Una jueza de Estados Unidos ha determinado que el próximo 1 de junio se lleve a cabo la audiencia inicial de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La comparecencia del exfuncionario está programada para efectuarse al mediodía, ha ordenado la jueza Katherine Polk, de acuerdo con documentos judiciales de los tribunales de Estados Unidos. Mérida, acusado por Washington de presuntamente colaborar con el Cartel de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo.
El exfuncionario, acusado por Washington de colaborar con el Cartel de Sinaloa, se entregó a las autoridades de ese país el pasado 11 de mayo
Una jueza de Estados Unidos ha determinado que el próximo 1 de junio se lleve a cabo la audiencia inicial de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La comparecencia del exfuncionario está programada para efectuarse al mediodía, ha ordenado la jueza Katherine Polk, de acuerdo con documentos judiciales de los tribunales de Estados Unidos. Mérida, acusado por Washington de presuntamente colaborar con el Cartel de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo.
Días después de su arresto en Arizona, el 15 de mayo, Mérida Sánchez compareció ante la justicia estadounidense y se declaró no culpable de las acusaciones de conspiración para traficar drogas y posesión de armas ilícitas, según se desprende de los documentos judiciales. Washington atribuye los mismos cargos al gobernador Rocha (que ya ha solicitado licencia al cargo, para ser investigado en México) y a otros ocho funcionarios y exfunxionarios. Concretamente, EE UU les acusa de coludirse con el Cartel de Sinaloa para encubrir sus negocios y crímenes, a cambio de ayuda para perpetuarse en el poder.
Según la acusación de la Fiscalía de EE UU, lanzada a finales de abril, Mérida, un general retirado que comandó la Policía Estatal entre 2023 y 2024, jugó un rol crucial en la red de corrupción —de la que el gobernador era presuntamente la cabeza— que facilitó el imperio del Cartel de Sinaloa. El expediente, radicado en una corte de Nueva York, afirma que Mérida filtraba información a Los Chapitos, facción liderada por los hijos del Chapo Guzmán, sobre operativos de las fuerzas de seguridad dirigidos contra narcolaboratorios, a fin de que los capos pudieran mover equipos y drogas con anticipación. A cambio, según la acusación, el exfuncionario recibió sobornos de más de 100.000 dólares mensuales en efectivo (sumando unos 1,7 millones de pesos).
La ofensiva de la Administración de Donald Trump, escudada tras el discurso del combate a los carteles de la droga y las redes de la narcopolítica que los apoyan, avanza en los tribunales de EE UU pese a la resistencia de México, que ve detrás de esas maniobras un acto de injerencia extranjera y una violación a su soberanía. Eso sin contar el daño que implicaría para la reputación del Gobierno de Claudia Sheinbaum admitir, o siquiera insinuar, que un gobernante de su propio partido, Morena, está vinculado al crimen organizado, y, además, que todo ello sucedió en las narices de las autoridades mexicanas.
Washington aprieta sin embargo la pinza. Además de Mérida Sánchez, otro excolaborador del gobernador Rocha, Enrique Díaz Vega, que fue su secretario de Finanzas, negocia un salvoconducto con el Gobierno de Trump, y se espera que pronto comparezca ante los tribunales de ese país. Díaz Vega, un empresario convertido en servidor público en el Gobierno de Rocha, es acusado por Washington de ser el puente entre el mandatario y los líderes de Los Chapitos. El expediente señala que, en el marco de las elecciones de 2021 para la gubernatura, Díaz Vega entregó a Los Chapitos un listado con los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha para que fuesen a amenazarlos y obligarlos a retirarse de la contienda. Ya en el sexenio de Rocha, supuestamente, Díaz Vega colocó en el Gobierno a funcionarios al servicio del cartel.
Aunque Mérida y Díaz Vega se han declarado no culpables de las acusaciones, su entrega voluntaria a las autoridades de EE UU implica que pueden colaborar con la Justicia aportando información sobre la trama, lo que podría oscurecer el horizonte de los otros implicados, incluido Rocha. El gobernador y otros cuatro coacusados acudieron esta semana a la Fiscalía mexicana a rendir su declaración. Sheinbaum insiste en que, de momento, ninguno está imputado de algún delito, sino que se trata de meras entrevistas protocolarias.
EL PAÍS
