Colombia ha demostrado, una vez más, que posee una democracia sólida, participativa y respaldada por una amplia estructura institucional y ciudadana que brinda garantías a todos los actores políticos. El proceso electoral colombiano no depende de una sola entidad; por el contrario, es una construcción colectiva en la que participan cientos de miles de ciudadanos e instituciones comprometidas con la transparencia y la legitimidad de las elecciones.
No existe ninguna razón objetiva para sembrar dudas generalizadas sobre un sistema electoral que ha sido puesto a prueba de manera constante
Colombia ha demostrado, una vez más, que posee una democracia sólida, participativa y respaldada por una amplia estructura institucional y ciudadana que brinda garantías a todos los actores políticos. El proceso electoral colombiano no depende de una sola entidad; por el contrario, es una construcción colectiva en la que participan cientos de miles de ciudadanos e instituciones comprometidas con la transparencia y la legitimidad de las elecciones.
Cada jornada electoral moviliza una de las operaciones democráticas más grandes y complejas de América Latina. Cerca de 860.000 jurados de votación cumplen la tarea fundamental de atender las mesas, contar los votos y diligenciar las actas electorales. A ello se suman más de 9.300 jueces y notarios que integran las comisiones escrutadoras y tienen la responsabilidad constitucional y legal de declarar oficialmente los resultados en todos los municipios del país.
Igualmente participan alrededor de 800.000 testigos electorales acreditados por las campañas y movimientos políticos, quienes ejercen vigilancia permanente sobre cada una de las etapas del proceso. A esta estructura se incorporan los funcionarios operativos de la Registraduría, encargados de garantizar la organización y el adecuado funcionamiento de las elecciones en cada rincón del territorio nacional. Este 31 de mayo 41,4 millones de Colombianos están citados para elegir su próximo jefe de estado.
El sistema electoral colombiano también cuenta con la presencia activa de todas las autoridades de control y vigilancia del Estado. La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, entre otros, ejercen funciones permanentes de acompañamiento y supervisión. De igual manera, cientos de observadores nacionales e internacionales participan en cada elección como garantía adicional de transparencia, neutralidad y confianza pública.
La experiencia reciente confirma la fortaleza del sistema. La jornada electoral del pasado 8 de marzo, en la que cerca de 20 millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir el Congreso de la República, fue ampliamente reconocida como un ejercicio democrático organizado, transparente y eficiente. Las distintas misiones de observación internacional —Unión Europea, Instituto Carter, Transparencia y la Mision de Observación Electoral— destacaron el comportamiento cívico de los ciudadanos, la capacidad institucional del Estado y el compromiso del país con la democracia y la participación política.
Uno de los aspectos más destacados del modelo colombiano es la rapidez y confiabilidad en la divulgación de los resultados preliminares. El preconteo electoral en Colombia es uno de los más ágiles del continente y, además, uno de los más robustos técnicamente. Su solidez se fundamenta en más de 360.000 actas electorales provenientes de las cerca de 122.000 mesas instaladas en todo el territorio nacional. Cada resultado divulgado corresponde al reporte elaborado por ciudadanos en las mesas de votación y es susceptible de verificación por partidos, testigos, autoridades y organismos de observación.
No existe, por tanto, ninguna razón objetiva para sembrar dudas generalizadas sobre un sistema electoral que ha sido puesto a prueba de manera constante. Solo en los últimos dos años Colombia ha realizado cerca de 30 procesos electorales entre elecciones atípicas, consultas y demás mecanismos de participación democrática, todos desarrollados con plenas garantías institucionales y reconocimiento nacional e internacional.
Por supuesto, como ocurre en cualquier democracia del mundo, el sistema es susceptible de ajustes y mejoras permanentes. Sin embargo, una cosa es promover reformas y fortalecer las instituciones, y otra muy distinta es instrumentalizar políticamente a las autoridades electorales o deslegitimar sin fundamento el proceso democrático. Ese tipo de discursos producen un enorme daño institucional, debilitan la confianza ciudadana y envían un mensaje equivocado tanto al país como a la comunidad internacional.
Hoy más que nunca Colombia necesita unidad, serenidad y responsabilidad institucional. El país debe enviarle al mundo un mensaje claro: que, pese a su triste historia de violencia y polarización, es una nación capaz de resolver sus diferencias dentro del marco democrático, mediante el voto libre y el respeto a las instituciones. La fortaleza de nuestra democracia radica precisamente en la participación ciudadana, en la vigilancia colectiva y en la capacidad del Estado y de la sociedad para garantizar elecciones transparentes, confiables y legítimas.
EL PAÍS
