Saúl Méndez Colaborador El Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA El Salvador) acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) este lunes para presentar un escrito en el que solicita la intervención de la institución ante lo que considera una amenaza de daño ambiental derivada de la …
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Saúl Méndez
Colaborador
El Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA El Salvador) acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) este lunes para presentar un escrito en el que solicita la intervención de la institución ante lo que considera una amenaza de daño ambiental derivada de la construcción de un parque fotovoltaico en la finca Santa Adelaida, ubicada en Izalco, Sonsonate. La organización advierte sobre una posible afectación irreversible de la flora y de los mantos acuíferos que abastecen a más de 10,000 familias.
MILPA, a través de su seccional de Sonsonate, “Calpulli por la Vida”, señaló que el megaproyecto energético representa un riesgo para la flora y los recursos hídricos de la zona que podría facilitar posteriormente el establecimiento de otras actividades, como centros de datos y operaciones de criptominería. Para la organización, estas iniciativas podrían generar futuros conflictos relacionados principalmente con el acceso al agua y la tierra.
“Hoy estaremos dando continuidad a las acciones de incidencia y activación de mecanismos a nivel nacional, con el fin de que las instancias gubernamentales actúen y cumplan con lo que les corresponde en este tipo de casos, haciendo énfasis en el papel que le corresponde a la Fiscalía General de la República y en que tiene que actuar ante lo que está ocurriendo”, explicaron al presentar el escrito.
Damián Córdoba, presidente de MILPA en la seccional Sonsonate, señaló que la empresa Volcano Energy ha hecho pública su intención de construir un megaproyecto industrial de generación de energía fotovoltaica mediante paneles solares en el inmueble conocido como finca Santa Adelaida, ubicado en el municipio de Izalco, Sonsonate.
Según la organización, el terreno se encuentra en una zona considerada de recarga hídrica crítica dentro de la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec y en la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida Parque Nacional Los Volcanes, específicamente en el sector del volcán de Izalco.
“De acuerdo con declaraciones, notificaciones e informaciones obtenidas por las comunidades locales, la empresa ha fijado de manera concreta el inicio de las labores de deforestación, terracería, descapote y construcción para finales del presente mes de agosto”, advirtió MILPA.
La organización también cuestionó la falta de información sobre las autorizaciones requeridas para el proyecto. “La ausencia de autorizaciones y la opacidad a la fecha. La empresa no ha demostrado ante las comunidades ni ante las autoridades locales poseer la licencia ambiental definitiva emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni los permisos de construcción de la Alcaldía Municipal de Izalco requeridos para una obra de tal magnitud”, afirmó.
MILPA estima que el proyecto podría afectar entre 140 y 400 manzanas de terrenos forestales y cafetaleros.
La organización sostuvo que el riesgo ambiental debe ser atendido de manera preventiva. “La amenaza deja de ser un supuesto teórico y se convierte en un peligro inminente al estar definida una fecha de inicio tan próxima”, afirmó.
“De arrancar las máquinas a finales de agosto se provocará de forma inmediata una destrucción irreversible de la flora, desvío o afectación de mantos acuíferos que abastecen a más de 10,000 familias y al turicentro Atecozol, consumándose los delitos ambientales antes de que el Estado pueda reaccionar”, aseguró MILPA.
Por ello, la organización solicitó a la FGR, a través de la Unidad de Medio Ambiente, que requiera al juzgado ambiental competente la imposición de medidas cautelares preventivas de no innovar, con el objetivo de evitar que se inicien obras mientras se determina la situación legal y ambiental del proyecto.
“Dicha medida debe ordenar expresamente a Volcano Energy la prohibición absoluta de ingresar maquinaria pesada, iniciar labores de descapote, tala, terracería o cualquier obra física en la finca Santa Adelaida a finales de agosto o en cualquier fecha posterior, sin obstaculizar las diligencias respectivas de la Fiscalía”, detalló la organización.
Para verificar la situación y determinar si existe un riesgo ambiental, MILPA también solicitó a la Fiscalía realizar con carácter de urgencia una serie de diligencias ante las instituciones competentes.
En primer lugar, pidió requerir al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que informe si ha otorgado o si se encuentra en trámite alguna licencia ambiental a favor de Volcano Energy para el proyecto en la finca Santa Adelaida, así como que determine la viabilidad del proyecto dentro de la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec y la zona de amortiguamiento de un área natural protegida.
En segundo lugar, solicitó a la Alcaldía Municipal de Izalco certificar si la empresa ha solicitado o recibido permisos de construcción o de cambio de uso de suelo relacionados con el proyecto.
Como tercer punto, pidió que la Fiscalía cite u oficie a los representantes de Volcano Energy para comunicarles el inicio de las investigaciones y advertirles sobre las posibles responsabilidades penales podrían derivarse del inicio de obras sin contar con los permisos establecidos por la legislación.
“La construcción del megaparque fotovoltaico amenaza nuestro territorio, destruye la biodiversidad y pone en riesgo el agua de nuestras futuras generaciones. La crisis climática no se soluciona destruyendo nuestros bosques. Nuestras voces y acciones colectivas son vitales para frenar este despojo”, concluyó MILPA.
Nacionales archivos – Diario Co Latino
