Una prueba de ADN ha confirmado este lunes, con una “probabilidad superior al 99,9999%”, que Bernarda Rosalba Vera Contardo está viva y localizada. Vera era una de las integrantes del listado de las 1.469 personas detenidas y dadas por desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) hasta que en 2025 una investigación periodística localizó en Mar del Plata (Argentina) a una mujer que podía ser ella. El juez de derechos humanos Álvaro Mesa ordenó la prueba de ADN que ha confirmado ahora su identidad.
El caso fue detectado por el Plan Nacional de Búsqueda en 2024. La profesora, militante del MIR, tenía 27 años en 1973 y su nombre figura en el listado oficial de víctimas de la represión
Una prueba de ADN ha confirmado este lunes, con una “probabilidad superior al 99,9999%”, que Bernarda Rosalba Vera Contardo está viva y localizada. Vera era una de las integrantes del listado de las 1.469 personas detenidas y dadas por desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) hasta que en 2025 una investigación periodística localizó en Mar del Plata (Argentina) a una mujer que podía ser ella. El juez de derechos humanos Álvaro Mesa ordenó la prueba de ADN que ha confirmado ahora su identidad.
Vera tiene una hija que durante cinco décadas creyó que su madre había sido una de las víctimas de desaparición forzada de la dictadura, pues sus familiares perdieron su rastro en 1973, cuando la hija tenía cinco años. Sus muestras de ADN, disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal (SML), han sido fundamentales para la identificación de la mujer a través de la comparación del perfil genético.
La posibilidad de que Vera siguiera viva comenzó a investigarse en 2024, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia que impulsó el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026). Una de sus investigadoras, la periodista Pascale Bonnefoy, preguntó por Bernarda Vera mientras indagaba sobre las víctimas de la sureña ciudad chilena de Neltume que habían sido militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Bonnefoy halló incongruencias en los relatos. Testimonios extrajudiciales señalaron que la mujer, que había sido condenada a muerte durante la dictadura, habría logrado huir de Chile a finales de 1973 sin que su familia lo supiera.
El Plan de Búsqueda continuó la investigación y logró información, más de un año después, de que una mujer llamada Bernarda Vera obtuvo refugio político y la nacionalidad en Suecia, además de datos sobre su grupo familiar en ese país: tuvo tres hijos. Posteriormente, se había trasladado a Argentina. Con estos antecedentes, los periodistas del equipo de investigación de Chilevisión decidieron indagar y dieron finalmente con la localización física de la mujer en Mar del Plata.
Vera, que usaba el nombre político Anita, figuró durante décadas en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig), que impulsó el presidente Patricio Aylwin (1990-1994). En este documento se la nombra como una profesora que en 1973 tenía 27 años y una hija de cinco, y se afirma que había sido detenida el 10 de octubre de aquel año y “ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén” junto a otros 15 detenidos de Liquiñe.
Su familia perdió contacto con ella el fin de semana previo al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, encabezado por Pinochet. Fue la última vez que sus padres y su hija la vieron con vida.
La madrugada del 12 de septiembre de 1973, un grupo de miristas —como se llama a los integrantes del MIR— protagonizó un asalto, que resultó frustrado, al retén de Carabineros en Neltume, del que pretendían hacerse con las armas para defender al derrocado gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Bernarda Vera habría sido parte de este grupo y los militares la buscaban a viva voz por las calles. Algunos de sus excompañeros de militancia han confirmado que estuvo en Neltume.
Cinco décadas después, la investigación de Bonnefoy fue la base para la averiguación que inició el juez Álvaro Mesa, que en octubre de 2025 abrió un procedimiento judicial reservado. La realización de la prueba de ADN ha sido una parte fundamental de las diligencias.
Junto al caso de Vera, el Plan de Búsqueda también logró que se reconociera como víctima oficial de la dictadura a Luis Pinto Soto, un adolescente de 15 años que desapareció en julio de 1986 en la víspera de una gran protesta nacional en contra de la dictadura.
EL PAÍS
