La duda ahora que Morena está en la palestra, acusado de ser la representación de un narcogobierno, es por qué, cuando sus líderes pudieron, no separaron del cargo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al político morenista de cinco cargos, entre ellos asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y secuestro con resultado de muerte.
Si alguien ha sido protegido y cubierto con el manto de la impunidad de Morena, ese ha sido Rubén Rocha Moya
La duda ahora que Morena está en la palestra, acusado de ser la representación de un narcogobierno, es por qué, cuando sus líderes pudieron, no separaron del cargo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al político morenista de cinco cargos, entre ellos asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y secuestro con resultado de muerte.
El morenista, quien gobierna Sinaloa desde 2021, fue señalado previamente por vínculos con el narcotráfico el 10 de agosto de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada García, lo señaló en una carta escrita por él como uno de los participantes a una reunión convocada el 25 de julio de ese año. El Mayo fue “secuestrado” en esta fecha por su ahijado, Joaquín Guzmán López, y entregado a las autoridades de Estados Unidos.
El Mayo fue explícito entonces. Si él acudió a la reunión en un rancho en Culiacán fue porque el hijo del Chapo Guzmán lo convocó para resolver desavenencias entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el empresario, político y exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Estos estarían presentes en la encerrona, de acuerdo al documento de Zambada.
Exonerado por la Fiscalía General y dos presidencias, la de Andrés Manuel López Obrador y la de Claudia Sheinbaum, Rubén Rocha Moya es el único de aquella reunión que sigue libre. Zambada fue entregado por Guzmán López, quien también se rindió en suelo norteamericano. Cuen Ojeda fue asesinado en el mismo rancho de la cita inmediatamente después de la llegada del Mayo a Estados Unidos. Esto a pesar de que la Fiscalía de Sinaloa (bajo la tutela de Rocha) pretendió hacer un montaje haciendo pasar el homicidio como un robo con violencia ocurrido cuando el chofer del empresario estaba cargando gasolina.
La sola delación del narcotraficante y otrora líder del Cartel de Sinaloa habría bastado para que López Obrador marcara distancia con el gobernador; pero los compromisos políticos del mandatario federal con el estatal resultaron en un contundente espaldarazo a Rocha que se extendió, con gira exprofeso para ello, a la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Desde ese momento ya se especulaba con que era añejo el lazo político que unía al gobernador de Sinaloa con los presidentes y representantes de Morena. No nada más como fundador y aliado del movimiento, sino como impulsor de votos para el partido en su Estado a favor del oficialismo. En 2021, de hecho, en el proceso electoral que Rocha ganó con poco más de 620.000 votos, la oposición denunció de manera aislada y anónima la participación del cartel local en la compra de votos, la eliminación de casillas y la amenaza a ciudadanos que organizaban los comicios.
Durante los últimos seis años, si alguien ha sido protegido y cubierto con el manto de la impunidad de Morena, ese ha sido Rubén Rocha Moya. Hasta este 29 de abril, cuando se conoció la acusación en el sistema federal de justicia criminal de Estados Unidos.
La indagatoria del Distrito Sur de Nueva York, firmada por la jueza Katherine Polk Failla, y que consta de 34 páginas, es un documento que lleva integrándose con al menos seis años de investigación. Estructurar una averiguación previa, un indictment por su nombre técnico en las cortes norteamericanas, no es cuestión de meses. Pueden transcurrir hasta diez años, o más, para que funcionarios del Departamento de Justicia reúnan las pruebas suficientes para que una Corte americana acepte tomar el caso, iniciar un proceso judicial y generar una orden de acusación contra los demandados, sean narcotraficantes, profesionales de cualquier sector aliados al crimen, políticos, funcionarios, de su país o de otro que tenga, como es el caso de México, injerencia directa en la comisión de un delito que afecta en su territorio.
Las 34 páginas de la indagatoria también dan cuenta de la colaboración del ala de los Chapitos para incidir en la elección local de 2021, sucedida dos años después que López Obrador ordenara la liberación de Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo. Aún así, Rocha sigue siendo protegido por el Gobierno, y pone en entredicho a la presidenta: o lo separa del cargo, lo detiene y lo extradita como ha solicitado Estados Unidos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, o lo sigue encubriendo con impunidad por el interés de Morena en el preámbulo político a las elecciones intermedias de 2027, donde Sinaloa y otros 16 Estados elegirán un nuevo gobierno.
La Fiscalía dirigida por la morenista Ernestina Godoy y la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Roberto Velasco, han defendido al gobernador Rocha Moya con el argumento de que el Departamento de Justicia no ha aportado “pruebas”. Hace no mucho, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no protegería a nadie, siempre y cuando se presentaran pruebas, un dicho que parece haber anticipado la tormenta política, judicial y electoral que desató la acusación contra su protegido.
La indagatoria del Departamento de Justicia, sin embargo, sí presenta elementos de modo, tiempo y lugar de las acusaciones que hace contra el morenista y otras nueve personas que fueron o son sus colaboradores principales.
La acusación que llega de Estados Unidos señala a Rocha por haberse reunido con los Chapitos previo a la elección de 2021, para que los capos garantizaran su triunfo electoral a cambio de protección y plazas en las áreas de seguridad. También acusan al senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de Gobierno de Sinaloa; a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la FGE-Sinaloa y quien investigó la muerte de Cuen Ojeda;, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la policía de investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, quien ocupó el mismo cargo y el militar en retiro, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública. También figura Juan de Dios Gámez Mendivil, el actual alcalde de Culiacán, y José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Esto evidencia cómo todo un Gobierno estatal ha estado al servicio de los cárteles, a la vista de todos y con la impunidad provista por dos sexenios desde la presidencia en manos de Morena y que, aun así, sigue su curso y sin rectificación inmediata.
EL PAÍS
