Era de madrugada y hacía rato que se escuchaba un fuerte ruido de fondo. Era como si algo viniera. Después de eso, el río se desbordó y se llevó todo a su paso. Las primeras luces de la mañana mostraron casas destruidas, escuelas dañadas, centros de salud aislados, transporte interrumpido y familias intentando salvar lo poco que les quedaba. Algunos buscaban angustiados a seres queridos que habían desaparecido.
Cada desastre parece distinto, pero todos revelan el mismo problema: el mayor costo no es el de la emergencia, sino el de haber llegado a ella sin preparación alguna
Era de madrugada y hacía rato que se escuchaba un fuerte ruido de fondo. Era como si algo viniera. Después de eso, el río se desbordó y se llevó todo a su paso. Las primeras luces de la mañana mostraron casas destruidas, escuelas dañadas, centros de salud aislados, transporte interrumpido y familias intentando salvar lo poco que les quedaba. Algunos buscaban angustiados a seres queridos que habían desaparecido.
Escenas similares a esta se están repitiendo en distintos países de América del Sur durante este nuevo fenómeno de El Niño: lluvias extremas en unas regiones, sequías persistentes en otras, violentos aludes, pérdidas agrícolas, marejadas intensas y daños crecientes en infraestructura básica. Cada desastre parece distinto, pero todos revelan el mismo problema: el mayor costo no es el de la emergencia, sino el de haber llegado a ella sin preparación alguna.
Durante décadas, nuestros gobiernos han tratado los eventos climáticos como anomalías. Se movilizan recursos cuando el incendio ya avanzó, cuando la sequía se vuelve crónica o cuando el agua entra imparable a las ciudades. Sin embargo, el cambio climático está transformando lo excepcional en recurrente y cuando el riesgo deja de ser ocasional y se vuelve permanente, la respuesta ya no puede limitarse a la protección civil: debe convertirse en un asunto de seguridad pública.
El concepto de seguridad del siglo XXI ya no se limita al control del delito y de las fronteras, poniendo a prueba la capacidad del Estado para proteger a la población frente a amenazas que paralizan ciudades, afectan abastecimiento de agua, interrumpen la energía, destruyen viviendas y erosionan severamente la economía local. Un barrio inundado durante semanas, una carretera cortada que deja comunidades aisladas o un sistema sanitario llevado al límite por eventos climáticos, son problemas de seguridad tanto como de desarrollo.
Este nuevo escenario exige un cambio de enfoque profundo. La adaptación climática no puede seguir siendo un capítulo secundario de los ministerios de medio ambiente. Debe incorporarse, de manera urgente, a la planificación urbana, a la infraestructura, a la salud pública, a la vivienda, a la gestión del agua y sobre todo, a los presupuestos nacionales.
Los países que inviertan hoy en drenajes inteligentes, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial basado en gestión del riesgo, protección de cuencas y preparación comunitaria, gastarán mucho menos que aquellos que continúen financiando reconstrucciones una y otra vez. La experiencia internacional es clara: cada dólar invertido en prevención y adaptación evita gastar muchos más en pérdidas futuras.
El problema incluso es aún más complejo. Cuando el Estado no logra proteger a las personas frente a riesgos previsibles, también se erosiona la confianza pública en las instituciones. La repetición de desastres mal gestionados alimenta la sensación de abandono, profundiza desigualdades y debilita la cohesión social. La adaptación climática no es solo una cuestión ambiental; sino que una condición de gobernabilidad democrática.
No hacernos cargo de esta inseguridad climática tiene además otro costo, menos visible, pero irreversible: la pérdida del capital natural que sostiene nuestra resiliencia. Seguimos drenando humedales, fragmentando bosques, ocupando planicies de inundación y degradando cuencas como si fueran espacios vacíos. Acto seguido, nos sorprendemos cuando las ciudades se inundan con mayor rapidez, cuando los ríos arrastran más sedimentos o cuando las sequías se vuelven más severas. La naturaleza no es un lujo paisajístico o una pretensión caviar de los ambientalistas; es pieza clave de la infraestructura que amortigua los impactos.
Los humedales almacenan agua durante las lluvias intensas y la liberan gradualmente en períodos secos. Los bosques estabilizan suelos, reducen la erosión y regulan los flujos hídricos. Los ecosistemas costeros atenúan las marejadas y protegen asentamientos humanos. Cuando estos sistemas desaparecen, el riesgo no desaparece con ellos: se traslada de manera directa a las personas y a las finanzas públicas.
Conservar el capital natural que nos queda no es oponerse al desarrollo. Es reconocer que existe una infraestructura ecológica tan esencial como una carretera, un embalse o una red eléctrica. Cada hectárea de humedal protegida puede significar menos viviendas afectadas; cada bosque conservado, menos sedimentos en embalses y menos costos en infraestructura; cada cuenca restaurada, mayor seguridad hídrica para comunidades y actividades productivas. La pregunta ya no es si podemos financiar la adaptación y la conservación, sino cuánto estamos dispuestos a seguir pagando por no hacerlo.
El fenómeno de El Niño nos está dejando una señal política que no podemos ignorar. Necesitamos construir con urgencia una nueva generación de políticas públicas que entienda que la adaptación climática es una inversión en estabilidad social y que la conservación de ecosistemas es una inversión en seguridad, resiliencia y estabilidad territorial.
La próxima emergencia climática no será una sorpresa. Los riesgos ya están a la vista y las zonas vulnerables son conocidas. Lo que falta no es información; es decisión política.
La naturaleza nos está pasando la factura y con altos intereses. Lo que aún podemos decidir es si seguiremos pagando reconstrucciones cada vez más costosas o si comenzaremos, por fin, a invertir en la resiliencia que nos permita evitar parte de esas pérdidas.
El costo de la inacción ya no se mide solo en millones de dólares, se mide en vidas humanas, en comunidades que tardan años en recuperarse, en desigualdades que se profundizan y en la capacidad misma de nuestras democracias para proteger a quienes más las necesitan.
EL PAÍS
