El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este martes un valioso salvavidas a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. La firma de Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), de dos licencias que flexibilizan de manera significativa las sanciones impuestas al sistema financiero venezolano supone un espaldarazo al gobierno de Caracas para tratar de impulsar la maltrecha economía del país.
La medida de Estados Unidos facilitará las operaciones en dólares para impulsar la maltrecha economía del país
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este martes un valioso salvavidas a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. La firma de Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), de dos licencias que flexibilizan de manera significativa las sanciones impuestas al sistema financiero venezolano supone un espaldarazo al gobierno de Caracas para tratar de impulsar la maltrecha economía del país.
La enorme expectativa que se ha creado tras la intervención estadounidense y sus todavía escasos resultados en las finanzas domésticas del venezolano de a pie —pero también de las empresas— amenaza tanto los planes del chavismo de mantenerse en el poder como los de Washington de continuar explorando las posibilidades que le ha abierto Venezuela.
El gobierno de Delcy Rodríguez reivindica que se levanten todas las sanciones y no solo estas, pero este gesto le da un respiro ante la encrucijada en la que vive desde hace 111 días. Tras la intervención del 3 de enero en la que tropas estadounidenses se llevaron a Nicolás Maduro, Rodríguez mantiene una agenda vertiginosa de cambios, apertura a capitales extranjeros, mayores libertades y reformas legislativas. Todo para reactivar la economía venezolana y ganar credibilidad internacional. También para mantenerse al mando del país con las mayores reservas petroleras conocidas del mundo.
Más allá de que despeguen las inversiones petroleras en las que está enfocado Donald Trump, que el venezolano sienta una mejoría en su bolsillo se ha convertido en una prioridad de Caracas y de Washington —cada uno con sus intereses— para que el plan de estabilización, recuperación y transición, anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, pueda salir adelante. Sin una mejora económica, la frustración ciudadana puede crecer —ya lo está haciendo— y con ello amenazar la estabilidad que ambas capitales están empeñadas en mantener.
Hace días que en Caracas los actores económicos y financieros especulaban con la urgencia de levantar sanciones al Banco Central para que los cientos de millones de dólares que está generando la creciente venta del petróleo a los Estados Unidos lleguen a los bolsillos de los venezolanos. Aun así, la rapidez de la medida ha supuesto cierta sorpresa y una lectura común: la iniciativa da oxígeno al mandato de Rodríguez.
Las nuevas licencias abren la puerta a transacciones financieras con cuatro entidades bancarias —incluido el Banco Central— controladas por el Estado venezolano. Según fuentes del sector financiero consultadas por EL PAÍS, se trata de un gesto de confianza de Washington que habría querido condicionar la medida a un cambio profundo en la dirección del banco central, cooptada por el chavismo, pero que al final no lo ha hecho.
El reemplazo de esa dirección podría parecer sencillo, pero continúa siendo una tarea hercúlea porque muchos de los candidatos cualificados que podrían asumir el desafío de dirigir el banco estatal han rechazado jugarse su reputación en lo que consideran una misión incierta, ante un futuro también incierto, según fuentes conocedoras de esas negociaciones. Tras el gesto de Estados Unidos, coinciden ahora, es más fácil que alguien acepte. Y, lo más importante, la medida activa el flujo del dinero.
Las sanciones directas afectaban a entidades bancarias de Venezuela expresamente listadas e iban más allá: cualquier empleado de un ministerio, sin importar su rango, quedaba automáticamente impedido de cualquier relación con personas o instituciones estadounidenses —suscribir contratos, abrir cuentas, recibir dinero o ayuda—. “En lo cotidiano y no solo en lo corporativo, eso siempre hizo la vida sumamente engorrosa; muchísimas veces se han cerrado cuentas, se han retrasado operaciones o han aumentado los costos”, explica la economista Tamara Herrera, economista jefe de la consultora venezolana Síntesis Financiera C.A.
Con la medida, opina Herrera, la situación se va a relajar, pero los obstáculos no van a desaparecer del todo porque el Gobierno sigue estando sancionado. “Los bancos extranjeros van a continuar teniendo la potestad de calibrar el riesgo de hacer un negocio con Venezuela”.
“La imposibilidad de operar en dólares a través de la banca local llevó a miles de venezolanos y empresas a abrir cuentas en EE UU, España, Panamá, Reino Unido o Turquía, y a constituir sociedades en el exterior”, explica una fuente venezolana conocedora del sector financiero del país y de las sanciones que lo amordazan. “Eso encareció los costes operativos y, en cadena, subió los precios al consumidor”, añade bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente.
“El Banco Central de Venezuela es la cara monetaria del país”, continúa esta experta. “Con él fuera de los canales internacionales de pagos, era imposible hacer operaciones básicas como convertir dólares a euros”, explica. “Esta licencia normaliza esos canales, más allá del sector energético”. La medida debe contribuir a la mejora económica en el corto plazo, según los economistas y expertos consultados, aunque el entusiasmo se mantiene contenido.
A pesar de lo que la mayoría de los actores económicos considera una buena noticia, el chavismo mantiene su retórica de que no es suficiente. “Le insistimos al presidente Trump que cesen las sanciones, para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente. Porque siempre hay detalle y un inversionista requiere mayor seguridad jurídica”, insistió Rodríguez tras el anuncio.
El chavismo ha justificado buena parte de la debacle económica del país en las sanciones que Estados Unidos fue imponiendo durante los sucesivos mandatos de Nicolás Maduro. Según se levanten estas restricciones, su discurso y continuidad política se jugarán en su capacidad de atraer inversiones y mejorar la vida de los millones de venezolanos exhaustos.
La aspiración del chavismo de acabar de golpe con las restricciones choca contra la propia naturaleza de las sanciones. Además de con el entramado que la propia Delcy Rodríguez construyó durante años para sortearlas como responsable de las finanzas durante buena parte del mandato de Maduro. “Las sanciones son como una cebolla”, les dicen los estadounidenses a los venezolanos cuando apremian. “Hay que quitarlas capa a capa”. La historia de las sanciones es así, asegura Tamara Herrera. “No se levantan, sino que se van creando espacios a través de licencias. Eso es la desgracia, que es una maraña que ha crecido a lo largo de más de diez años, y hay que desmontarla por partes”.
Las sanciones estadounidenses han marcado la economía venezolana de la última década. Para algunos, con escaso éxito. “El castigo de Estados Unidos ha logrado lo contrario de lo que pretendía”, mantiene un importante actor económico del país. “Las sanciones fortalecieron al chavismo y dividieron a la oposición. Fortalecieron a los rivales geopolíticos y debilitaron los intereses de las petroleras y el mundo financiero estadounidense”, dice. Para la oposición, las sanciones no han hecho más que justificar la cuestionada gestión económica del país. En cualquiera de los casos, Rodríguez empieza a partir de este 14 de abril una nueva prueba bajo la atenta mirada de la Casa Blanca.
EL PAÍS
