La encuesta Cadem ha revelado este jueves que el 58% de los consultados por el sondeo está en desacuerdo que el estado de excepción constitucional de seguridad pública que ha propuesto el Gobierno de José Antonio pueda ser decretado únicamente por el presidente de la República, mientras que un 37% está a a favor. La medida, que contempla severas restricciones a las libertades, es parte de la agenda del Ejecutivo contra el crimen organizado y el terrorismo, y da amplias atribuciones a la figura del mandatario: lo puede decretar sin pasar por el Congreso, primero por 120 días y luego prorrogarlo por otros 120. Y en adelante puede seguir alargándolo con el acuerdo del Parlamento.
La encuesta Cadem ha revelado este jueves que el 58% de los consultados por el sondeo está en desacuerdo que el estado de excepción constitucional de seguridad pública que ha propuesto el Gobierno de José Antonio pueda ser decretado únicamente por el presidente de la República, mientras que un 37% está a a favor. La medida, que contempla severas restricciones a las libertades, es parte de la agenda del Ejecutivo contra el crimen organizado y el terrorismo, y da amplias atribuciones a la figura del mandatario: lo puede decretar sin pasar por el Congreso, primero por 120 días y luego prorrogarlo por otros 120. Y en adelante puede seguir alargándolo con el acuerdo del Parlamento. Seguir leyendo
La encuesta Cadem ha revelado este jueves que el 58% de los consultados por el sondeo está en desacuerdo que el estado de excepción constitucional de seguridad pública que ha propuesto el Gobierno de José Antonio pueda ser decretado únicamente por el presidente de la República, mientras que un 37% está a a favor. La medida, que contempla severas restricciones a las libertades, es parte de la agenda del Ejecutivo contra el crimen organizado y el terrorismo, y da amplias atribuciones a la figura del mandatario: lo puede decretar sin pasar por el Congreso, primero por 120 días y luego prorrogarlo por otros 120. Y en adelante puede seguir alargándolo con el acuerdo del Parlamento.
Según Cadem, la opinión de los encuestados ante el nuevo de estado de excepción constitucional crece, a 52%, si cuenta con aprobación del Congreso.
La propuesta es parte de las ocho reformas a la Carta Fundamental que la Administración de Kast envío este lunes al Senado. Y desde entonces ha generado muchas controversias, tanto en la oposición como en algunos miembros oficialismo. También ha sido cuestionada por abogados constitucionalistas y académicos. Uno de ellos es Patricio Zapata, quien dijo a Radio ADN que el nuevo estado de excepción y algunas atribuciones que se le entregan al presidente y al Senado, “son peligrosas”.
“Cuando tú le permites a un gobierno cualquiera que pueda establecer por sí y ante sí un estado de excepción por 120 días, y que luego lo pueda renovar por otros 120 días, estás perdiendo la posibilidad de ese control”, dijo el constitucionalista. Dijo que la medida tiene un mecanismo vago en su configuración y que las instituciones no deben diseñarse pensando en el gobernante de turno, sino“en el peor presidente imaginable”, en referencia a las atribuciones que entrega la propuesta de Kast.
El expresidente Gabriel Boric (2022-2026), dijo este martes que la medida “busca instaurar un estado de sitio por 240 días, con atribución exclusiva del presidente de la República y una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena” por lo que espera que exista una oposición “franca, respetuosa, abierta, clara y firme” a la idea. “Quienes estamos en política tenemos que estar dispuestos a colaborar con quien quiera que sea el Gobierno para políticas de Estado, lo que no significa ceder en convicciones que son claras”, agregó.
De acuerdo con el texto remitido al Senado, el estado de excepción constitucional lo declarará “el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”. Y en sus atribuciones “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión” y, además, “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. En la propuesta se señala que un oficial general quedará al mando de la zona, pero no detalla si será de las ramas de las Fuerzas Armadas o de Carabineros.
Kast ha encardado a su ministro de Seguridad, Martín Arrau, liderar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), como bautizó la Administración de derechas al paquete de propuesta legislativas, a las que agregó las reformas constitucionales.
Según Cadem, las medidas que más apoyo concitan en la reforma de seguridad pública de Kast es requisar bienes vinculadosa bandas de crimen organizado o terroristas, con un 88%, y permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros, con 78%. Pero, las que menos respaldo tiene son la interceptación de comunicaciones (46%), la restricción temporal la libertad de tránsito (40%) y la limitación la libertad de reunión (27%).
Asimismo, el 50% está de acuerdo con la reforma que presentó Kast y el 39% está en desacuerdo.
EL PAÍS
