El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, busca imprimirle a su Gobierno un sello militar desde el primer momento. Este viernes ha solicitado al Congreso de la República que le certifique la viabilidad de desplazar la ceremonia de posesión, el 7 de agosto, a un cuartel fuera de Bogotá, donde está el tradicional recinto del Legislativo. Debido a que la Constitución exige al mandatario hacer su juramento ante el Parlamento, el abogado propone un camino para sentar el simbólico precedente de militarización: en lugar de ir él al Congreso, que los casi 300 congresistas sean quienes se trasladen a Popayán, capital del convulso departamento del Cauca, en el suroccidente del país.
El presidente entrante propone que los congresistas se trasladen fuera de la capital colombiana, para que él pueda cumplir con la obligación legal de hacer su juramento ante el Parlamento
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, busca imprimirle a su Gobierno un sello militar desde el primer momento. Este viernes ha solicitado al Congreso de la República que le certifique la viabilidad de desplazar la ceremonia de posesión, el 7 de agosto, a un cuartel fuera de Bogotá, donde está el tradicional recinto del Legislativo. Debido a que la Constitución exige al mandatario hacer su juramento ante el Parlamento, el abogado propone un camino para sentar el simbólico precedente de militarización: en lugar de ir él al Congreso, que los casi 300 congresistas sean quienes se trasladen a Popayán, capital del convulso departamento del Cauca, en el suroccidente del país.
La decisión queda en manos del próximo Congreso, que se instalará este 20 de julio. Con bancadas fragmentadas y las mayorías aún inciertas, en mano de partidos bisagra que no son ni del nuevo oficialismo de derecha ni de la ahora oposición de izquierda, el interrogante sobre lo que ocurra sigue en el aire. El Legislativo debe elegir sus mesas directivas y distribuir a sus miembros en las diferentes comisiones ese mismo día, en unas elecciones que suelen tener mucho de minucia técnica y de manejo de poderes micro, pero que cada cuatro años también sirven como termómetro de la fuerza del Ejecutivo entrante en un Congreso que es fundamental para su gobernabilidad. El deseo de De la Espriella añade otro asunto a la cargada agenda de ese día, un lunes festivo que celebra el inicio del movimiento de Independencia del país.
Por el momento, Diego González, secretario general del Senado de la República y una de las personas a quienes De la Espriella dirigió su misiva, ha adelantado que la posesión inédita tiene viabilidad jurídica. Explica que, si bien la Constitución obliga a que la ceremonia se haga ante el Congreso, el reglamento del Legislativo o Ley 5 de 1992, habilita al Parlamento para trasladar su sede temporalmente mediante un acuerdo entre las cámaras. Para ello, debe contar con la aprobación previa de cada una de las dos cámaras, contada con su mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos de los congresistas presentes. De darse, esa votación ayudaría a definir el nivel de apoyo que tendrá el jefe de Estado entrante en el Legislativo, y a marcar así el derrotero político del país, que vive una transición entre su primer gobierno de izquierda en décadas y la irrupción de una fuerza de ultraderecha.
Entre las preguntas que De la Espriella busca que el Congreso responda no solo está si es viable el traslado de su sede, sino que le especifique cuál es el quórum exigido para que el Congreso pleno pueda constituirse válidamente. El Gobierno entrante hizo énfasis en que se trata de un acto solemne que no requiere de votación ni de toma de decisiones, dejando abierta la posibilidad de que no se necesite de la presencia de todos los congresistas.
Con esta solicitud, el presidente entrante busca demostrar que está dispuesto a cumplir las promesas centrales de su campaña. Una de ellas era que instalaría su gobierno en una sede militar, como forma de ratificar su apoyo a las Fuerzas Militares. Esa inclinación es una de las marcas más fuertes de su campaña: no en vano adoptó como símbolo un saludo militar y como lema la frase “Firmes por la patria”. A ello se suman otros anuncios tras las elecciones, como el de crear bloques urbanos de seguridad —una idea aún gaseosa, que ha despertado apoyos en los principales alcaldes y críticas en una oposición que la ve como campanazo del regreso del paramilitarismo—. Su designado ministro de Defensa, el general Jorge Eduardo Mora, también ha anunciado que revivirá la unidad policial Escuadrón Móvil Antidisturbios o Esmad, condenada repetidamente por excesos en el uso de la fuerza y reemplazada por una decisión judicial y del gobierno saliente por la UNDMO, que prioriza el diálogo sobre los choques físicos.
Con la ceremonia en un cuartel en una de las ciudades más afectadas por el creciente conflicto, De la Espriella también refuerza el mensaje de que su Gobierno dejará de girar alrededor de Bogotá. De hecho, mientras sus reuniones de empalme con el Ejecutivo saliente terminaban suspendidas en medio de una crisis política con señalamientos de las dos partes, el abogado penalista iniciaba este miércoles una gira por los 32 departamentos para tener encuentros con los mandatarios locales, otro gesto de una forma de gobernar que ha prometido con insistencia.
Nacido en la capital, pero de familia del Caribe, criado en la ciudad de Montería y con residencia en Barranquilla, el presidente electo ha prometido un modelo de administración menos centralista, en el que despachará periódicamente desde distintas regiones del país. Incluso se baraja la posibilidad de que busque tener una sede alterna de Gobierno en la capital informal de la región Caribe, lo que probablemente lleve a otro debate legal y de condiciones de seguridad.
EL PAÍS
