El Gobierno argentino autorizó la extradición de Serkan Kurtulus, un ciudadano turco acusado de liderar una organización mafiosa en su país. Preso en Argentina desde 2020, había solicitado refugio por considerar que su vida correría riesgo si regresaba a Turquía debido a la información que asegura poseer, en un contexto marcado por las denuncias de organismos internacionales sobre el deterioro de las garantías del Estado de derecho en ese país. Kurtulus afirma haber actuado como sicario para el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan y que puede dar testimonio sobre supuestos vínculos entre el crimen organizado y el entorno del mandatario.
El hombre había solicitado refugio en el país y asegura que su vida corre riesgo si regresa a Turquía
El Gobierno argentino autorizó la extradición de Serkan Kurtulus, un ciudadano turco acusado de liderar una organización mafiosa en su país. Preso en Argentina desde 2020, había solicitado refugio por considerar que su vida correría riesgo si regresaba a Turquía debido a la información que asegura poseer, en un contexto marcado por las denuncias de organismos internacionales sobre el deterioro de las garantías del Estado de derecho en ese país. Kurtulus afirma haber actuado como sicario para el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan y que puede dar testimonio sobre supuestos vínculos entre el crimen organizado y el entorno del mandatario.
Kurtulus fue detenido en junio de 2020 mientras caminaba por el exclusivo barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires. Desde entonces permanece alojado en el penal de Ezeiza, en el conurbano de la ciudad. Habría ingresado al país con documentación falsa, pese a que sobre él ya pesaba una notificación roja de Interpol por crímenes presuntamente cometidos entre 2016 y 2017. Concretamente, se lo acusa de liderar una organización sobre la que pesan los delitos de homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de armas.
El hombre solicitó ser reconocido como refugiado político en Argentina, pero el pedido fue rechazado por la Comisión Nacional para los Refugiados en 2021. Sin éxito con ese recurso, recorrió todas las vías judiciales para permanecer en el país hasta llegar a la Corte Suprema, que en 2023 determinó que la extradición era procedente, aunque condicionó su ejecución a que Turquía garantizara la integridad física de Kurtulus. Saldada la vía judicial, la decisión quedó en manos del Poder Ejecutivo, que esta semana resolvió avanzar con la extradición. La Cancillería argentina dispuso su entrega y las oficinas de Interpol en ambos países deberán definir ahora los detalles del traslado.
Kurtulus sostiene que su vida corre peligro por la información que asegura poseer. Afirma conocer en detalle supuestos vínculos entre el Gobierno de Erdogan y grupos terroristas y que dirigentes del oficialismo turco le encomendaron asesinar a opositores y periodistas. Una de las personas que le habrían ordenado matar se ha convertido, paradójicamente, en uno de los principales defensores de su vida. Se trata de Can Dündar, un periodista turco exiliado en Alemania que en 2020 fue condenado por un tribunal de Turquía a 27 años y medio de prisión por haber publicado, cuando dirigía el prestigioso diario opositor Cumhuriyet, lo que era considerado un secreto de Estado: el envío de armas a los rebeldes sirios por parte del Gobierno turco, en contravención de las normas nacionales e internacionales.
“Resulta curioso que yo ahora esté intentando salvar la vida de quien podría ser mi asesino; pero se trata de un denunciante de gran importancia, cuyos conocimientos y archivos podrían ayudar a esclarecer muchos rincones oscuros de la historia de Turquía”, le dijo Dündar al periodista Hugo Alconada Mon. Dündar cree que, en su país, a Kurtulus le espera “la tortura e incluso la muerte”.
La extradición de Kurtulus se produce en un contexto de persistentes cuestionamientos internacionales a la situación de los derechos humanos en Turquía. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian desde hace años el deterioro de la independencia judicial, la persecución de opositores, periodistas, abogados y activistas y las restricciones a las libertades de expresión. También el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han reprochado al Gobierno de Erdogan el incumplimiento de sentencias internacionales y el uso extensivo de la legislación antiterrorista para procesar a personas críticas, un escenario que alimenta los cuestionamientos sobre las garantías judiciales en el país.
En diálogo con periodistas locales, Kurtulus afirma haber trabajado como agente secreto del Gobierno turco y sostiene que el partido oficialista, conocido por sus siglas AKP, le ordenó asesinar al pastor evangélico estadounidense Andrew Brunson —cuya detención provocó una grave crisis diplomática entre Ankara y Washington—, así como al periodista Can Dündar. Según su versión, se negó a cumplir esos encargos y allí comenzó su búsqueda de refugio en otros países. Primero se trasladó a Georgia y, tras pasar por distintos países, recaló en Argentina.
En las últimas horas, Kurtulus puso en marcha su última estrategia para evitar ser extraditado. Según informó el portal Infobae, iniciará una huelga de hambre —una medida a la que ya había recurrido antes para visibilizar su caso— con el objetivo de protestar contra la decisión e intentar demorar su traslado alegando razones de salud.
El caso tiene como antecedente reciente el del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, cuya extradición fue impulsada este año por Milei tras más de dos décadas de litigios. Apablaza, acusado en Chile de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, había obtenido el estatus de refugiado político en Argentina en 2004, beneficio que fue revocado por la Justicia en febrero de 2026. Cuando las autoridades argentinas intentaron detenerlo para concretar su envío a Chile, el operativo fracasó porque el exguerrillero no se encontraba en su domicilio. Desde entonces, permanece prófugo.
EL PAÍS
