El presidente José Antonio Kast ha contradicho este lunes lo señalado en el borrador de su reforma constitucional en seguridad y aseguró que no se eliminarán los derechos de salud de los condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. En una entrevista con Radio Duna, el mandatario defendió que el proyecto preliminar, criticado por voces de su propio sector, busca endurecer las penas a los condenados por delitos de alta gravedad. “Nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero queremos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan penas duras”, planteó sobre la inciativa cuyo texto definitivo se conocerá mañana a las 16.00 horas.
El mandatario contradice el contenido del borrador de la reforma constitucional en materia de seguridad, que se presentará este martes
El presidente José Antonio Kast ha contradicho este lunes lo señalado en el borrador de su reforma constitucional en seguridad y aseguró que no se eliminarán los derechos de salud de los condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. En una entrevista con Radio Duna, el mandatario defendió que el proyecto preliminar, criticado por voces de su propio sector, busca endurecer las penas a los condenados por delitos de alta gravedad. “Nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero queremos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan penas duras”, planteó sobre la inciativa cuyo texto definitivo se conocerá mañana a las 16.00 horas.
La controversia se originó por un borrador de la reforma que incorpora un nuevo artículo 9° bis a la Constitución, filtrado desde el propio Gobierno. La norma inhabilita a los condenados por crimen organizado, conductas terroristas y narcotráfico poder acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales vinculada a los derechos de salud, educación, libertad de trabajo y seguridad social durante el cumplimiento de la condena y por 15 años después de esta. Quienes ya estuvieran recibiendo alguno de esos beneficios sociales al momento de la condena, agrega el borrador, “las perderán de pleno derecho”. La suspensión de las prestaciones se extendería a las medidas alternativas a la privación de libertad y a la libertad condicional. La iniciativa forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el paquete de seguridad que Kast ha convertido en el eje de su gestión tras sacar adelante la megarreforma económica.
Las críticas a dicha medida del borrador no se han limitado a la oposición de izquierda. El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, del oficialismo, advirtió el domingo en La Tercera que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. A ese rechazo se sumó el de Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), de corte populista y que no forma parte del Gobierno, quien descartó que su formación respalde la iniciativa. Ambos partidos son clave para que el Ejecutivo logre aprobar la reforma constitucional, que requiere un quórum de cuatro séptimos. El oficialismo cuenta con 76 diputados, por lo que debe sumar 13 votos, mientras que en el Senado, donde cuenta con 26 escaños, necesitará al menos tres apoyos externos.
Consultado por las críticas de su sector al borrador, Kast aseguró que se van a “respetar los derechos de salud de cada persona” y que a “nadie le va a faltar la salud de emergencia”. Además, el mandatario sostuvo que los condenados por delitos graves recibirán “techo, comida” y “los medicamentos que correspondan” dentro de un régimen de aislamiento. Consultado sobre si estas restricciones alcanzarían también a violadores, homicidas o pedófilos, Kast diferenció: “Los del crimen organizado son personas que, con la sola pertenencia a una organización criminal, ya se les sindica como que están cometiendo un delito”, mientras que en el caso del homicidio “serán los tribunales los que le apliquen una sanción”.
La nueva versión filtrada por La Tercera este domingo. incluye la misma sanción a los condenados por narcotráfico y terrorismo. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, llamó este lunes “a la calma” y remarcó que la Constitución “se ha modificado un par de veces al año por materias de seguridad”.
La postura de Ramírez recibió el respaldo del senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, aunque otras figuras de UDI, como el senador Iván Moreira, han pedido no anticipar un rechazo antes de conocer el texto definitivo. Kast intentó restarle dramatismo a los reparos de Ramírez. “Es una cuestión muy apresurada decir que no cuenta con los votos, porque la reforma se dará cuenta mañana y frente a ese texto tendrán que tomar una definición”. El mandatario insistió en que el dirigente gremialista se pronunció sobre un borrador y no sobre el documento final, y que “cada vez que hemos levantado algún tema relevante se produce un debate, y yo creo que el debate es muy bueno porque van apareciendo todas las inquietudes, los planteamientos de los distintos sectores políticos, y eso es lo que entra luego a un debate legislativo”.
El senador independiente Matías Walker, uno de los votos considerados clave para el Gobierno en el Senado, escribió en X que no contarán con su apoyo para “esta locura”. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, lo acusó de mostrar “condescendencia con quienes secuestraron, asesinaron y mutilaron”. Tampoco tienen garantizado el respaldo del Partido Nacional Libertario (PNL), de ultraderecha, que no forma parte del oficialismo. El presidente de la formación, Johannes Kaiser, condicionó su apoyo a mayores garantías, entre ellas, resolver el tema de los indultos. Por su parte, Parisi planteó que buena parte de las medidas podrían aplicarse por la vía reglamentaria —citó el Decreto Supremo 518, que regula los recintos penitenciarios— sin necesidad de modificar la Constitución.
La ofensiva legislativa de Kast en seguridad llega cuando el 55% de los chilenos desaprueba la gestión del mandatario y el 54% considera que su desempeño en seguridad ha sido peor de lo esperado, frente a un 19% que lo valora mejor, según la encuesta de Criteria publicada este domingo. La seguridad fue la principal promesa de campaña de Kast, quien prometió instalar un “Gobierno de emergencia” y, en los cinco meses que lleva en La Moneda, el despliegue se ha apoyado en operativos policiales de alto perfil, como el traslado de cientos de reclusos de alta peligrosidad a la cárcel de La Laguna, cerca de Talca, en la denominada Operación Cancerbero.
EL PAÍS
