Los dos tenientes coroneles buscados por la Fiscalía General de República debido a su participación en el contrabando de combustible en la aduana de Matamoros, Tamaulipas, trataron de ampararse contra el bloqueo de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ninguno de los recursos judiciales, uno radicado en Ciudad de México y el otro en Tamaulipas, tiene sentencia definitiva. Este lunes, el diario Reforma publicó que estos dos militares de alto rango, junto a un elemento castrense más, forman la parte marcial de una conspiración criminal que con otros 10 funcionarios y empresarios introdujo 144 millones de litros de hidrocarburos entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025. Con esta acusación, el escándalo del contrabando de combustible en las aduanas de México llega ahora, tras la implicación de la Armada, a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los militares implicados fueron directores consecutivos de la aduana de Tamaulipas, por donde se contrabandearon 144 millones de litros de combustible de junio de 2024 a julio de 2025
Los dos tenientes coroneles buscados por la Fiscalía General de República debido a su participación en el contrabando de combustible en la aduana de Matamoros, Tamaulipas, trataron de ampararse contra el bloqueo de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ninguno de los recursos judiciales, uno radicado en Ciudad de México y el otro en Tamaulipas, tiene sentencia definitiva. Este lunes, el diario Reforma publicó que estos dos militares de alto rango, junto a un elemento castrense más, forman la parte marcial de una conspiración criminal que con otros 10 funcionarios y empresarios introdujo 144 millones de litros de hidrocarburos entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025. Con esta acusación, el escándalo del contrabando de combustible en las aduanas de México llega ahora, tras la implicación de la Armada, a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Esta organización delictiva mantiene una red de corrupción que incluye a personal de las Fuerzas castrenses, como el extitular de la Aduana Matamoros, Armando Barrera Trujillo, teniente coronel de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya gestión se encuentra dentro del periodo de investigación del 1 de junio (de 2024) al 15 de julio de 2025 y del actual titular de la referida aduana, Blas Pedro Sarabia García, también teniente coronel de Sedena, cuya gestión dio comienzo a partir del día 15 de julio de 2025″, cita Reforma la investigación que sustenta la orden de captura contra estos dos militares. Esta pone como cabeza de la red a Armando III Riestra Fernández, dueño y operador de Servicios Aduanales, una empresa de Tamaulipas y que está preso desde enero en el penal federal del Altiplano.
De acuerdo a esto, la parte del león las operaciones de estraperlo investigadas ocurrieron bajo el mando del teniente coronel Armando Barrera Trujillo, que interpuso un amparo a finales de febrero de este año en los juzgados de Ciudad de México. El acto que reclama, básicamente la acción de la autoridad que el teniente coronel considera que vulnera sus derechos humanos, es “la orden y acuerdo de aseguramiento o cualquier otra restricción impuesta sobre las cuentas bancarias” y su “inclusión en lista de personas bloqueadas”. En total, tiene seis cuentas repartidas entre Banorte, Banjercito, BBVA y Banamex.
Aunque las autoridades judiciales le negaron la suspensión definitiva en marzo, el prófugo Barrera Trujillo ha puesto a lo largo de estos meses quejas, solicitado la revisión de los amparos e intentado la vía de explorar el conflicto competencial entre tribunales. Con esta estrategia ha logrado que se libere una de sus cuentas de Banjercito, pero solo los fondos relativos a su pensión.
Por la misma fecha, pero en Tamaulipas, puso su amparo el teniente coronel Sarabía García, que estuvo menos de un mes del periodo de investigación al frente de la aduana de Matamoros. En su caso, se queja contra la “la orden verbal o escrita de bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del suscrito”, concretamente en los bancos BBVA y Santander; la falta de notificación del inicio del procedimiento administrativo y su inclusión en la lista de personas bloqueadas. En su caso le fue concedida “la suspensión del bloqueo, embargo, aseguramiento o inmovilización” de su cuenta en BBVA para que “pueda disponer de las percepciones que recibe como empleado de la Agencia Nacional de Aduanas de México, a fin de garantizar su subsistencia”.
El control de las aduanas fue entregado a las fuerzas militares a mediados de 2020, siendo los marinos los encargados de los puertos, mientras los soldados se quedaron con las de tierra. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo justificó, como en otros muchos encargos tradicionalmente asignados a personal civil, en la honestidad y eficacia de los cuerpos castrenses. Este caso, tras la red de corrupción que creció dentro de la Marina de México, es el segundo de contrabando de combustible en el que se ven involucrados los militares mexicanos encargados de gestionar las fronteras comerciales.
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