Miles de colombianos están hoy afectados por las fallas técnicas en la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que tramita el agendamiento de citas para obtener el pasaporte, entre otros servicios fundamentales. Detrás está una modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac) por la que la Cancillería autorizó un pago de 3.109 millones de pesos (unos 860.000 dólares) al contratista encargado, a pesar de sus continuos incumplimientos en esa labor. Así lo concluye el informe final de supervisión e interventoría del proyecto, que no se llevó a cabo y en el que se perdieron 15 meses.
La interventoría del contrato al sistema de documentación para los consulados cuestiona el desembolso del 30% del total pactado. El beneficiado, Aldesarrollo, ha sido señalado por los excesos de los convenios entre entidades del Estado
Miles de colombianos están hoy afectados por las fallas técnicas en la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que tramita el agendamiento de citas para obtener el pasaporte, entre otros servicios fundamentales. Detrás está una modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac) por la que la Cancillería autorizó un pago de 3.109 millones de pesos (unos 860.000 dólares) al contratista encargado, a pesar de sus continuos incumplimientos en esa labor. Así lo concluye el informe final de supervisión e interventoría del proyecto, que no se llevó a cabo y en el que se perdieron 15 meses.
La revelación más grave de este documento tiene que ver con ese desembolso, efectuado el 17 de diciembre de 2024. William Albarracín, el funcionario de la Cancillería que firma el reporte en calidad de supervisor, deja constancia de que el giro autorizado por su antecesora, la ingeniera Luz Adriana Rodríguez, se hizo con base en unos soportes que no cumplían con los mínimos de calidad, suficiencia e idoneidad. Además, la factura no registra el IVA.
El origen de este descalabro se remonta a 2024, cuando el Gobierno empezó a preocuparse por la inminente obsolescencia tecnológica del Sitac. En lugar de abrir una licitación pública, el equipo del entonces canciller Luis Gilberto Murillo optó por una contratación directa. Eligió a dedo a Aldesarrollo, una entidad pública que agrupa instituciones de educación superior, y cuyo extenso objeto social abarca desde estudios del espacio hasta instalación de energía nuclear.
El resultado del convenio interadministrativo (entre entidades del Estado) que se firmó el 15 de octubre de 2024, por 10.364 millones de pesos, no podía ser peor: la primera fase de actualización y mejoramiento del Sitac, que debía concluir el 31 de diciembre de 2024, se prorrogó dos veces, hasta el 31 de agosto de 2025, sin que al final Aldesarrollo hubiera cumplido sus obligaciones.
Desde el comienzo, el cronograma presentó retrasos e incumplimientos. En su informe final, Albarracín señaló que no se entendía cómo la empresa planteaba que estaba cumpliendo, cuando los avances en todo lo convenido eran prácticamente inexistentes. Nada funcionaba. Entre enero y marzo de 2025, el módulo para agendar citas de pasaportes y otros trámites fracasó en tres pruebas piloto con varios consulados. Y, en agosto, ensayos con usuarios revelaron problemas en el registro y la asignación de citas.
Aldesarrollo tampoco cumplió con su deber de entregar una infraestructura en la Nube que fuera escalable y segura. Hoy se habla de ataques cibernéticos.
Hasta el manejo del personal fue caótico. Siete meses después de firmado el contrato, Aldesarrollo cambió su equipo, lo cual generó reprocesos y retrasos. Además, no presentó el último pago de la seguridad social.
En enero de este año, la Cancillería anunció un proceso sancionatorio contra la empresa. La Unidad Investigativa de Caracol Radio preguntó a la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y a su jefe de prensa sobre el estado de ese proceso y sobre la posibilidad de recuperar los 3.109 millones de pesos, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Aldesarrollo hace parte del grupo de tres empresas que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, pidió investigar hace más de un año ante los indicios de que se concertaron “para falsear el mercado y alterar las probabilidades del sistema competitivo en el marco de procesos de contratación pública”.
Esta Unidad Investigativa buscó varias veces al director de la compañía, Omar Enrique Flórez. En distintas ocasiones, su asistente, quien se identificó como Lis Rois, dijo que el ejecutivo no se encontraba en la oficina y que devolvería la llamada apenas pudiera. Hasta el momento de publicar esta historia eso no ha ocurrido.
Consultado sobre las razones por las cuales se firmó un contrato tan sensible con Aldesarrollo, además de prorrogarlo y autorizar el pago del 30% del total, el excanciller Murillo respondió por escrito que tomaron la mejor opción del mercado. “El pago obedece a un avance del 30% de la ejecución del contrato, previa verificación de la supervisión técnica, administrativa y financiera (…). La ejecución del 70% restante es responsabilidad de quienes me sucedieron”, dijo.
El hoy candidato presidencial aportó un dato revelador: en el estudio de mercado que la Cancillería hizo antes de entregar el contrato a dedo participó Red Summa, otra de las organizaciones denunciadas ante la Fiscalía por Idárraga.
En cuanto a la exministra Laura Sarabia, en cuya administración se autorizó la segunda prórroga, una asesora muy cercana recuerda que esto ocurrió apenas una semana después de su posesión, cuando buena parte de los funcionarios nombrados por Murillo seguían en el Ministerio y tomaban decisiones. El contrato con Aldesarrollo fue uno de los 21 avalados por su antecesor y que la actual embajadora en Londres envió a la Contraloría por presuntas irregularidades.
A pesar de la alerta que lanzó el secretario presidencial, este año Aldesarrollo ha amasado más de 347.000 millones de pesos en contratos con diferentes entidades del Estado. La Fiscalía conformó un equipo especializado, que se apoya en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para abordar lo que promete ser un macrocaso de corrupción. La Procuraduría investiga al director de Aldesarrollo por presuntas irregularidades en un proceso relacionado con el mejoramiento de vías en Santander, valorado en 1.700 millones de pesos, provenientes de regalías. No obstante, la empresa parece inmune a los cuestionamientos.
EL PAÍS
