Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), Lourdes Palacios, dijo en una entrevista en la YSUCA que continuarán rechazando las vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad; sobre todo, en un contexto en el cual el régimen de excepción se …
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La vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), Lourdes Palacios, dijo en una entrevista en la YSUCA que continuarán rechazando las vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad; sobre todo, en un contexto en el cual el régimen de excepción se ha utilizado de forma arbitraria y hay víctimas inocentes bajo custodia del Estado.
Para Palacios, El Salvador ha incumplido con estándares internacionales mínimos del respeto a la dignidad humana, como lo son las Reglas Nelson Mandela, que se convirtieron en un estándar internacional para orientar a los países integrantes de la ONU en la implementación de normas para el tratamiento de las personas encarceladas.
Dado que el país es un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, debería cumplir con dichas normas. Sin embargo, aseguró que en El Salvador las personas encarceladas son tratadas de manera arbitraria.
Las Reglas Mandela prohíben los tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero, para Palacios, “en el caso de El Salvador hemos visto, durante estos cuatro años, que estas normas no se respetan”. Agregó que hay evidencia sobre testimonios de personas privadas de libertad que han sido sometidas a castigos y tratos crueles.
Asimismo, señaló que las 122 reglas parten del principio de que toda persona privada de libertad mantiene su dignidad y, por consiguiente, sus derechos humanos.
Como ejemplo puso el caso de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth López, quien fue intervenida quirúrgicamente sin que se informara a sus familiares y a quienes se les ha negado información sobre resultados médicos, pese que las normas internacionales establecen el derecho a las personas privadas de libertad a acceder a sus expedientes.
Otra de las vulneraciones denunciadas por la vocera de COFAPPES es que muchas personas permanecen bajo custodia del Estado en las cárceles salvadoreñas sin una sentencia firme. Señaló que las Reglas Nelson Mandela establecen que las personas que aún no han sido condenadas deben recibir un trato diferenciado, “en respeto al principio de presunción de inocencia”.
Palacios también cuestionó que El Salvador mantenga una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo y sostuvo que las Reglas Nelson Mandela establecen la necesidad de separar a las personas menores de edad de los adultos privados de libertad. Además, denunció que el sistema carcelario está desbordado con un 336 % de su capacidad, mientras que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) tendría una ocupación del 36 %.
Esta semana, Amnistía Internacional presentó su informe “Seguridad sin derechos”, donde aborda el impacto de las detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción y la violación del debido proceso ante posibles cometimientos de crímenes de lesa humanidad en El Salvador.
La organización detalló que, a más de cuatro años de haberse implementado el régimen de excepción, se ha detenido a más de 90 mil personas y al menos 470 han muerto bajo custodia del Estado.
A juicio de Amnistía Internacional, el régimen de excepción “se ha convertido en un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
“Miles de familias continúan buscando respuestas sobre el paradero, la salud o la situación jurídica de sus seres queridos”, señaló la instancia internacional.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, dijo que “el derecho y deber de todo Estado es proteger a su población frente a la violencia criminal; pero, precisamente porque la seguridad es una obligación del Estado, también lo es respetar los límites que impone el derecho internacional”.
Asimismo, Piquer agregó que “combatir el crimen nunca autoriza cometer a su vez crímenes ni graves violaciones a derechos humanos”.
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