Más de un centenar de economistas y académicos ha suscrito una carta en la que reclaman un alivio de las sanciones económicas a Venezuela para que pueda aliviar el golpe de los dos terremotos consecutivos que sacudieron Caracas y la región de La Guaira el pasado 24 de junio y que han dejado al menos 3.535 fallecidos y 16.740 heridos, según el último balance oficial.
Los académicos reclaman al FMI que restablezca el acceso de Caracas al Fondo para poder acceder a los 5.000 millones de los derechos especiales de giro
Más de un centenar de economistas y académicos ha suscrito una carta en la que reclaman un alivio de las sanciones económicas a Venezuela para que pueda aliviar el golpe de los dos terremotos consecutivos que sacudieron Caracas y la región de La Guaira el pasado 24 de junio y que han dejado al menos 3.535 fallecidos y 16.740 heridos, según el último balance oficial.
Un total de 113 economistas de prestigio, entre los que figuran Isabella Weber, Jeffrey Sachs o James K. Galbraith, entre otros, piden “actuar de inmediato para liberar la respuesta humanitaria y la reconstrucción de Venezuela frente a las sanciones económicas y financieras continuas, la congelación de activos y las onerosas cargas de deuda”.
El terremoto que sacudió Venezuela hace dos semanas ha sido devastador. Cientos de edificios, colegios, hospitales y otras instalaciones se han visto afectados. El seísmo ha golpeado a un país sumido en crisis económica desde hace años y en una compleja situación política. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez sufre una especie de tutela de Washington desde que el pasado enero el ejército estadounidense lanzara una operación militar relámpago para capturar a Nicolás Maduro mientras dormía en Caracas.
Los académicos reclaman al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que levante “las amplias sanciones económicas contra Venezuela, incluidas las que puedan afectar al Banco Central de Venezuela (BCV), instituciones gubernamentales, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)” y otras instituciones y empresas públicas. “La emergencia es humana antes que política. El rescate, el refugio, los hospitales, el agua, la energía, el transporte, la comida y los medicamentos no pueden esperar a la negociación diplomática, los comités de acreedores o la documentación de sanciones. Cada hora de retraso convierte un desastre natural en una catástrofe social evitable”, señala el manifiesto.
“Es un acto bárbaro que Estados Unidos y Europa retengan miles de millones de dólares en fondos que pertenecen a Venezuela y que el país necesita desesperadamente”, señala Mark Weisbrot, presidente del Center for Economic and Policy Research (CEPR), una de las plataformas que ha impulsado el manifiesto.
Levantar las restricciones financieras
“Se suele ignorar que las sanciones de EE UU destruyeron la economía venezolana”, precisa Weisbrot. “Venezuela sufrió la recesión más profunda de la historia en tiempos de paz entre 2012 y 2020, cuando perdió el 74% de su PIB, una cifra récord, que equivale a más del triple de la magnitud de la Gran Depresión estadounidense de la década de 1930. El 88% de esta pérdida se produjo tras las sanciones impuestas por EE UU, las cuales, a partir de 2017, aislaron al país de manera creciente y drástica de los mercados financieros internacionales y de sus ingresos en divisas”, concluye.
Los economistas también reclaman al Reino Unido que colabore con el Banco de Inglaterra para garantizar la descongelación de las reservas de oro del Banco de Venezuela, valoradas en unos 5.000 millones de dólares y que representan un tercio de los activos del banco central. Y piden a Portugal que trabaje con Novo Banco para que devuelva los 1.200 millones de dólares pertenecientes al banco de desarrollo venezolano (Bandes), en virtud de una decisión judicial de 2023. “Sea cual sea la postura de uno sobre la política interna de Venezuela, el actual conjunto de medidas económicas coercitivas dirigidas al país es un instrumento indiscriminado”, sostienen los firmantes. “Este es el momento de eliminar cualquier obstáculo económico y financiero para el alivio y la reconstrucción”, subrayan.
El manifiesto también apela al Fondo Monetario Internacional (FMI). Los académicos reclaman al organismo multilateral con sede en Washington que facilite el acceso de Caracas a los mecanismos financieros del Fondo y pueda emplear los 5.000 millones de dólares aproximadamente de los Derechos Especiales de Giro (DEG), unos activos de reserva internacional, una especie de moneda global que emite el FMI y que Venezuela podría emplear para gestionar la catástrofe. También solicitan al organismo que dirige la búlgara Kristalina Georgieva que apruebe “inmediatamente un desembolso del Instrumento de Financiación Rápida (RFI) de 4.000 millones de dólares, utilizando su justificación de emergencia y desastres naturales, sin condiciones”.
Aunque el FMI anunció el pasado abril que restablecía relaciones con Venezuela tras siete años suspendidas, el Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, aún mantiene algunas restricciones sobre el Banco Central de Venezuela (BCV) que impiden acceder a los instrumentos financieros del FMI, según explica Andrés Arauz, investigador del CEPR. “El BCV necesita la certificación 25B que lo reconoce como banco del gobierno. Ese detalle pequeño es vital, les permitiría contar con liquidez de forma inmediata y no solo para una mejor respuesta del desastre, sino para mejorar la estabilidad cambiaria de Venezuela”, apostilla.
Moratoria de la deuda
Además, hacen un llamamiento a los prestamistas para que concedan una moratoria sobre la deuda venezolana. Piden a los acreedores que cancelen o suspendan el servicio de la deuda, los intereses, las sanciones y los atrasos, y busquen una reducción integral de la deuda coherente con una recuperación basada en derechos y una reconstrucción resiliente al clima. “Una crisis de deuda en estas condiciones es una crisis de desarrollo y humanitaria”, apuntan.
La deuda de Venezuela está en manos de tres grandes grupos de prestatarios: las empresas que enjuiciaron al país por las expropiaciones; los tenedores de bonos del Gobierno y de PDVSA emitidos en los años noventa; y la deuda oficial en manos de China, Rusia y otros, cuya cuantía es menor, según explica Arauz.
“El pueblo venezolano no debe pagar dos veces: primero mediante desastres, y luego mediante sanciones, reservas congeladas y un servicio insostenible de la deuda”, destacan los académicos y economistas. “Instamos a los gobiernos, instituciones financieras internacionales y acreedores a actuar ahora, bajo el principio de que las vidas, la salud pública y la recuperación económica tienen prioridad sobre la coacción y la cobranza”, concluyen.
Los investigadores creen que las medidas aprobadas por Estados Unidos para tratar de ayudar al Gobierno de Delcy Rodríguez a gestionar la catástrofe no son suficientes. Washington ofreció una asistencia financiera por 300 millones de dólares, envió equipos especializados para ayudar a salvar vidas atrapadas entre los escombros y maquinaria para retirar los edificios caídos. También emitió una licencia temporal para poder hacer transferencias a Venezuela exclusivamente con carácter humanitario. Pero todo esto es insuficiente, según los firmantes del manifiesto.
Cuanto más rápido, menor será el coste
Andrés Arauz, investigador del CEPR, conoce el sufrimiento y las dificultades para hacer frente a un terremoto. En abril de 2016, cuando era ministro de Ecuador, sufrió el terremoto de Manabí que dejó casi 700 fallecidos y unas pérdidas de 3.000 millones. “Estas propuestas ayudarían a la recuperación postterremoto. Las estimaciones del impacto económico sobre la situación venezolana son muy grandes, en torno al 10% del PIB venezolano, y eso requiere un gran esfuerzo de reconstrucción”, precisa este economista experto en finanzas y economía internacional.
“Mientras más pronto se realice la reconstrucción, más daño se puede evitar, más vidas se pueden salvar del impacto económico tras el desastre. No solo por la caída de los edificios, sino por la paralización económica que suele ocurrir después”, apunta Arauz, que fue ministro de Ecuador entre 2015 y 2017. ”La reconstrucción de la infraestructura, la rehabilitación de residencias, de viviendas, de diversos proyectos críticos, es indispensable y para eso hay que importar mucha maquinaria, mucha tecnología, etc», afirma.
Andrés Arauz explica cómo fue el origen del manifiesto: “Cuando fui ministro de Ecuador, viví el terremoto de Manabí en 2016. Recordaba los inmensos esfuerzos que tiene que realizar cualquier Estado si quiere recibir ayuda internacional y, además, desplegarla urgentemente sobre el terreno, en la zona de desastre. Y para eso requiere máxima flexibilidad”. El economista añade: “Cuando vi el terremoto de Venezuela, consciente de que la situación del país por las sanciones impedía ese tipo de agilidad, nos pusimos en contacto un grupo de colegas para plantear una iniciativa pidiendo que se eliminen las sanciones y que permitan tener una respuesta rápida para atender y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas y luego poder tener una rehabilitación y reconstrucción lo más pronto posible”.
EL PAÍS
