Simeón Atz Tzutuj, agricultor de 76 años, perdió a sus tres hijas y a su esposa embarazada en un asalto del Ejército guatemalteco en Chimaltenango, una comunidad maya kakchiquel localizada a 67 kilómetros al occidente de la capital. “Llegó el soldado a mi casa y mi esposa salió. ‘¡Párate, María hija de la gran puta!’, decía. Fue en 1982. Yo lo vi de lejos. Ella salió de la casa. Aquí le dieron el balazo», dice señalando su frente. Atz Tzutuj es uno de los familiares que llegó a la inhumación al cementerio general de Pacoj, de San Martín Jilotepeque, donde el lunes fueron inhumadas 68 víctimas del conflicto armado interno que fueron asesinadas entre 1981 y 1982 en esa región.
Los restos de indígenas mayas asesinados en 1982 son hallados en una bodega en Chimaltenango para recibir la sepultura digna que el Estado guatemalteco les negó
Simeón Atz Tzutuj, agricultor de 76 años, perdió a sus tres hijas y a su esposa embarazada en un asalto del Ejército guatemalteco en Chimaltenango, una comunidad maya kakchiquel localizada a 67 kilómetros al occidente de la capital. “Llegó el soldado a mi casa y mi esposa salió. ‘¡Párate, María hija de la gran puta!’, decía. Fue en 1982. Yo lo vi de lejos. Ella salió de la casa. Aquí le dieron el balazo», dice señalando su frente. Atz Tzutuj es uno de los familiares que llegó a la inhumación al cementerio general de Pacoj, de San Martín Jilotepeque, donde el lunes fueron inhumadas 68 víctimas del conflicto armado interno que fueron asesinadas entre 1981 y 1982 en esa región.
La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) organizaron la inhumación de los cadáveres 44 años después de la masacre. Los restos de los fallecidos, en su mayoría hombres, estaban en pequeños féretros de madera y otros en bolsas plásticas transparentes, apilados dentro de una pequeña bóveda. Llevaban así 20 años, hasta que las dos organizaciones, cansadas de que el Estado no cumpliera con sus promesas, pidieron ayuda internacional y junto con apoyo de familiares lograron construir nichos individuales. “Hemos reconstruido las cajas que estaban mal, las hemos reemplazado. Hemos agrupado a las familias. Ahora están codificados y cada uno va a tener su plaqueta y una placa general de todas las personas”, afirma José Silvio Tay, asesor de la junta directiva de AJR.
Esta es la segunda inhumación que se realiza en Chimaltenango, tras la organizada en 2018, cuando 172 osamentas fueron recuperadas del destacamento militar de San Juan Comalapa, ahora convertido en el Memorial Paisajes de la Memoria. Tay cuenta que los municipios de San Martín Jilotepeque, Poaquil y Comalapa, todos pertenecientes a Chimaltenango, fueron los que más muertos tuvieron en el lugar durante la guerra civil que duró 36 años (1960-1996).
El llamado conflicto armado interno en Guatemala dejó una profunda cicatriz en la historia del país. El pasaje más oscuro de esta conflagración se vivió en la década de los ochenta, cuando el Estado guatemalteco implementó una feroz estrategia de “tierra arrasada” en las regiones occidentales del país. Esta política contrasubversiva se cebó con saña sobre la población civil y de manera sistemática contra las comunidades indígenas de origen maya.
La firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996 puso fin a las hostilidades, pero abrió un complejo y todavía inconcluso proceso de memoria, justicia y reparación. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la guerra dejó un saldo de más de 200.000 muertos y desaparecidos, atribuyendo más del 90% de las violaciones de derechos humanos a las fuerzas estatales y paramilitares, y calificando las masacres en territorio maya como actos de genocidio.
El Ejército bajo el mando del entonces presidente Fernando Romeo Lucas García irrumpió en San Martín Jilotepeque el 12 de febrero de 1982 y ejecutó a decenas de hombres, mujeres y niños. García fue derrocado el mes siguiente por el general golpista Efraín Ríos Montt. “Eso pasó un día viernes. Mis hermanos, que estaban pequeños, trataron la manera de defenderse. Unos se envolvieron en las chamarras. Otros se metieron debajo de la cama, pero el Ejército no tuvo lástima y terminó con ellos. Solo mi madre sobrevivió. Ella fue la que nos dio toda la información”, contó Cleto Martín Yool, agricultor de 65 años.
Ese día de febrero varios miembros de la familia Martín Yool y otras más de la comunidad fueron sacados de sus viviendas y ejecutados en grupo. Su madre tuvo que hacerse la muerta en el suelo para sobrevivir. Cleto se salvó porque trabajaba en los cortes de caña de azúcar al sur del país. El fin de semana que regresó del trabajo recibió la noticia de que sus hermanos y tíos habían muerto.
Él también llegó el lunes al cementerio para acompañar el traslado de 11 de sus familiares. “Me siento feliz de que por fin podamos ponerles una velita y rezar a cada uno de nuestros familiares por separado, eso será una ventaja. Esta fue una lucha de mi finado padre por el resarcimiento y nunca lo cumplieron hasta que AJR se empeñó en lograrlo”, comenta Martín Yool.
A pesar de las denuncias e investigaciones nacionales e internacionales por violaciones a derechos humanos, Lucas García nunca fue juzgado. Su hermano, Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército entre 1981-1982 fue detenido en 2016 acusado de desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad. En 2018 fue condenado a 58 años de prisión por el caso Molina Theissen. En 2024 comenzó un debate por el juicio de genocidio ixil en su contra, pero este no llegó a sentencia. Ríos Montt, fallecido en 2018, fue condenado por genocidio. Durante su mandato, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, se registraron masacres en las que fueron asesinados miles de mayas de la etnia Ixil.
La inhumación en el cementerio inició a las nueve de la mañana con la presencia de familiares y organizaciones de derechos humanos. Comenzó con un acto religioso, seguido de la apertura de la bóveda. Los ataúdes fueron trasladados uno a uno y de mano en mano hasta los nichos. La actividad durará al menos un día más. AJR tiene programado celebrar el próximo 15 de julio la entrega oficial de los nichos con otro acto en el que invitarán a toda la comunidad.
Byron García, consultor del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), explica que la comunidad pasó varios años pidiendo “dignificación” para sus muertos y que entre 1998 y 2020 se realizaron varias exhumaciones, pero muchos de los cuerpos fueron colocados en cajas de cartón que con el tiempo comenzaron a descomponerse. Durante la administración de la exfiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, muchos casos que buscaban enjuiciar a los militares acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la guerra interna quedaron suspendidos.
La comunidad exige que estos casos se esclarezcan. Aunque tienen un camino largo por recorrer porque ya muchos de los testigos han fallecido, quieren que los familiares de las víctimas se unan para presentar un expediente más completo ante la fiscalía de Derechos Humanos.
“San Martín Jilotepeque era un pueblo en el que se estaban desarrollando las cooperativas en esa época, trabajando en la recuperación de suelos, el manejo del agua y esto coincidió con la época del conflicto armado. Pensaron que eran trincheras y que la gente estaba organizada para ser guerrillera. Aunque en este pueblo hubo muchos jóvenes que sí se fueron a la guerrilla”, explicó Tay.
Teodoro Atz Tzutuj, de 70 años y hermano de Simeón, no borra de su memoria el horror sufrido por su familia. “Estaba yo cortando un pino, cortándole las ramas y escuché los disparos. Pensé que eran cohetes, pero no era tiempo para eso. Me vine para arriba a buscar a mi familia y mataron a la esposa de mi hermano y a dos de mis hijos”, cuenta. Ahora dice sentirse feliz, porque sus familiares pueden, por fin, descansar en nicho digno donde los puede visitar.
EL PAÍS
