El escándalo por la presencia en Chihuahua de dos agentes de la CIA de la que el Gobierno federal no tenía conocimiento se ha cobrado la primera dimisión. El fiscal del Estado, César Jáuregui, ha anunciado su renuncia esta tarde, tras la presentación de los primeros resultados por parte de la comisión que había instalado la gobernadora, Maru Campos, para indagar en la participación de los extranjeros en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. “La información con la que contamos en un inicio, que compartí con la opinión pública, era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación”, ha reconocido el titular del ministerio público en una breve conferencia de prensa. “El compromiso exige el estricto respeto a la legalidad, a la soberanía y a los protocolos de colaboración internacional”, ha agregado poco antes de asumir su “responsabilidad política” en el manejo del tema.
César Jáuregui asume la responsabilidad de no haber indagado en la razón de la presencia de los funcionarios extranjeros: “La información con la que contamos era inconsistente y ameritaba una investigación”
El escándalo por la presencia en Chihuahua de dos agentes de la CIA de la que el Gobierno federal no tenía conocimiento se ha cobrado la primera dimisión. El fiscal del Estado, César Jáuregui, ha anunciado su renuncia esta tarde, tras la presentación de los primeros resultados por parte de la comisión que había instalado la gobernadora, Maru Campos, para indagar en la participación de los extranjeros en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. “La información con la que contamos en un inicio, que compartí con la opinión pública, era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación”, ha reconocido el titular del ministerio público en una breve conferencia de prensa. “El compromiso exige el estricto respeto a la legalidad, a la soberanía y a los protocolos e colaboración internacional”, ha agregado poco antes de asumir su “responsabilidad política” en el manejo del tema.
El anuncio de Jáuregui se ha producido seguidamente de las declaraciones de la fiscal Wendy Paola Chávez, quien encabezaba las investigaciones internas para esclarecer los hechos. La responsable ha detallado los movimientos del convoy en el que iban los funcionarios mexicanos y los estadounidenses, que partió de la ciudad de Chihuahua el jueves, 16 de abril, y terminó despeñándose por un barranco el domingo de madrugada. Fue el terrible accidente vial el que destapó la presencia de los agentes en el territorio, cuya participación no había trascendido hasta entonces. El informe se ha basado en el análisis preliminar de unas 50 entrevistas con agentes ministeriales y 10 informes periciales, según ha anunciado Chávez en su comparecencia.
De acuerdo con los testimonios recabados, los funcionarios de Estados Unidos no formaban parte formal del despliegue operativo institucional, y su inclusión en el convoy no fue reportada a los mandos superiores. “Su participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa salvo con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y su círculo inmediato de seguridad personal”. El titular de la agencia, Pedro Román Oseguera, y otro elemento del Ministerio Público, también fallecieron en el accidente.
Tras una semana de inconsistencias en la información y una fuerte presión política para esclarecer los hechos, las averiguaciones presentadas este lunes señalan que, aunque los agentes de la CIA viajaron desde Chihuahua, “no ingresaron a la reunión que tuvo lugar en Guachochi, no tuvieron contacto con los mandos militares y no participaron en ninguna reunión de planeación, coordinación ni ejecución del operativo”. En un inicio se había dado a entender que los funcionarios extranjeros habían sido recogidos desde el lugar en el que se encontraban, en el interior del Estado, no que habían partido desde el principio en convoy que salía de la capital estatal. “Hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como fiscal, tenía la obligación de asegurar”, ha entonado en mea culpa César Jáuregui.
El Gobierno federal aseguró este fin de semana que los elementos estadounidenses habían entrado al país con pasaporte diplomático y como turistas. El comunicado de la Secretaría de Seguridad reiteraba el desconocimiento por parte del gabinete de Sheinbaum de la presencia de los agentes, de los que los testigos refieren que mantuvieron su rostro cubierto la mayor parte del tiempo. Tampoco “portaban armas de fuego ni ningún elemento que permitiera inferir que actuaban como parte de alguna institución nacional o extranjera”, en palabras de Wendy Paola Chávez. Maru Campos, del conservador PAN, se reunió el jueves con el secretario del ramo, Omar García-Harfuch, pero no trascendió casi nada del encuentro, salvo que se había comprometido a facilitar toda la información.
La presión ha ido creciendo a lo largo de la semana y se ha trasladado también al ámbito legislativo. Morena y sus aliados parlamentarios forzaron la votación de un punto de acuerdo el miércoles pasado para que la gobernadora Maru Campos compareciera en el Senado para dar explicaciones. La fórmula empleada, entre protestas de la oposición, fue la “invitación respetuosa”, pues no podían exigir la rendición de cuentas de un Ejecutivo estatal. Campos fue citada este martes para comparecer frente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta, pero al cierre de la edición no era claro si la reunión se llevará a cabo.
Mientras Maru Campos ha adoptado un perfil bajo y ha sorteado casi cualquier aparición pública, su partido se ha empleado a fondo para defender su gestión y sacar pecho por el desmantelamiento del narcolaboratorio, que ha quedado opacado por la cuestión bilateral. “Desafortunadamente, estos hechos han eclipsado un logro de la mayor relevancia”, ha admitido el propio Jáuregui esta tarde, durante el anuncio de su dimisión, en la que ha llamado a “restablecer la confianza pública”, fuertemente cuestionada tras el episodio.
Esta es una cuestión que levanta una enorme polvareda en el país. En lo que va de sexenio, Claudia Sheinbaum ha dedicado gran parte de los esfuerzos a repeler los intentos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de “ayudar” a la mandataria a luchar contra el crimen organizado enviando militares al otro lado de la frontera. Intercambio de información, sí; elementos de Estados Unidos en México, no. Esa ha sido la respuesta constante de la presidenta a las envestidas del republicano, que amaga a cada tanto con expandirse en el resto de países del continente. La posibilidad de que lo hubiera hecho sin siquiera saberlo abría una brecha en un discurso que hasta ahora había trazado una línea roja infranqueable en el suelo. Sheinbaum también ha exigido explicaciones al país vecino, pero estas no han llegado tan rápido como las del Estado fronterizo. Más bien al contrario, las autoridades del país anglosajón han respondido acusando a la mandataria de “falta de compasión” por los funcionarios fallecidos en el operativo.
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