En apenas diez días, dos personas han muerto a tiros en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), otra bajo su custodia y una cuarta fue arrollada por un camión cuando huía de un agente. El mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 53 años, se dirigía al trabajo en Texas en su furgoneta cuando los agentes le dieron el alto y fue confundido por otro hombre al que sí buscaban. El colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26, conducía su vehículo de camino a su empleo en Maine cuando los miembros del ICE lo interceptaron. Sus últimas palabras fueron: “Traté de detenerme”. Tampoco lo buscaban. El venezolano José Manuel Arenas, de 45 años, sufrió un infarto durante el traslado de un centro de detención a otro en Georgia.
En apenas diez días, dos personas han muerto a tiros en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), otra bajo su custodia y una cuarta fue arrollada por un camión cuando huía de un agente. El mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 53 años, se dirigía al trabajo en Texas en su furgoneta cuando los agentes le dieron el alto y fue confundido por otro hombre al que sí buscaban. El colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26, conducía su vehículo de camino a su empleo en Maine cuando los miembros del ICE lo interceptaron. Sus últimas palabras fueron: “Traté de detenerme”. Tampoco lo buscaban. El venezolano José Manuel Arenas, de 45 años, sufrió un infarto durante el traslado de un centro de detención a otro en Georgia. Seguir leyendo
En apenas diez días, dos personas han muerto a tiros en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), otra bajo su custodia y una cuarta fue arrollada por un camión cuando huía de un agente. El mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 53 años, se dirigía al trabajo en Texas en su furgoneta cuando los agentes le dieron el alto y fue confundido por otro hombre al que sí buscaban. El colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26, conducía su vehículo de camino a su empleo en Maine cuando los miembros del ICE lo interceptaron. Sus últimas palabras fueron: “Traté de detenerme”. Tampoco lo buscaban. El venezolano José Manuel Arenas, de 45 años, sufrió un infarto durante el traslado de un centro de detención a otro en Georgia.
La ofensiva que ha emprendido la Administración de Donald Trump contra los extranjeros en Estados Unidos ha matado al menos a 62 personas ―52 en centros de detención y el resto en operativos, según un recuento de Associated Press, que incluye a ciudadanos estadounidenses― en apenas año y medio y ha causado un clima de terror en las ciudades de todo el país, que alberga a un 15,4% de población migrante. La comunidad más numerosa, con un arraigo histórico, es la mexicana, con 11,1 millones. También es la nacionalidad con más muertos a manos del ICE: 17. Tras el caso de Lorenzo Salgado Araujo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha elevado la protesta. Ha anunciado que recurrirá a la justicia estadounidense para que se investigue cada una de esas 17 muertes.
México ha pasado de las quejas diplomáticas a la acción penal por dos vías: ante el Departamento de Justicia y ante las fiscalías de los Estados donde ocurrieron las muertes. También ha remitido el asunto al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La decisión del Gobierno mexicano lo convierte en el que con mayor contundencia ha expresado su rechazo a estas políticas respecto a otros países cuyos connacionales han sido víctimas de balazos en la calle al ser detenidos o han fallecido encerrados en centros gestionados por empresas privadas que, como denuncian numerosas organizaciones de derechos humanos, no cumplen con las condiciones mínimas de higiene y salubridad a la espera de la deportación.
La reacción del Gobierno saliente de Gustavo Petro en Colombia a la muerte del joven de 26 años, al que los agentes del ICE llegaron a esposar muerto en el suelo, es de menor intensidad. En un comunicado, el Ministerio de Justicia colombiano pide “una investigación pronta, transparente e imparcial”, expresa su rechazo y lamenta “el asesinato” de Johan Sebastián Durán. Petro tuvo un fuerte enfrentamiento con Trump por los primeros vuelos de deportación de colombianos, en 2025. “Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, dijo entonces, y aseguró que no permitiría el aterrizaje. Como represalia, Trump impuso aranceles del 25% a los productos colombianos. La crisis se desactivó cuando Petro reculó y aceptó los vuelos. Ahora, en X, ha solicitado “al consulado poner acusación formal a este integrante de ICE que asesinó a Joan Sebastian Guerrero”, con la foto del agente.
El ferviente aliado de Trump, Abelardo de la Espriella, como presidente electo de Colombia, no ha dicho nada. Como nada ha dicho Venezuela, convertida en un protectorado de facto de Estados Unidos, por la muerte de José Manuel Arenas en custodia del ICE.
En una Latinoamérica que Trump considera su área de influencia hegemónica, en la que la mayoría de los gobiernos son aliados de derecha y ultraderecha, México es de los pocos que intentan poner límites a la presión que ejerce Washington. Está por ver qué recorrido tienen esas denuncias. “Llevamos 17 mexicanos muertos, y que no ocurra nada, ni la menor disculpa, es grave y retrata la crueldad de esta política y la falta de respeto por los derechos y la vida de los detenidos”, afirma Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. En su opinión, “la medida de México llega con retraso, pero es importante”, y la limitada respuesta que han dado otros países “a la muerte de sus connacionales muestra la incapacidad de establecer un reclamo serio ante la política de Estados Unidos”.
El Gobierno de Lula, en Brasil, protestó cuando en enero de 2025, al inicio del huracanado segundo mandato de Trump, aterrizó un vuelo con 88 personas expulsadas que iban con esposas en las manos, grilletes en los pies y cadenas en la cadera. Viajaron además en un avión con averías, en el que no funcionaba el aire acondicionado y algunos temieron morir. Brasil calificó el trato de “denigrante”, convocó al agregado de negocios estadounidense y logró que un miembro de la Embajada brasileña pudiera supervisar los embarques.
El poder económico, en materia de seguridad y de migración que ejerce Washington sobre Latinoamérica condiciona la respuesta de cada país a la hora de hacer valer los derechos de sus compatriotas migrantes. También la de México, que tiene que medir cada paso en un momento especialmente envenenado entre México y su vecino del norte. El discurso que maneja la presidenta se centra en denunciar injerencias de Estados Unidos y en la constante defensa de la soberanía, a la que le subió el volumen sobre todo después de que la justicia estadounidense pidiera, en abril, la extradición de una decena de políticos y altos cargos del Estado de Sinaloa por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esa lista incluye, por primera vez, a un gobernador estatal en activo, Rubén Rocha Moya, del partido de Sheinbaum, Morena, que se ha apartado temporalmente del cargo.
La respuesta de México para la detención y entrega de los 10 acusados fue pedir pruebas suficientes a la justicia estadounidense de esa relación de los políticos con el narco. Ese frente sigue atascado, con la DEA diciendo cosas como que hay una “conexión mortal” entre el Gobierno de México y los carteles. Entre tanto, Estados Unidos ha anunciado que el gran acuerdo comercial que negocia con Canadá y México —para el que es crucial— tendrá que revisarse año a año, lo que añade incertidumbre a empresas e inversores.
La presidenta ha asegurado que no persigue “un conflicto” con esa nueva estrategia judicial y dijo esta semana que el embajador estadounidense en México “se mostró muy perceptivo de nuestra preocupación”. Sin embargo, días después, la reacción de Washington fue otra. El viernes decidió devolver las cartas de protesta que había presentado el Gobierno mexicano a los centros de detención, gestionados por empresas, como paso previo a demandas civiles. El Departamento de Estado interpreta que esas misivas de México “pretendían dictar las acciones del personal del Gobierno de los Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense”, en una señal de advertencia de que la estrategia de Sheinbaum para defender a los connacionales en el norte no ha gustado en Estados Unidos.
México ya hizo concesiones en política migratoria durante la primera presidencia de Trump para evitar aranceles ―que continuó con el demócrata Joe Biden―, cuando se fraguó una cooperación para contener el flujo migratorio del sur y se militarizó el control fronterizo.
Los mexicanos en Estados Unidos, como otros extranjeros, se enfrentan a diario al miedo a un encuentro con el ICE, a la detención y a la deportación. Los que tienen papeles y los que no. “En una familia, por ejemplo, a veces el padre es indocumentado, pero no los hijos que nacieron en Estados Unidos, y eso genera temor en todos los miembros. Todos los días temen ir al trabajo, recoger a los niños… Salir a la calle a hacer la compra es un reto”, señala Efraín Jiménez, coordinador general del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes, presente en una treintena de ciudades de Estados Unidos.
En los últimos meses, el ICE ha intentado pasar más desapercibido, pero no ha dejado de detener a migrantes con sus métodos brutales, con agentes sin identificar, embozados, en coches sin matrícula y armados. “Los contratan al vapor, sin revisar su historial”, dice Jiménez, quien reclama que Estados Unidos investigue las muertes y dé capacitación adecuada a los agentes. Celebra la iniciativa de Sheinbaum, “que no debe verse como una confrontación entre países”, y le reclama que “fortalezca la capacidad de la red consular con más personal, recursos económicos y una política permanente de acompañamiento” a una comunidad migrante que es “transgeneracional y bicultural”.
La eficacia de la vía penal que pretende impulsar México es incierta y “no será rápida”, pronostica Ariel G. Ruiz Soto, analista del Migration Policy Institute en Washington. “El Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones independientes, pero al ser parte del ramo ejecutivo, los resultados de casos políticamente sensibles no suelen ir en contra de agencias federales respaldadas por la Casa Blanca”, explica. El Gobierno mexicano anunció que ya ha empezado a presentar denuncias en las fiscalías de los Estados donde ocurrieron las muertes, además de la acción ante el Departamento de Justicia. Por ahora, “está haciendo más por sus connacionales que cualquier otro país latinoamericano, es de los más críticos y explícitos contra esta política, y eso es importante”, dice Ruiz Soto.
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