Cientos de campesinos están cruzando los dispares pisos ecológicos de Bolivia. Partieron el martes desde la parte amazónica, al norte del país, en el departamento de Pando. Atravesarán más de 600 kilómetros y ascenderán cerca de 3.500 metros hasta llegar a la cordillera de los Andes que acoge a La Paz, sede de Gobierno. Piensan quedarse ahí hasta cumplir su objetivo: derogar la Ley 157, de la que ya se habla como la mayor reforma agraria de este siglo, e incluso de los últimos 70 años. La norma permite la conversión voluntaria del titular de una pequeña propiedad a mediana propiedad, convirtiendo al terreno en un activo que sirve como garantía financiera. Si bien el presidente Rodrigo Paz defiende que la ley aumentará la producción, el sector rural está en pie de guerra porque, al asumir la conversión, la pequeña tierra pierde su inembargabilidad otorgada por ley.
Agricultores amazónicos marchan hasta la sede de Gobierno por la ley promulgada por Paz que garantiza ‘crédito rural’, pero que abre las puertas a la concentración de tierras por parte de los latifundistas
Cientos de campesinos están cruzando los dispares pisos ecológicos de Bolivia. Partieron el martes desde la parte amazónica, al norte del país, en el departamento de Pando. Atravesarán más de 600 kilómetros y ascenderán cerca de 3.500 metros hasta llegar a la cordillera de los Andes que acoge a La Paz, sede de Gobierno. Piensan quedarse ahí hasta cumplir su objetivo: derogar la Ley 157, de la que ya se habla como la mayor reforma agraria de este siglo, e incluso de los últimos 70 años. La norma permite la conversión voluntaria del titular de una pequeña propiedad a mediana propiedad, convirtiendo al terreno en un activo que sirve como garantía financiera. Si bien el presidente Rodrigo Paz defiende que la ley aumentará la producción, el sector rural está en pie de guerra porque, al asumir la conversión, la pequeña tierra pierde su inembargabilidad otorgada por ley.
Paz firmó la norma el miércoles frente a sus principales impulsores, agroindustriales exportadores, en la inauguración de la Agropecruz, el mayor evento de ganado de alta genética del país que se lleva a cabo en Santa Cruz de la Sierra. “No van a venir a quitarles la propiedad. Esta ley en el fondo es crédito rural, platita para los que no consiguen recursos para producir. Los que tienen tres, cuatro hectáreas de uva no pueden acceder a un crédito, hoy sí. Dependerá de sus propias capacidades”, dijo el mandatario, que acaba de cumplir cinco meses en el cargo.
Un día antes, la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Pando ya había partido rumbo al Palacio de Gobierno, alertados por la pronta promulgación. “Queremos que se anule la ley que se ha hecho sin consultar al sector campesino indígena”, dijo a la cabeza de la marcha el dirigente Yeri Galindo. A la demanda se ha unido, con una declaración de emergencia, la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP): “Es un atentado contra el régimen agrario y debilita el carácter de protección social de los territorios indígenas originarios campesinos (…) abre paso a la mercantilización y concentración de tierras en el país”, sostuvo en una conferencia de prensa el secretario de Comunicación de la organización, Gerardo Montero.
Las federaciones sindicales de trabajadores campesinos de Beni y Cochabamba también se han declarado en emergencia alegando el mismo motivo: que se evadió la consulta previa, libre e informada, estipulada en la Constitución. Nelson Virreira, uno de los ejecutivos de la federación cochabambina —departamento donde acaba de triunfar en primera vuelta el partido del expresidente y opositor indígena Evo Morales— aseguró que se enviaron semanas antes varias notas al Ejecutivo para que la norma no se promulgue. “Estamos conminando al presidente Paz: o anula esta ley o se va a ver en serios problemas con el movimiento campesino (…) Al convertir la pequeña propiedad en mediana estaremos sujetos al pago de impuestos y se abre la puerta a la mercantilización de nuestras pequeñas tierras”, manifestó frente a los medios.
Poco antes de la promulgación, 56 organizaciones de la sociedad civil firmaron un pedido de devolver la norma a debate en el Parlamento. Ante la proyección de un escenario conflictivo, la Defensoría del Pueblo exhortó al presidente a “convocar de manera urgente a un proceso de diálogo con los sectores campesinos movilizados”.
Bolivia reconoce legalmente, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria, seis tipos de propiedad agraria. Las Tierras Comunitarias de Origen o Territorio Indígena Originario Campesino (tituladas colectivamente, a nombre de etnias o naciones nativas); el solar campesino (lugar de residencia del campesino y su familia); la pequeña propiedad, menos de 500 hectáreas que trabaja personalmente el campesino y su familia, que no se puede vender, dividir, embargar ni gravar con impuestos; la mediana propiedad, que ya produce para el mercado con asalariados y maquinaria, puede ser hipotecada y, por lo tanto, embargada; y la empresa agrícola. Los de este último grupo son los que más han respaldado públicamente la 157, mediante organizaciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente o la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo.
Algunos de los ministros del gabinete de Paz —como el de Desarrollo Productivo y el de Planificación del Desarrollo— no solo fueron parte de estos grupos, sino que presidieron ambas organizaciones, respectivamente. Cercano a estas asociaciones también es el empresario y senador Branko Marinkovic, el principal promotor del actual cambio de paradigma agrario. “No quiero hacer revolución agraria, quiero hacer libertad agraria. Así como usted tiene el derecho de adquirir un departamento o un coche a crédito, el campesino tiene el mismo derecho. ¿Le estamos diciendo ‘sos muy burro’ al indígena porque lo vas a perder? Yo me ofendería”, dijo en una entrevista radial.
El legislador ultraderechista defiende que el pequeño agricultor ya busca préstamos, que solo puede conseguir a través de empresas de insumos que cobran tasas de interés de hasta el 25 % y que, al acceder al sistema financiero formal, pagarán entre el 6 y el 7,5%. Para la secretaria ejecutiva de la Federación Campesina del Beni, Vivian Palomequi, esto es solo “un argumento del Gobierno para despojarnos”: “Nos quieren hacer creer que con darnos un crédito ya se sanarán todas nuestras necesidades. No toman en cuenta el histórico cuidado y amor que tenemos a nuestra tierra”.
El economista medioambiental Stasiek Czaplicki analiza que el problema de fondo es permitir el ingreso de grandes capitales al mercado de tierras rurales sin regulación, porque provoca procesos de acumulación por desposesión. “En términos simples, si no existen límites, los más poderosos terminan comprando, hipotecando o acaparando tierras de campesinos, especialmente cuando estos enfrentan pérdidas económicas, eventos climáticos extremos o deudas impagables. Y con ello pierden su tierra, su casa y su forma de vida, sumándose a la migración rural empobrecida hacia las ciudades”, escribió en una columna el también investigador.
EL PAÍS
