Daniel Ortega hizo un anuncio el domingo, durate la conmemoriación de la Revolución sandinista, que terminó de sepultar los últimos vestigios de democracia en Nicaragua. “Aquí no volverá a haber elecciones”, sentenció. Con esa frase cerró explícitamente la vía electoral como mecanismo de cambio político de cara a los comicios previstos para noviembre de 2027. Además, anunció que trabajará con el Parlamento, controlado por él, para “poner un muro” a los partidos políticos que pretendan llegar al Gobierno por esa vía.
Ortega anuncia durante la conmemoración de la Revolución sandinista reformas legales para impedir que la oposición dispute el poder y apunta a un modelo de partido hegemónico
Daniel Ortega hizo un anuncio el domingo, durate la conmemoriación de la Revolución sandinista, que terminó de sepultar los últimos vestigios de democracia en Nicaragua. “Aquí no volverá a haber elecciones”, sentenció. Con esa frase cerró explícitamente la vía electoral como mecanismo de cambio político de cara a los comicios previstos para noviembre de 2027. Además, anunció que trabajará con el Parlamento, controlado por él, para “poner un muro” a los partidos políticos que pretendan llegar al Gobierno por esa vía.
“¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos [os partidos políticos opositores] atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo Ortega este 19 de julio, durante el acto del 47 aniversario de la insurrección sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979.
Aunque en la práctica el anuncio no modifica una realidad conocida por los nicaragüenses —las elecciones locales y nacionales han estado marcadas por sucesivos fraudes desde 2008, según organismos internacionales de observación electoral—, sí supone un salto discursivo y político. Las elecciones presidenciales de 2021 ya habían sido el mejor ejemplo de un sistema sin competencia: Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, encarcelaron a todos los precandidatos opositores con posibilidades reales de disputarles el poder a través de las urnas y se adjudicaron el 75,92% de los votos.
A eso hay que sumarle que el régimen copresidencial, después de desterrar a todos los opositores, los inhabilitó de por vida para aspirar a cargos públicos al declararlos traidores a la patria y atribuirles otros delitos políticos, dejando solo a partidos comparsas que ellos controlan. Estados Unidos calificó aquellos comicios de “pantomima”, mientras otros gobiernos y organismos internacionales desconocieron su legitimidad.
Pero ahora, aunque no precisó los detalles de cómo se materializaría ese cambio, Ortega apunta hacia un modelo electoral más cercano al de regímenes de partido hegemónico o de poder permanente, como Corea del Norte y Cuba, donde las elecciones existen formalmente, pero no constituyen un mecanismo real para disputar el poder. Este nuevo viraje confronta directamente con Washington que, en todo momento, ha exigido elecciones libres para Nicaragua.
El abogado y opositor en el exilio, Juan Diego Barberena, insiste en que lo novedoso no es que las elecciones dejen de ser libres. “Desde hace dos décadas el derecho a elegir estaba conculcado, pero ahora Ortega está diciendo que ni siquiera las elecciones fraudulentas, las pantomimas que organizaban, van a realizarse”, afirma. A juicio del jurista, cuyo título fue cancelado recientemente, el mensaje apunta a la “perpetuación del poder de forma dinástica” y refleja “el carácter absolutista” que ha ido adquiriendo el régimen.
Lo que sí dijo Ortega es que pondrá limitaciones a los partidos políticos. Remarcó que trabajará con sus diputados y sus aliados políticos en la Asamblea Nacional y con las “organizaciones correspondientes” para hacer las leyes “que le pongan un muro, un bloque” a las formaciones que contemplen la opción electoral para llegar al Gobierno de Nicaragua. “Entonces, que esos partidos ganen las elecciones… Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás… Por mucha plata que le den los yanquis (a los partidos políticos), no podrán, no podrán”, insistió Ortega en su discurso.
Para Juan Sebastián Chamorro, uno de los siete aspirantes presidenciales encarcelados por el régimen antes de las elecciones de 2021, el anuncio de Ortega confirma una concepción del poder que ha defendido desde hace años. “Siempre ha expresado que los partidos políticos son indeseables porque, según él, dividen a las sociedades”, afirma. A juicio del economista, el mandatario aspira a transformar Nicaragua en un sistema de partido único, inspirado en modelos como el de China.
“Probablemente lo que está pensando Ortega es en un sistema de designaciones internas, como ocurre en China, donde los funcionarios son escogidos dentro del propio partido y no mediante una competencia electoral abierta”, interpreta Chamorro.
Aunque por ahora los opositores especulan sobre el modelo que Ortega puede imponer, como lo hizo antes con la figura de la “copresidencia” para repartirse el poder y asegurar la sucesión junto a su esposa, lo cierto es que esta pretensión choca de frente con la política que Washington ha sostenido hacia Nicaragua durante los últimos años. Desde el estallido de la crisis sociopolítica de 2018, Estados Unidos ha insistido en que cualquier salida pasa por el restablecimiento de la democracia y la celebración de elecciones libres, competitivas y con observación internacional.
En marzo pasado, el Departamento de Estado dijo que su estrategia hacia la “dictadura Murillo-Ortega” busca restaurar el Estado de derecho y propiciar “un cambio de comportamiento”. Washington no precisó entonces qué nuevas medidas contemplaba, pero enmarcó su advertencia en el monitoreo de los apoyos internacionales que recibe el régimen y en el uso de sus herramientas diplomáticas para aumentar la presión.
Estados Unidos recordó que desde 2018 ha impuesto sanciones financieras contra decenas de funcionarios y entidades vinculadas al poder, mientras mantiene abiertas otras vías de presión política, económica y migratoria. “Todas las opciones siguen sobre la mesa”, advirtió el portavoz, una fórmula deliberadamente amplia con la que evitó descartar nuevas sanciones, restricciones de visado u otras acciones contra el régimen.
Por su parte, el analista político en el exilio Eliseo Núñez interpreta el anuncio como una maniobra para modificar las reglas de cualquier eventual negociación futura. “Ortega juega a los hechos consumados”, sostiene. “Si en algún momento las presiones lo obligan a negociar, ya no partirá del punto de que en Nicaragua existen elecciones que deben ser libres y competitivas. Ahora el punto de partida será que simplemente no hay elecciones”.
Núñez coincide con Chamorro en la idea del “centralismo democrático” chino. Sin embargo, advierte de que, incluso si ese modelo queda plasmado en las reformas anunciadas, las decisiones seguirán dependiendo exclusivamente de Ortega y Murillo. “Ortega da este paso convencido de que mantiene el control interno gracias a la estabilidad económica y la represión, mientras percibe que la atención de Estados Unidos está concentrada en otras prioridades”, concluyó.
EL PAÍS
