Los dos relojes que tiene Hebert Sánchez (Cali, 83 años) en su apartamento marcan las 7.35 desde el lunes. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Cali les suspendió el tiempo, y desprendió también parte del techo de su vivienda. Un reguero de escombros hace que entrar al inmueble se sienta como un milagro al que hay que temer. “Yo no sé por qué, pero me siento tranquilo”, dice mientras observa las paredes entre las que habitó durante 24 años, ahora agrietadas. Duerme desde el lunes en casa de su hija Liliana (Cali, 56 años), en Ciudad Jardín, un barrio acomodado al sur de la tercera ciudad más poblada de Colombia.
Los expertos coinciden en que el mecanismo detrás de las pólizas está diseñado para responder, aunque reconocen que la saturación operativa pondrá al sistema al límite. Más del 90% de las viviendas del país carece de cobertura contra terremotos
Los dos relojes que tiene Hebert Sánchez (Cali, 83 años) en su apartamento marcan las 7.35 desde el lunes. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Cali les suspendió el tiempo, y desprendió también parte del techo de su vivienda. Un reguero de escombros hace que entrar al inmueble se sienta como un milagro al que hay que temer. “Yo no sé por qué, pero me siento tranquilo”, dice mientras observa las paredes entre las que habitó durante 24 años, ahora agrietadas. Duerme desde el lunes en casa de su hija Liliana (Cali, 56 años), en Ciudad Jardín, un barrio acomodado al sur de la tercera ciudad más poblada de Colombia.
Allí, lejos de los escombros, Hebert espera a que “los del seguro digan qué va a pasar”. Liliana completa el panorama: el edificio está asegurado, pero no saben si el apartamento en sí lo está, y con la pensión modesta de su padre, repararlo por cuenta propia “sería imposible”. Los ingenieros de la aseguradora ya visitaron el conjunto y no hallaron señales de debilidad estructural. “Pero yo entro al apartamento y me siento insegura”, dice ella. El inmueble queda en el primer piso de la Torre B del conjunto Torres de Alcalá, cerca del Centro Comercial Palmetto. Enfrente, un edificio de 10 pisos se derrumbó por completo; otro, cerca, quedó tan ladeado que da la impresión de que el aterrizaje de una mariposa bastaría para tumbarlo.
Según la Alcaldía, Cali tiene 46 edificios en colapso total, 35 con colapso parcial y 1.408 con daños estructurales. “Las aseguradoras deben estar sin abasto”, dice Liliana. Y esta vez, el sentido común acierta. “Las líneas están saturadas”, confirma a este diario Andrés Felipe Cifuentes, fundador de Acca Arquitectos, dedicados a diseñar y construir inmuebles en la ciudad. “Ahora mismo tengo a una persona contratada solo para llamar a la aseguradora. Están reventados”, comenta en inmediaciones del barrio Pampalinda, también muy afectado en la ciudad.
Desde el otro lado de la línea corroboran el embudo. Juan Manuel Pinzón, director general de la agencia de seguros Protección de Riesgos, lo comenta. “Si lo normal es tener cinco o seis llamadas al día, las líneas estallan cuando llaman 30.000 personas al mismo tiempo”, dice por teléfono. Más allá del cuello de botella, para él “la plata está y las aseguradoras van a responder”. Por eso es clave que la gente se arme de paciencia, explica Lina Sánchez Landazábal, profesora de la Maestría en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana y socia de Vélez Gutiérrez Abogados.
Por ley, una vez formalizada la reclamación —con las pruebas de la ocurrencia y de la cuantía del daño—, la aseguradora tiene un mes para responder. Pero ese plazo choca con la nueva realidad. Hay que designar a un ajustador que calcule el valor del siniestro, y eso toma tiempo, más con miles de reclamaciones. Sánchez cree, de todos modos, que el gremio va a priorizar estos casos por su magnitud y calcula que buena parte de los siniestros podría empezar a “resolverse en seis meses”.
No dejar vencer los plazos es relevante. La confusión sobre un límite de tres días para reclamar corrió fuerte los primeros días, pero tiene una explicación, según Sánchez: el Código de Comercio exige avisar del siniestro en los tres días siguientes, un trámite informal que no exige pruebas. La reclamación formal sí las exige, y tiene un plazo mucho más largo, de hasta dos años desde que el asegurado conoce el hecho, y hasta cinco desde que ocurrió.
Tratándose de un desastre nacional, avisar que ocurrió deja de ser el problema, y ya Fasecolda, el gremio asegurador, dijo en sus redes sociales que ese plazo de tres días no aplica en este caso porque es un hecho notorio. En medio de esa maraña, también se han abierto puertas gratuitas. Desde Washington (Estados Unidos), Izquierdo PLLC, la firma del abogado colombiano Andrés Izquierdo, creó y coordina Colombia Earthquake Legal Response, una iniciativa que en pocos días ha reunido una red pro bono de 50 abogados y profesionales voluntarios en Colombia y otros países. La red brinda orientación jurídica gratuita a las personas afectadas y trabaja con instituciones colombianas para ayudar a quienes no saben qué hacer, qué trámites seguir o dónde acudir.
Esa red puede resolver el trámite. Pero la pregunta de fondo —si hay plata suficiente— tiene una explicación de mercado. Pinzón la resume: “Las aseguradoras colombianas retienen entre el 10% y el 20% del riesgo que suscriben”. El resto lo venden a inversores internacionales dedicados a comprar, en cualquier parte del mundo, el riesgo de que tiemble. De 1.000 millones de dólares en siniestros, dice, una aseguradora local solo pondría 100 o 200 millones de su bolsillo. El resto sale de afuera.
Ese afuera tiene nombre: reaseguradoras. Lorenzo Volpi es director ejecutivo adjunto de Leadenhall Capital Partners, una gestora londinense que administra más de 5.700 millones de dólares en bonos catastróficos y otros instrumentos con los que fondos de pensiones e inversionistas se cubren frente a terremotos y huracanes en todo el planeta. Su firma calcula que Colombia tiene una penetración de seguro de terremoto relativamente alta para la región, lo que significa que buena parte del golpe del 10 de agosto ya lo está absorbiendo ese circuito internacional. Es una forma de amortiguar el golpe a través de los mercados internacionales, redistribuyendo riesgos globalmente.
Pero el amortiguador es disparejo. Volpi, citando datos de la agencia de calificación crediticia AM Best, ubica a Bogotá, Medellín y Cali como responsables de más del 80% de las primas de seguro del país. “Cali sola representaba, a marzo de 2026, cerca del 9,5% de las primas de terremoto de Colombia”, señala en un intercambio de mensajes. “El volumen final de pérdidas aseguradas dependerá mucho más de cuánto daño haya habido en las zonas con mayor penetración de seguros que del daño producido directamente alrededor del epicentro”, advierte.
Fasecolda confirma las cifras a este periódico: más del 90% de las viviendas del país carece de cobertura contra terremoto. Cali y el Valle del Cauca están mejor que el promedio —cerca del 12%—, lo que ubica al departamento como el sexto con mayor cobertura del país. Pero incluso ahí casi 9 de cada 10 viviendas siguen sin respaldo financiero frente a un sismo. Sobre la capacidad de respuesta, el gremio destaca los mismos puntos de Volpi y de Pinzón: hay reaseguro internacional suficiente para absorber el golpe sin comprometer la liquidez de las aseguradoras. “Se paga el valor asegurado, menos el deducible, que ronda entre el 2% y el 5%”, agrega Pinzón.
El hogar es la categoría más numerosa de pólizas contra terremoto en el país —62 de cada 100—, pero apenas pesa el 14% del valor total asegurado (115.397 millones de dólares), según Fasecolda. Aunque las pólizas de los riesgos privados —empresas, fábricas, comercio— son 31 de cada 100, concentran el 61% del valor asegurado (505.300 millones de dólares). Colombia tiene asegurado contra terremoto, en total, más de lo que produce en un año: 2.582 billones de pesos (1,4 veces el PIB de 2025).
Pero Colombia es desigual y el Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, lo sabe bien. Además de haber sido el epicentro del terremoto, es también un lugar que desaparece de la lista de las regiones mejor cubiertas. Según la firma de Volpi, es una de las zonas con menor penetración de seguros del país. El diagnóstico interno confirma el análisis. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó en 2018 que era el departamento que, en proporción a su tamaño, más patrimonio perdería en un terremoto. Tras el terremoto, El Tiempo destaca que el 93% del departamento sufrió daños graves.
A escala nacional, el 36,5% de los edificios no tiene ningún diseño sismorresistente, según un cruce de La Silla Vacía con el inventario mundial de la GEM Foundation, que mide qué tan pareja es la construcción dentro de cada país. En perspectiva, lo ocurrido a Hebert Sánchez es leve. “Tengo a mis hijas, que me han cuidado, y tengo dónde llegar”, reconoce. Y sin embargo, Cali es hoy la ciudad con más muertos tras el sismo, y eso tiene una explicación científica: el suelo. “El sur de la ciudad se asienta sobre sedimentos de río —tierra suelta, no roca firme—, que amplifican el movimiento sísmico”, explica Elkin Salcedo, director del Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente de la Universidad del Valle. Un estudio de microzonificación de 2005 ya lo había medido: ahí, el suelo se mueve por encima de la norma nacional. Es un riesgo conocido desde hace dos décadas, y no en un barrio informal, sino en una zona de estratos medios y altos.
Es por eso que este desastre implica un antes y un después para todos, ciudadanos y empresas. Guy Carpenter, firma de reaseguro citada por Volpi, dice que el terremoto puede convertirse en “un evento relevante para todo el mercado asegurador y reasegurador de América Latina”. Sánchez, de la Javeriana, explica que los siniestros catastróficos como este suelen obligar a revisar al alza las tarifas de suscripción, porque el reaseguro que respalda esas pólizas queda corto frente al volumen real de indemnizaciones. Para Colombia, significa que la próxima póliza de terremoto, sobre todo en las zonas golpeadas, probablemente encarecerá.
Reconstruirlo todo tardará tiempo. “Yo no sé si mi papá quiera volver aquí. Pero dime, si arreglamos el apartamento, ¿quién lo compra? Solo en 20 años, cuando todos olvidemos lo que ha pasado”, dice Liliana. La pregunta retumba entre las grietas del edificio que su padre habitó, mientras los relojes marcan las 7.35, indiferentes a cualquier respuesta.
EL PAÍS
