hay economatos, no hay ingreso de comida, no hay nada”, afirmó en una entrevista con Teleamazonas. Según el funcionario, tanto Álvarez como el exvicepresidente Jorge Glas, también recluido en El Encuentro, reciben las tres comidas diarias y cuentan con “ciertos privilegios”, entre ellos la videollamada semanal con sus familiares.
En un video difundido por la defensa del alcalde, Álvarez aparece escoltado por policías durante una de esas comunicaciones y es interrumpido varias veces por una funcionaria penitenciaria mientras intenta describir las condiciones dentro del penal.
Desde 2024, en medio de la crisis carcelaria y de seguridad que atraviesa Ecuador, el Gobierno de Noboa entregó el control de las prisiones a las Fuerzas Armadas. Pero la militarización no frenó la violencia dentro de los centros penitenciarios y las denuncias por abusos, torturas y falta de alimentos aumentaron. Con sistemas sanitarios colapsados y hacinamiento, la tuberculosis se expandió rápidamente en las cárceles. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, 2.650 personas privadas de libertad fueron diagnosticadas con la enfermedad en 2025 y 609 murieron. La mayoría de los casos se registraron en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha exigido medidas urgentes al Estado, pero la respuesta oficial ha sido la creación de una mesa técnica para discutir soluciones. Mientras tanto, las muertes continúan.
EL PAÍS
