Una veterana legisladora demócrata, frecuente crítica del presidente Donald Trump, acusada el jueves de distribuir al menos 100 kilos de marihuana en Virginia. Dos exfuncionarios del FBI que enfrentan cargos por presuntamente mentir al Congreso en una investigación centrada en la familia del expresidente Joe Biden. Una demanda contra el Estado de Alaska para impedir la certificación de los resultados electorales si el candidato republicano al Senado no gana. Una congresista demócrata investigada por supuestamente haber hecho declaraciones falsas durante su proceso de naturalización. Y una demanda que busca sustentar una teoría de conspiración sobre un supuesto fraude electoral masivo en California.
En cuatro casos concretos, el Departamento de Justicia ha roto la vieja tradición de reservar para periodos alejados de las elecciones los procesos judiciales que involucran a figuras políticas
Una veterana legisladora demócrata, frecuente crítica del presidente Donald Trump, acusada el jueves de distribuir al menos 100 kilos de marihuana en Virginia. Dos exfuncionarios del FBI que enfrentan cargos por presuntamente mentir al Congreso en una investigación centrada en la familia del expresidente Joe Biden. Una demanda contra el Estado de Alaska para impedir la certificación de los resultados electorales si el candidato republicano al Senado no gana. Una congresista demócrata investigada por supuestamente haber hecho declaraciones falsas durante su proceso de naturalización. Y una demanda que busca sustentar una teoría de conspiración sobre un supuesto fraude electoral masivo en California.
Se trata de maniobras inusuales del Departamento de Justicia de Trump, dirigidas contra figuras demócratas a pocas semanas de las elecciones de medio mandato, en las que el presidente aspira a imponerse en todos los frentes. La tradición de la justicia estadounidense había sido reservar para periodos alejados de las votaciones los casos que involucran a personajes de ambos partidos, a fin de evitar influir en las urnas. La proximidad de los comicios ha despertado suspicacias sobre los verdaderos motivos detrás de estos procesos judiciales e investigaciones, aunque algunos lleven varios meses en desarrollo.
“El momento en que se presenta esta acusación socava la política, mantenida durante mucho tiempo por el Departamento de Justicia, de no emprender acciones legales —incluidas imputaciones o medidas investigativas de gran calado— cerca de una elección”, declaró la gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, en referencia a las imputaciones por narcotráfico que ahora enfrenta la senadora estatal L. Louise Lucas.
La acusación contra Lucas
De 82 años, L. Louise Lucas es una de las legisladoras de mayor rango en el Congreso de Virginia, donde ha mantenido un escaño desde hace 30 años. Fue electa por primera vez en 1991, desde 2020 ocupa el cargo de presidenta pro tempore y actualmente preside el Comité de Finanzas y Asignaciones del Senado, encargado del presupuesto estatal, la política fiscal y el gasto público. Por eso es considerada uno de los demócratas de mayor peso en el Estado.
Pero la Fiscalía de Trump asegura que Lucas llevaba una doble vida y que, de hecho, usó su influyente cargo político para proteger una empresa criminal que ella dirigía y que habría sido responsable de distribuir al menos 100 kilos de marihuana, además de generar 4,5 millones de dólares de manera ilícita. La fachada era un negocio de marihuana para uso recreativo del cual Lucas era copropietaria, pero cuyo vínculo mantendría oculto en los reportes a la legislatura, y en el que también participaban sus familiares, según el Gobierno federal.
Si bien esta investigación comenzó antes del segundo mandato de Trump, la medida tomó por sorpresa al Partido Demócrata por la cercanía a las midterms. Lucas se entregó a las autoridades el jueves, poco antes de que se anunciaran los cargos en su contra. Pero la senadora estatal afirmó que no se dejará intimidar.
“Hoy, el FBI, el Departamento de Justicia y todo el peso del Gobierno federal se han volcado contra una bisabuela de 82 años. Crecí bajo el régimen de Jim Crow”, declaró Lucas, refiriéndose a una época en la que los negros aún sufrían las consecuencias de la segregación y la discriminación. “He visto lo que sucede cuando quienes están en el poder intentan silenciar a quienes les plantan cara. He pasado toda mi vida luchando y no voy a detenerme ahora”, enfatizó.
La investigación a los Biden
No extrañó que la familia de Joe Biden, uno de los principales adversarios políticos de Trump, también quedara bajo el foco en estos días de turbulencia judicial en Washington. El viernes, dos exfuncionarios del FBI fueron imputados por presuntamente mentir al Congreso en el marco de una investigación sobre si agentes de esa dependencia intentaron restar importancia a las acusaciones de corrupción contra la familia del expresidente y a las pruebas vinculadas con una computadora portátil de su hijo Hunter Biden.
Nikki Floris y Bradley Benavides, ambos exespecialistas de inteligencia de alto nivel, enfrentan acusaciones de hacer declaraciones falsas en un asunto bajo la jurisdicción del poder legislativo. Los cargos derivan de una investigación sobre el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera (FITF, por sus siglas en inglés), una unidad del FBI ya disuelta que encabezaba los esfuerzos de la agencia para proteger las elecciones de 2020 frente a la injerencia extranjera.
Ambos testificaron en 2023, durante el mandato de Biden, ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, cuando los republicanos cuestionaron la participación del FITF en las investigaciones relacionadas con Hunter Biden. Según el Departamento de Justicia, Floris y Benavides negaron que el grupo de trabajo tuviera bajo investigación al hijo del entonces presidente. Uno de ellos afirmó falsamente que se había enterado de que el FBI tenía en su poder la computadora portátil de Hunter Biden al leerlo en Wikipedia en 2023, según la acusación.
La actuación inicial del FBI en este asunto ha sido objeto de duras críticas por parte de los republicanos, quienes sostienen que la familia Biden estuvo involucrada en actividades corruptas, aunque no han presentado pruebas concluyentes que respalden esas acusaciones. Esa versión se originó en las declaraciones que Alexander Smirnov hizo al FBI, en las que intentó vincular a Biden y a su hijo con el cobro de comisiones ilegales por negocios en Ucrania. Smirnov admitió en 2024 que había mentido por motivos políticos y llegó a un acuerdo para declararse culpable de obstrucción a la justicia.
Que estos nuevos cargos contra exfuncionarios del FBI se hayan anunciado a menos de dos semanas de las elecciones también ha encendido las alarmas sobre el posible trasfondo político del caso.
Estados Unidos contra Ilhan Omar
La congresista demócrata Ilhan Omar, nacida en Somalia hace 44 años, es otra de las adversarias políticas de Trump. A medida que se acercaban las elecciones de medio mandato, el Departamento de Justicia ordenó registrar la residencia de la legisladora en Washington D. C. Varios medios informaron que el objetivo último de la investigación sería retirarle la ciudadanía estadounidense y deportarla a Somalia, el país que abandonó cuando era niña. Su padre, Nur Omar Mohamed, la trajo a Estados Unidos en 1995, tras pasar por un campo de refugiados en Kenia.
La investigación gira en torno a una supuesta falsedad sobre su edad al obtener la ciudadanía, en 2000. Trump, por su parte, ha repetido en mítines la acusación infundada de que Omar se casó con su hermano.
El registro de la vivienda de Omar, realizado a mediados de mes, concluyó con la incautación de su teléfono móvil, cuadernos, computadoras personales y pasaporte. Ese mismo día, la oficina de la congresista denunció lo que calificó de “abuso de poder indignante” y “escalada sin precedentes” en la instrumentalización de las fuerzas del orden para atacar a adversarios políticos.
El expresidente Barack Obama calificó de “espantosa” e “indignante” la investigación contra Omar y la describió como un intento de intimidación política por parte de la Administración Trump. “Todo el peso del Gobierno federal está cayendo sobre una funcionaria electa que respeta la ley porque se atrevió a criticar al presidente”, escribió Obama en las redes sociales.
La demanda contra California
California, que desde enero de 2011 ha sido gobernado por demócratas, también se convirtió en uno de los objetivos recientes de la Fiscalía de Trump. El 15 de octubre, cuando faltaban 19 días para las elecciones de medio mandato, el Gobierno federal demandó a funcionarios electorales del Estado. Alegó haber detectado más de 20.000 personas no ciudadanas inscritas indebidamente en el padrón electoral.
Pero la oficina electoral del condado de Los Ángeles reveló que, al analizar una muestra de esos casos, determinó que el 40% de las personas señaladas había declarado haber nacido en Estados Unidos.
En la mirilla están dos de los funcionarios electos más influyentes de la Costa Oeste: Shirley Weber, secretaria de Estado de California, responsable de supervisar los comicios estatales, y Dean Logan, titular de la oficina electoral del condado de Los Ángeles.
La Administración Trump persiste en tratar de demostrar las teorías conspirativas que han difundido el presidente y funcionarios de su Gobierno: que numerosos inmigrantes indocumentados votan ilegalmente en California para favorecer a los demócratas y que el padrón electoral aún incluye a personas fallecidas o que se han mudado a otros Estados.
Sin embargo, los distintos operativos realizados por agentes del FBI y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) no han logrado confirmar esas afirmaciones.
Este lunes, el Departamento de Justicia pidió a Washington información sobre unos 400 electores, una maniobra similar a la realizada en California, en lo que aparenta ser otro frente en su ofensiva contra el supuesto fraude electoral de los no ciudadanos.
Una demanda preventiva en Alaska
Alaska, donde tiene lugar una de las contiendas más reñidas que podría definir el control del Senado, se ha convertido también en blanco de la Fiscalía de Trump. La semana pasada, el Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear la certificación automática de los resultados de esta carrera el próximo 3 de noviembre en ese Estado si el senador republicano Dan Sullivan, que se enfrenta a la demócrata Mary Peltola, pierde la elección.
¿La razón? Hay un tercer candidato en la boleta, también llamado Daniel J. Sullivan, que se presenta como independiente, y la Administración Trump argumenta que este segundo Sullivan se ha presentado con el objetivo de engañar a los votantes, ya que la similitud en los nombres podría conducir a equivocaciones.
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