Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La incertidumbre vuelve a instalarse entre miles de familias salvadoreñas radicadas en Estados Unidos. A menos de cuatro meses para que expire el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, organizaciones de migrantes advierten sobre un escenario de riesgo que podría desembocar en deportaciones masivas, y una crisis económica para cientos …
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La incertidumbre vuelve a instalarse entre miles de familias salvadoreñas radicadas en Estados Unidos. A menos de cuatro meses para que expire el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, organizaciones de migrantes advierten sobre un escenario de riesgo que podría desembocar en deportaciones masivas, y una crisis económica para cientos de hogares que dependen de las remesas.
Durante una entrevista en el programa “Encuentro con Julio Villagrán”, la representante de la Alianza Nacional TPS en Boston, Doris Landaverde, aseguró que la comunidad salvadoreña vive uno de los momentos más tensos desde la creación del programa migratorio.
El TPS para salvadoreños vence oficialmente el 9 de septiembre de 2026. Aunque históricamente el programa ha sido prorrogado por administraciones estadounidenses mediante procesos judiciales, el panorama actual es incierto debido a las decisiones tomadas por la nueva administración en Washington y por los casos que actualmente analiza la Corte Suprema de Estados Unidos.
“Cuando esta nueva administración comenzó, 17 países estaban protegidos con TPS; hoy solamente quedan tres: El Salvador, Ucrania y Líbano”, afirmó Landaverde, quien además explicó que varias naciones perdieron ya la protección temporal dependen únicamente de litigios judiciales para evitar deportaciones.
Antecedentes
El TPS fue otorgado originalmente a miles de salvadoreños tras los terremotos de 2001. El programa permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o situaciones extraordinarias.
Desde entonces, decenas de miles de salvadoreños construyeron una vida en territorio estadounidense, formaron familias y contribuyeron económicamente tanto a Estados Unidos como a El Salvador.
La dirigente migrante señaló que muchos beneficiarios enfrentan ahora obstáculos incluso para mantener sus empleos a pesar de la vigencia del programa. Según explicó, numerosos salvadoreños no han recibido aún la renovación física de sus permisos laborales, pese a haber realizado los trámites correspondientes.
“Estamos viendo que las reglas están cambiando cada día. Los ataques contra la comunidad inmigrante incrementan constantemente y muchas familias tienen problemas con sus empleadores porque no poseen todavía la tarjeta física de trabajo”, indicó.
La Alianza Nacional TPS desarrolla actualmente una encuesta para documentar cuántos salvadoreños siguen esperando la entrega de sus documentos migratorios. El objetivo es presentar evidencia sobre las dificultades laborales y legales que enfrentan miles de personas bajo el programa.
Landaverde recordó que la continuidad del TPS para El Salvador no ha sido producto de decisiones automáticas, sino del activismo comunitario y de prolongadas batallas legales, y sin colaboración del gobierno salvadoreño. Explicó que en 2017, durante la administración de Donald Trump, se intentó terminar el beneficio migratorio, pero organizaciones de migrantes interpusieron demandas que permitieron mantener vigente la protección.
Durante la administración de Joe Biden, la comunidad también tuvo que presionar para conseguir extensiones adicionales, recordó. Según la activista, la permanencia del TPS ha dependido más de la movilización social que de decisiones políticas voluntarias.
En ese contexto, cuestionó la ausencia de posibles gestiones del gobierno salvadoreño ante Washington para defender a sus compatriotas.
“En lo personal no tengo conocimiento de que el gobierno de El Salvador esté realizando alguna gestión. Si lo hacen, sería bienvenido”, expresó.
La situación preocupa especialmente debido al impacto económico que tendría un eventual retorno masivo de migrantes. Las remesas familiares representan uno de los pilares fundamentales de la economía salvadoreña y gran parte de esos recursos proviene precisamente de comunidades amparadas bajo TPS.
La dirigente también destacó el componente humano del problema. Muchos beneficiarios llevan más de dos décadas viviendo en Estados Unidos y tienen hijos nacidos en ese país que no conocen El Salvador.
“Ya llevo más de 25 años viviendo en Estados Unidos. Mis hijas nacieron aquí y para nosotros regresar no es fácil”, afirmó. Añadió que personas mayores de 45 años enfrentarían enormes dificultades para reintegrarse laboralmente en El Salvador.
Otro de los factores que incrementa la preocupación es un caso que actualmente analiza la Corte Suprema estadounidense. Según explicó Landaverde, la discusión podría limitar la capacidad de las cortes inferiores para intervenir cuando existan irregularidades en la cancelación del TPS.
La activista sostuvo que, si la Corte Suprema falla a favor del gobierno federal, las organizaciones migrantes perderían una herramienta clave para impugnar decisiones consideradas ilegales o arbitrarias.
“Si eso pasa, ya no vamos a tener derecho a defendernos en las cortes”, advirtió.
La Alianza Nacional TPS y otras organizaciones han intensificado en las últimas semanas sus acciones de presión política. Delegaciones de migrantes viajaron recientemente a Washington para participar en audiencias de la Corte Suprema, reunirse con congresistas y exigir soluciones permanentes para las familias protegidas bajo TPS.
Además de las gestiones políticas, los líderes comunitarios mantienen campañas informativas para orientar a los salvadoreños sobre sus derechos.
Landaverde alertó que, bajo las nuevas políticas migratorias, el gobierno estadounidense podría reducir el período de gracia después de una cancelación del TPS. Mientras en años anteriores se concedían hasta seis meses, ahora podrían ser apenas dos.
Eso significaría que miles de salvadoreños quedarían expuestos a procesos de deportación a partir de noviembre de 2026.
“Ellos tienen nuestras direcciones y nuestra información. Existe el temor de vivir deportaciones masivas”, manifestó.
La activista concluyó con un mensaje dirigido a la diáspora salvadoreña en Estados Unidos: “Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Vamos a seguir luchando por nuestra comunidad”.
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