El Gobierno de José Antonio Kast ha ingresado este lunes al Senado ocho reformas constitucionales, en el marco de su agenda para combatir la delincuencia más dura. Entre las medidas figura una propuesta, que deberá ser regulada por ley en el Congreso, para retirar beneficios sociales estatales —en materia de seguridad social, educación y salud— a personas condenadas por delitos de crimen organizado y terrorismo. La iniciativa plantea, por ejemplo, restringir el acceso a estas prestaciones, salvo en casos de cirugías de urgencia o de enfermedades que representen un riesgo para la salud pública e impedir que reciban becas educativas.
El Gobierno pretende que a través de una ley los reos queden privados algunas prestaciones sociales aunque, según el presidente, recibirán “los medicamentos que correspondan” y “nadie le va a faltar la salud de emergencia”
El Gobierno de José Antonio Kast ha ingresado este lunes al Senado ocho reformas constitucionales, en el marco de su agenda para combatir la delincuencia más dura. Entre las medidas figura una propuesta, que deberá ser regulada por ley en el Congreso, para retirar beneficios sociales estatales —en materia de seguridad social, educación y salud— a personas condenadas por delitos de crimen organizado y terrorismo. La iniciativa plantea, por ejemplo, restringir el acceso a estas prestaciones, salvo en casos de cirugías de urgencia o de enfermedades que representen un riesgo para la salud pública e impedir que reciban becas educativas.
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