México avanza, pero aún falta mucho por hacer. Es la conclusión del Índice de Paz 2026 que ha publicado este martes el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el cual registra una mejora del 5,1% en la pacificación del país con una reducción del 22,7% en los homicidios en el último año. A pesar de que el organismo ha certificado la baja en asesinatos, una de las cifras que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presume constantemente para resaltar el éxito de su estrategia de seguridad, también ha subrayado que “persisten los riesgos estructurales que amenazan la sostenibilidad de estos avances”.
El último reporte del IEP registra una mejora del 5,1% en el país y pone el foco en el aumento de la violencia familiar y el uso de armas de fuego
México avanza, pero aún falta mucho por hacer. Es la conclusión del Índice de Paz 2026 que ha publicado este martes el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el cual registra una mejora del 5,1% en la pacificación del país con una reducción del 22,7% en los homicidios en el último año. A pesar de que el organismo ha certificado la baja en asesinatos, una de las cifras que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presume constantemente para resaltar el éxito de su estrategia de seguridad, también ha subrayado que “persisten los riesgos estructurales que amenazan la sostenibilidad de estos avances”.
El informe ha señalado que México se encuentra en “una etapa de transición en las dinámicas de violencia y criminalidad” que supone un gran reto para el Estado. A pesar de la caída en los asesinatos, la IEP apunta que la fragmentación de los grupos criminales y el aumento en las desapariciones muestran que aún no hay “una transformación estructural de las condiciones de seguridad”, es decir, la violencia persiste, pero en distintas formas. Prueba de ello es la consolidación de la violencia familiar como el delito más frecuente en el país y el aumento en el uso de armas de fuego en la comisión de delitos.
Según el reporte, estos datos revelan dos problemas: la disposición de este tipo de armamento y la dispersión de la violencia a entornos cotidianos. En un contexto en el que las instituciones locales enfrentan grandes desafíos para la prevención, atención e impartición de justicia, esto representa un gran golpe a la estabilidad de las comunidades y la cohesión social. Sobre las desapariciones, la organización sostiene que el crecimiento de esta tragedia refleja tanto “la persistencia de estructuras criminales” como “las limitaciones institucionales” para buscar e investigar este delito, lo que afecta la confianza de la población en el Gobierno y la legitimidad de las instituciones.
La desintegración de los grandes cárteles en células más pequeñas ha provocado también que los grupos criminales diversifiquen sus actividades. De acuerdo con el informe, esto tiene relación con el incremento en la extorsión y la férrea disputa por las economías locales que provocan focos rojos en algunas regiones. Pone de ejemplo a Sinaloa, un Estado desbordado por la violencia que ha incrementado por las disputas internas entre facciones del Cartel de Sinaloa, tras el secuestro y la captura de El Mayo facilitada por uno de los hijos de El Chapo.
El mapa de la violencia en el país dibujado por la IEP ha mostrado mejoría en los niveles de paz de 22 entidades y un deterioro importante en otros 10. En ese sentido, Yucatán destaca como el Estado más pacífico y Colima como el más peligroso. Uno de los señalamientos del informe ha sido también la debilidad institucional, un factor que completa un panorama que pone contra las cuerdas a la sociedad. La organización ha advertido que la ocupación de las cárceles ha registrado su pico más alto (más de 256.000 personas), una situación que evidencia la persistencia del problema de la sobrepoblación penitenciaria y los retos en la reinserción social.
La impartición de justicia se mantiene como otro gran desafío para el Estado. La IEP se ha referido a la controvertida elección judicial y ha manifestado que la independencia judicial es uno de los componentes principales “para la sostenibilidad de la paz”. Las capacidades de investigación también han sido comentadas por el reporte, que señala que “México mantiene un déficit histórico en capacidades judiciales y ministeriales” por la falta de personal y un rezago en los procesos penales que afecta severamente la impartición de justicia.
En el ámbito económico, la violencia, una de las principales preocupaciones de la población, sigue siendo un lastre y resultó en un impacto del 11% al PIB en 2025 (alrededor de cuatro billones de pesos). De la misma forma en la que la violencia no se presenta de manera uniforme a lo largo del territorio, sus costos también tienen efectos dispares en las distintas entidades. Mientras que en Yucatán, el Estado más seguro, el impacto económico per cápita equivale a 11.000 pesos, en Colima sube a 70.000 pesos.
El reporte concluye que el camino para la sostenibilidad de la paz pasa por la creación de instituciones eficaces, la disminución de los índices de corrupción, la mejora en el acceso a la justicia, la recomposición del tejido social y el fortalecimiento de las capacidades estatales que responden a la violencia y criminalidad. A través de un comunicado, Michael Collins, director para las Américas de la organización, ha enfatizado: “La construcción de paz no depende únicamente de reducir la violencia letal, sino de fortalecer las instituciones, mejorar el acceso a la justicia y consolidad condiciones sociales que permitan reducir la violencia en todas sus expresiones”.
EL PAÍS
