La Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló las órdenes de captura emitidas en mayo del año pasado en contra del exjefe de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y Luz Adriana Camargo Garzón, exjefa del departamento de Investigación y Litigio y actual fiscal general de Colombia.
La resolución del máximo tribunal también beneficia a la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y otros funcionarios obligados al exilio
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló las órdenes de captura emitidas en mayo del año pasado en contra del exjefe de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y Luz Adriana Camargo Garzón, exjefa del departamento de Investigación y Litigio y actual fiscal general de Colombia.
La resolución, dada a conocer este lunes, revoca el fallo de la Sala Tercera de Apelaciones que en mayo pasado había ordenado la persecución penal contra ambos exfuncionarios y otros exmiembros del Ministerio Público (MP) que lideraron la investigación por pago de sobornos a funcionarios guatemaltecos de parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
La resolución del máximo tribunal guatemalteco concluyó que las órdenes de captura fueron “ilegales”, al considerar que la Sala de Apelaciones se extralimitó en sus funciones. En mayo del año pasado, ese órgano debía limitarse a determinar si una jueza de primera instancia continuaba al frente del caso iniciado por el Ministerio Público contra Velásquez, Camargo y otros ocho exfiscales anticorrupción, pero de forma sorpresiva resolvió girando órdenes de captura contra quienes no estaban sujetos a ellas y declarando “rebeldes” a quienes ya tenían una vigente.
La resolución también beneficia a Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, así como contra el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y cinco exfiscales más que investigaban una trama de sobornos a diputados guatemaltecos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para ganar la construcción de obras millonarias. Aunque estos siguen con órdenes de captura vigentes giradas por otros tribunales, la resolución del supremo les retira la calidad de “rebeldes”, que no les permitía defenderse en sus procesos.
Al respecto, Velásquez, quien actualmente es diplomático de Colombia en el Vaticano, publicó en su cuenta de X: “A casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal general Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala”.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI y quien lideró las investigaciones por las que ahora son perseguidos, dijo en una entrevista telefónica que la resolución representa una esperanza. “Después de mucho tiempo, es la primera vez que nos admiten un recurso. De repente da la impresión de que algo puede cambiar en el sistema de justicia guatemalteco”, señaló.
Sandoval es uno de los 13 exfiscales y de las más de 100 operadores de justicia, activistas y periodistas exiliados de Guatemala desde 2022 debido a la persecución del Ministerio Público liderado por Consuelo Porras, la actual fiscal general. Con la llegada de Porras al Ministerio Público, en mayo de 2018, se consolidó el desmontaje de la CICIG, un experimento iniciado en 2007 que buscaba combatir la impunidad en crímenes como la corrupción y delitos contra la humanidad cometidas en Guatemala. Tras la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato del organismo en 2019, Porras empezó a desplazar y a hostigar a fiscales que habían sido claves en el combate a la corrupción hasta forzarlos al exilio.
Bajo la administración de Porras se revirtieron los avances en casos emblemáticos de corrupción y se desarticularon las unidades especializadas que sostenían esas investigaciones, debilitando de forma sistemática la capacidad institucional para perseguir redes político-criminales y consolidando un clima de persecución contra operadores de justicia independientes.
Porras ha sido sancionada por más de 40 países, entre ellos Estados Unidos, y señalada por corrupción. Recientemente también fue vinculada a un caso de adopciones ilegales de menores en los años ochenta. Pese a ello, lucha por mantener su inmunidad y se ha propuesto a ser reelecta. El presidente, Bernardo Arévalo, afirmó este lunes que la funcionaria no tiene “ninguna posibilidad” de ser electa. “Difícilmente hay un perfil menos idóneo para Fiscal General”, afirmó.
La salida de porras aviva las esperanza para los fiscales guatemaltecos en el exilio. “Ojalá que un nuevo fiscal general revise todos los casos de criminalización en contra de nosotros porque no es posible seguir sosteniendo esto”, dijo Sandoval. “Al menos yo, con todo esto, tengo la esperanza de volver. En una situación como la mía, uno vive todos los días con la maleta lista. Aunque yo me iría con lo que tengo puesto. Me iría ya”, añadió.
EL PAÍS
