La coalición gobernante ha comenzado a mover sus piezas rumbo a la elección de 2027. Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han instalado este miércoles la primera mesa formal de negociación política para definir la estrategia de alianzas y el reparto de candidaturas en los Estados para los próximos comicios intermedios, el termómetro con miras a 2030. Un proceso que buscará definir alianzas, candidaturas y reglas internas en medio de un clima marcado por una preocupación que sobrevuela todas las conversaciones: el impacto político de los presuntos vínculos entre actores del oficialismo y el crimen organizado.
El bloque oficialista abre las negociaciones con PT y PVEM para definir candidaturas y alianzas mientras el caso de Rubén Rocha los obliga a reforzar los controles sobre perfiles ligados al crimen organizado
La coalición gobernante ha comenzado a mover sus piezas rumbo a la elección de 2027. Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han instalado este miércoles la primera mesa formal de negociación política para definir la estrategia de alianzas y el reparto de candidaturas en los Estados para los próximos comicios intermedios, el termómetro con miras a 2030. Un proceso que buscará definir alianzas, candidaturas y reglas internas en medio de un clima marcado por una preocupación que sobrevuela todas las conversaciones: el impacto político de los presuntos vínculos entre actores del oficialismo y el crimen organizado.
Las negociaciones han arrancado bajo una nueva directriz: blindar la selección de candidatos. Es lo anunciado este miércoles en conferencia de prensa por dirigentes y liderazgos de los tres partidos: Ariadna Montiel por Morena, Alberto Anaya por el PT y Karen Castrejón por el Verde; junto con Citlalli Hernández. Estos cambios ocurren en medio de la presión política generada por los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, hoy con licencia, Rubén Rocha Moya, y la acusación de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
En las reuniones preliminares, como adelantó EL PAÍS, dirigentes de la coalición pusieron énfasis en la creación de filtros internos para garantizar perfiles “honestos y confiables” y evitar, según ha dicho Hernández, “que no tengamos en nuestras filas perfiles que manchen los principios e ideales de esta coalición”.
El método de encuesta para elegir primero a los coordinadores en territorio que, según el modelo del oficialismo, son quienes se perfilan a convertirse en candidatos, será el eje rector, pero se dará peso a la opinión positiva de la ciudadanía. Además, se solicitará vista a las autoridades para confirmar la decisión. “En el camino seguiremos explorando qué otros mecanismos más fuertes nos permitan blindar, pero por ahora serán la opinión de la ciudadanía y de las autoridades”, ha dicho Hernández.
El fantasma de Rocha Moya ha aparecido en la conferencia. Morena evitó colocar el tema en la agenda pública, pero el endurecimiento de los filtros para candidatos y el caso de Sinaloa dominaron los cuestionamientos a las dirigencias. Lo mismo que el embate del oficialismo contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, contra quien han solicitado un juicio de procedencia. Morena la acusa de traición a la patria por el caso de los dos agentes de la CIA que murieron tras un operativo conjunto.
En las conversaciones que Hernández sostuvo con los socios políticos de Morena, los dirigentes del PT y PVEM coincidieron en la necesidad de poner más candados a fiselección rumbo a 2027, particularmente en Estados con alta penetración del crimen organizado o donde las disputas territoriales han contaminado históricamente los procesos electorales. La preocupación no es menor: cualquier señal de infiltración criminal podría convertirse en uno de los principales flancos de ataque en la próxima contienda intermedia. Una campaña que en el frente opositor ya han accionado.
Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que el tono de la nueva dirigencia de Morena cambió de manera significativa respecto a la etapa de Luisa María Alcalde. La agrupación guinda ofreció abrir mesas permanentes de diálogo, revisar mecanismos de distribución de candidaturas y reconocer mayor peso político a las estructuras regionales de sus aliados. La intención es evitar rupturas tempranas en Estados donde la competencia electoral se anticipa más cerrada.
Junto con la reconstrucción política apareció otra prioridad: blindar la coalición frente al riesgo de que se les cuele algún perfil indeseable. El caso Sinaloa se ha convertido, pese a que en público la retórica es de defensa, en el ejemplo más visible de los costos que enfrenta Morena cuando las sospechas sobre posibles vínculos criminales alcanzan a figuras de alto nivel.
Los cambios también responden, refieren las fuentes consultadas, a otro fenómeno que preocupa a la dirigencia: el crecimiento acelerado del movimiento. Esto abrió la puerta a la incorporación de grupos políticos locales con trayectorias diversas y, en algunos casos, con vínculos construidos al amparo de poderes regionales difíciles de rastrear. Como es el caso de Diego Rivera, el presidente municipal de Tequila, Jalisco. El alcalde —emanado de Morena— enfrenta un proceso en prisión por sus vínculos con el Cartel Jalisco, uno de los grupos criminales más poderosos en México.
El PT y el Verde llegaron a la negociación con exigencias concretas. Ambos partidos reclaman mayor participación en la toma de decisiones y advierten que no aceptarán quedar nuevamente subordinados a candidaturas definidas exclusivamente desde la dirigencia nacional morenista, refieren a EL PAÍS fuentes de los partidos aliados.
La instalación de la mesa llega días después de la renovación de la dirigencia de Morena, con el control político del partido en manos de Montiel. La nueva etapa interna también colocó a Hernández como la encargada de conducir las negociaciones con los partidos aliados. Una tarea que comenzó por emprender una operación cicatriz que recompusiera la relación con el PT y el Verde tras meses de fricciones acumuladas durante la gestión de Alcalde, hoy consejera jurídica de la presidencia.
EL PAÍS
