Saúl Méndez Colaborador El economista y representante de los afectados por el caso COSAVI, Juan José Ortiz, cuestionó el mecanismo de devolución de dinero anunciado por la Fiscalía General de la República (FGR) para los clientes de Credicash, al señalar que las autoridades estarían descontando, del capital invertido, los intereses que algunos ahorrantes ya habían …
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Saúl Méndez
Colaborador
El economista y representante de los afectados por el caso COSAVI, Juan José Ortiz, cuestionó el mecanismo de devolución de dinero anunciado por la Fiscalía General de la República (FGR) para los clientes de Credicash, al señalar que las autoridades estarían descontando, del capital invertido, los intereses que algunos ahorrantes ya habían ganado antes de la intervención de la financiera chalateca.
«Si una persona invirtió $5,000 y durante ese tiempo recibió $2,000 en intereses, la Fiscalía únicamente le entrega el complemento, es decir, $3,000», denunció Ortiz.
Esta denuncia surge en el contexto del anuncio realizado por el fiscal general, Rodolfo Delgado, sobre el inicio de una primera etapa de devolución de dinero para clientes de Credicash con depósitos de hasta $5,000. Según explicó, esta fase beneficia únicamente a 212 personas que mantenían ese monto o menos en la oficina de la financiera ubicada en Chalatenango.
De acuerdo con el representante de los afectados por COSAVI, varios clientes de Credicash han denunciado que, al presentarse a retirar el dinero, la Fiscalía consulta la base de datos de la institución para determinar los intereses que recibieron previamente y descuenta ese monto de la devolución del capital.
El economista sostuvo que esta situación presenta similitudes con el proceso de devolución aplicado a los ahorrantes de COSAVI, aunque con diferencias en la forma de calcular los montos.
«En Credit Cash les pagaron los intereses, pero ahora les están descontando una parte del capital. En COSAVI ocurre lo contrario: nos están devolviendo el capital original, pero nos están privando de los intereses que ese capital generó», expresó.
Para Ortiz, ambos procedimientos responden a un mismo mecanismo que calificó como «abusivo, arbitrario e ilegal», al considerar que las instituciones del Estado están aplicando criterios que afectan el patrimonio de los afectados en ambos casos.
Aseguró que el inicio de las devoluciones en Credicash también tendría un componente político, ya que ocurren a pocos meses de las elecciones generales del 2027.
«Nuevamente entra en juego la variable electoral. Se busca que las personas afectadas por Credit Cash crean que el proceso de devolución del dinero ya comenzó, precisamente cuando faltan ocho meses para las elecciones», manifestó.
Ortiz también prevee que el fiscal general podría anunciar nuevas etapas de devolución, al igual que ocurrió con el proceso impulsado por la Superintendencia del Sistema Financiero en el caso COSAVI.
«El objetivo sería llegar a febrero proyectando la idea de que se están resolviendo problemas tan graves y emblemáticos como los casos de COSAVI y CrediCash, los cuales han impactado la economía del país», señaló.
El pasado 15 de junio de 2026, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, anunció el inicio de la primera etapa de devolución de dinero para clientes de Credicash, entidad financiera de Chalatenango que fue intervenida el 13 de marzo de este año por presuntas irregularidades.
Según Delgado, la Fiscalía ha atendido a 8,834 personas con algún tipo de vínculo con la institución; sin embargo, en esta primera fase únicamente serán beneficiadas 212 personas con depósitos de hasta $5,000, siempre que hayan presentado la denuncia correspondiente, completado la documentación requerida y superado el proceso de validación que realiza la institución bajo supervisión judicial.
Antecedentes
El viernes 13 de marzo de 2026, la Fisalía General de la República intervine las sedes de Credicas, en Chalatenango, y allana la vivienda de su principal propietario, Gerson Adriel Orellana Ayala
Según la Fiscalía con el operativo se reveló una estructura que operaba bajo un esquema piramidal (estafa) y captación ilegal de fondos, habiendo movido más de $51 millones sin respaldo económico. Ese día, las autoridades retiron cerca de 35 millones de dólares en efectivo de la financiera y de la casa de Orellana Ayala.
Según la investigación, el mecanismo consistía en prometer altos rendimientos sin riesgo, generando confianza entre las víctimas. “Ese dinero que se paga como ‘ganancia’ no proviene de ningún negocio real… sale de otras personas que van entrando después”, explicó el fiscal.
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