Colombia cerró oficialmente su conflicto con las FARC en 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz y cerca de 13.000 combatientes entregaron las armas. Pero la violencia nunca cesó del todo. Durante los gobiernos de Iván Duque y de Gustavo Petro, fue regresando a zonas cada vez más amplias del territorio. Y una reciente decisión de la justicia transicional, pactada justamente en ese acuerdo, la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, recuerda algo incómodo: buena parte de las denuncias actuales sobre abusos de grupos armados calcan patrones que se repitieron por décadas.
Una extensa imputación contra 27 antiguos cabecillas de la extinta guerrilla muestra, entre otras, unas formas de gobernanza criminal que aún afectan al suroriente de Colombia
Colombia cerró oficialmente su conflicto con las FARC en 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz y cerca de 13.000 combatientes entregaron las armas. Pero la violencia nunca cesó del todo. Durante los gobiernos de Iván Duque y de Gustavo Petro, fue regresando a zonas cada vez más amplias del territorio. Y una reciente decisión de la justicia transicional, pactada justamente en ese acuerdo, la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, recuerda algo incómodo: buena parte de las denuncias actuales sobre abusos de grupos armados calcan patrones que se repitieron por décadas.
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