Hay lugares comunes de la ficción distópica que en determinadas coyunturas adquieren una actualidad notable. Es el caso de la idea de los ricos abandonando el planeta a su suerte para construir un paraíso propio. A este tropo se le conoce como la “secesión de las élites”. Está presente en obras monumentales como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), de Philip K. Dick, también en obras menores, como la película Elysium (2013), y en prodigios de la cultura popular como Wall-E (2008).
Es claro que la megarreforma redistribuye recursos y que lo hace a favor de los más ricos. Pero al hacerlo también redistribuye responsabilidades
Hay lugares comunes de la ficción distópica que en determinadas coyunturas adquieren una actualidad notable. Es el caso de la idea de los ricos abandonando el planeta a su suerte para construir un paraíso propio. A este tropo se le conoce como la “secesión de las élites”. Está presente en obras monumentales como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), de Philip K. Dick, también en obras menores, como la película Elysium (2013), y en prodigios de la cultura popular como Wall-E(2008).
La trama de Elysium es inquietante. Mientras la Tierra se hunde en la pobreza, la violencia y el deterioro ambiental, los más ricos ya no intentan repararla. Simplemente se han marchado. Habitan una estación espacial limpia, segura y abundante, desde donde observan el planeta como si fuera un problema ajeno. La distopía no consiste únicamente en la desigualdad extrema. Consiste en el perturbador hecho de que quienes concentran el poder y la riqueza han dejado de sentir que comparten el mismo destino que el resto de la humanidad.
La llamada “megarreforma” tributaria impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya aprobada en sus aspectos fundamentales por el Congreso, no construye una estación espacial. Pero sí institucionaliza una lógica parecida. Más allá de sus efectos sobre la inversión, el crecimiento o la recaudación, representa un cambio silencioso pero radical en la manera en que convivimos como país: libera a quienes más tienen de sus responsabilidades con la comunidad que hizo posible su riqueza.
Los impuestos suelen discutirse como un asunto de finanzas públicas. Debatible bajo ciertos supuestos y dominando ciertos tecnicismos. Se comparan tasas, se proyectan inversiones, se estiman efectos sobre el empleo. Todo eso importa, y mucho. Pero antes que un instrumento de política fiscal y económica, los impuestos son una institución política. Encarnan una elemental relación de reciprocidad: quienes más se han beneficiado de la vida en común contribuyen también en mayor medida a sostener las condiciones que hacen posible esa prosperidad.
Nadie se enriquece solo. Toda fortuna descansa sobre bienes que se producen socialmente: instituciones estables, tribunales que hacen cumplir contratos, carreteras, universidades, seguridad y conocimiento acumulado. Gracias al trabajo de personas calificadas. Y gracias a una comunidad política capaz de sostener todo esto durante generaciones. Los impuestos son la manera en que una democracia convierte esa tarea —que presupone el reconocimiento de un bien común, socialmente producido— en una obligación compartida.
Es claro que la megarreforma redistribuye recursos y que lo hace a favor de los más ricos. Pero al hacerlo también redistribuye responsabilidades, y es allí donde radica su principal significado político. Al aliviar de manera tan significativa la contribución a la sociedad de quienes concentran la mayor riqueza, el Gobierno convierte un privilegio económico en un privilegio cívico: el derecho a sustraerse de los deberes con la sociedad.
Las consecuencias trascienden el presupuesto fiscal. Una democracia necesita que todos sus integrantes carguen, de acuerdo con sus posibilidades, con una parte razonable del esfuerzo colectivo. Cuando esa convicción se erosiona, también se debilitan la confianza, la cooperación y la legitimidad de las instituciones. Con ello salta por los aires no solo una regla de equilibrio fiscal, sino también la certeza de pertenecer a una misma comunidad de destino.
Quizás la mayor amenaza de esta reforma sea precisamente esa. Que invite a las élites económicas a imaginar que pueden prosperar al margen de la suerte del país; que el deterioro de la educación pública, de la salud, de la seguridad o de la cohesión social son problemas que otros deberán resolver. Estos ricos no abandonan físicamente Chile, pero como los habitantes de Elysium comienzan a habitarlo como si ya no dependieran de él.
Probablemente como reacción al hecho de que crear riqueza es cada vez más desafiante en el mundo actual, es decir, como función de una debilidad y una incapacidad, la derecha radical ha promovido una idea de libertad entendida como ausencia de obligaciones con la comunidad. La megarreforma tributaria lleva ese principio al corazón de las instituciones, y al hacerlo las debilita como ninguna otra medida lo había hecho desde la dictadura.
La derecha suele denunciar como incivilidad el rayado de un muro, la destrucción de un paradero o la quema de un bus. Son, sin duda, expresiones de desprecio por lo común. Pero existe otra incivilidad, menos estridente y mucho más decisiva: la de quienes, beneficiándose de la cooperación y el orden socialmente creados, renuncian a contribuir con su parte. La de quienes convierten el privilegio económico en una excepción al deber común. Cuando esa renuncia pasa de ser una conducta individual a cristalizarse como una política de Estado, ya no estamos solo ante una reforma tributaria. Estamos ante una megaincivilidad.
Por cierto. Wall-E es un prodigio de la ciencia ficción porque ilustra no solo lo que hace la secesión de las élites al mundo, sino también lo que hace a las élites mismas. En la película de Pixar los ricos que abandonaron la Tierra a su suerte para gozar de un ocio perpetuo sufrieron su propio castigo distópico: al delegar todas las tareas físicas y mentales en tecnologías automatizadas, olvidaron cómo trabajar, caminar y relacionarse entre sí. Perdieron su humanidad. Lo que los más ricos se ahorren en impuestos gracias al ministro Quiroz podrían terminar pagándolo con la pérdida de una facultad propiamente cívica: la capacidad de sentirse corresponsables del destino del país. Como los pasajeros del Axiom, descubrirán demasiado tarde que hay capacidades que sólo sobreviven mientras se practican. La civilidad es una de ellas.
EL PAÍS
