Es apenas comprensible que la eventual concentración del llamado Ejército Gaitanista de Colombia en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, en Córdoba, y en Unguía y Belén de Bajirá, en el Chocó, solo a partir del 25 de junio, genere demasiadas suspicacias y desconfianzas para el ejercicio libre del voto de miles de colombianos que habitan en territorios bajo control de tan temible grupo armado ilegal. Sobre todo, por ser el más numeroso, militarmente bien pertrechado y estar directamente relacionado con el narcotráfico y el control de la extracción y comercio del oro, además de otros minerales críticos estratégicos, pues la segunda vuelta por la Presidencia ya habrá culminado el domingo 21 de junio.
Toda coyuntura electoral se convierte en una noticia preocupante y escandalosa, como si fuera solo una responsabilidad del gobierno de turno y no una constante del régimen político, su matriz constitutiva
Es apenas comprensible que la eventual concentración del llamado Ejército Gaitanista de Colombia en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, en Córdoba, y en Unguía y Belén de Bajirá, en el Chocó, solo a partir del 25 de junio, genere demasiadas suspicacias y desconfianzas para el ejercicio libre del voto de miles de colombianos que habitan en territorios bajo control de tan temible grupo armado ilegal. Sobre todo, por ser el más numeroso, militarmente bien pertrechado y estar directamente relacionado con el narcotráfico y el control de la extracción y comercio del oro, además de otros minerales críticos estratégicos, pues la segunda vuelta por la Presidencia ya habrá culminado el domingo 21 de junio.
Lo más grave de lo anterior es que ello viene sucediendo desde tiempos remotos, con grupos diferentes como las FARC y su acuerdo en segunda vuelta con Andrés Pastrana y en contra de Serpa, así como Uribe con las AUC en territorios bajo su control, luego recompensadas con la ley de “Justicia y Paz”. Ese tipo de preacuerdos tienen indiscutibles efectos electorales y engendran dinámicas de gobernanza criminales cada vez más inciertas, en territorios más extensos y con el consentimiento tácito y a veces hasta explícito de los principales protagonistas de la vida nacional.
Pero también con la contemporización de aquellas instituciones que deberían garantizar la realización de los comicios con plena legitimidad democrática. Una legitimidad que demanda para su existencia, al menos en su expresión electoral, que se encuentre libre de toda coacción y constreñimiento armado, pues este la viciaría de raíz. Ya no sería democrática, sino electofáctica, al afectar de manera irreversible los presupuestos existenciales para una decisión y un voto libre de la ciudadanía. Tal anomalía es mucho más que una singularidad del sistema político colombiano, como lo señalan la profesora Jenny Pearce y el profesor Juan David Velasco Montoya, en la exhaustiva y rigurosa investigación recientemente publicada bajo el título ¿Quién manda en Colombia?de la editorial Mediapluma.
La matriz de lo electofáctico
Es más bien la matriz constitutiva de un complejo y consolidado régimen político electofáctico, que tiene una especie de dependencia de la trayectoria en la existencia histórica de poderosas economías ilegales con una inmensa capacidad de mutación e inserción en toda la sociedad, empezando por su subsistema económico, continuando con el político y permeando el cultural, hasta inscribirse en la mentalidad de la inmensa mayoría de los colombianos. Para no remontarse a la noche de los tiempos, bastaría con citar la invención de la llamada “ventanilla siniestra” en el Banco de la República por el entonces presidente Alfonso López Michelsen, que fue uno de los canales expeditos para encauzar gran parte de los recursos de la llamada bonanza marimbera.
Al respecto, la lucidez realista de García Márquez lo resumió magistralmente: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Es la simbiosis perfecta de lo ilegal con lo legal que termina instaurando, a través de las elecciones, una espuria legitimidad democrática, siempre asediada, cooptada y controlada por los principales protagonistas de esas economías más o menos ilegales, que hacen su agosto financiando campañas a la Presidencia y el Congreso.
Por eso en toda coyuntura electoral se convierte en una noticia preocupante y escandalosa, como si fuera solo una responsabilidad del gobierno de turno y no una constante del régimen político, su matriz constitutiva. Una constante que se diluye y encubre bajo el fácil diagnóstico de la corrupción, palabra que atrapa y oculta todo, contra la cual dicen luchar todos los candidatos, especialmente aquellos que se disfrazan de antipolíticos y ascienden fulgurantemente en las encuestas de opinión y sondeos electorales como salvadores de la patria Abelardo De la Espriella es el mejor ejemplo y quien más cínicamente se proclama como el vocero de los que nunca han gobernado, cuando la mayor parte de su vida profesional como abogado penalista se ha dedicado a defender a los que siempre han gobernado, financiando con sus recursos procedentes de economías ilegales a los políticos profesionales.
Los que siempre han gobernado
Basta recordar el apoyo logístico que David Murcia Guzmán brindó a la campaña del referéndum de Uribe para su segunda reelección: “El fundador de DMG señaló que las aportaciones fueron para el Comité Promotor del Referendo, equipo del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U, de movimientos afines a Uribe) que realizó una campaña de recolección de firmas de respaldo a un proyecto legal que permita reelegir a Uribe en 2010. El transporte de las firmas lo hizo la firma TransVal, del mismo conglomerado de Murcia, tarea que de manera previa había sido admitida por algunos responsables del comité de referendo y fuentes de la misma transportadora”.
Y ni hablar de la penumbrosa relación de Abelardo con Alex Saab, mano derecha del gobierno de Maduro y su testaferro de confianza, de quien ahora dice “yo lo asesoré para que negociara con la DEA y entregase a Maduro. Eso es lo que debe encontrar el público cuando busque esa asociación”. Sin embargo, Abelardo, desistió de continuar una controversia judicial con el periodista Daniel Coronell para no explicar sus relaciones en el pasado con Saab, bajo el siguiente argumento leguleyo: “De la Espriella demandó a Coronell en Estados Unidos, pero retiró la acción cuando el periodista solicitó como prueba los contratos de asesoría legal de la firma durante los últimos seis años. Al desistir del proceso, el abogado declaró: “Prefiero aceptar la pérdida de una batalla ante Coronell que vivir con la deshonra de faltar a la confidencialidad a la que estoy obligado”.
Pero ahora que aspira a la Presidencia es una deshonra que no pueda explicar a toda la ciudadanía cuáles fueron sus acciones como abogado de Saab, pues está en el ámbito de lo público y en el ejercicio de la política, donde aquello que se oculta y no es transparente carece de ética. Vale la pena recordarle al exitoso penalista la siguiente reflexión de Immanuel Kant: “Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”.
¿Será por eso que en el pasado Abelardo afirmó que el derecho nada tiene que ver con la ética? En ese caso, ¿a favor de quiénes gobernaría de llegar a la Presidencia de la República? Si es a favor de sus antiguos clientes, entonces habría que agregar la élite cacocrática a las cuatro que mandan en Colombia, según Pearce y Velasco, pues no serían solo la oligárquica, la tecnocrática, la gremial y la judicial. Sobre todo, porque la cacocrática es la élite que tiene mayor capacidad transaccional, como lo ha demostrado con creces el narcotráfico y sus múltiples mutaciones en narcoeconomía, narcoterrorismo, narcopolítica y narcoguerrilla. Pero será en la próxima y última entrega sobre estas elecciones con ese pasado siempre presente y un futuro tan incierto, por no decir imperfecto, pues parece que la dependencia de la trayectoria de lo ilegal continuará siendo determinante en los resultados electorales.
EL PAÍS
