El Gobierno de Javier Milei tuvo que desmembrar el proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada para lograr su aprobación en el Senado. Por 37 votos a favor y 33 en contra, la Cámara Alta dio media sanción en la madrugada de este viernes a la normativa sin dos de sus capítulos clave. En la víspera de la sesión legislativa extirpó el que eliminaba cualquier restricción a la venta de tierras a empresas e individuos extranjeros; en la recta final del debate, al ver que le faltaban votos, retiró también el que impedía el cambio de uso del suelo de pastizales, humedales, bosques implantados y tierras agropecuarias después de un incendio.
La Cámara Alta debate el proyecto modificado de la ‘Ley de inviolabilidad de la propiedad privada’ con marchas de protesta en las calles
El Gobierno de Javier Milei tuvo que desmembrar el proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada para lograr su aprobación en el Senado. Por 37 votos a favor y 33 en contra, la Cámara Alta dio media sanción en la madrugada de este viernes a la normativa sin dos de sus capítulos clave. En la víspera de la sesión legislativa extirpó el que eliminaba cualquier restricción a la venta de tierras a empresas e individuos extranjeros; en la recta final del debate, al ver que le faltaban votos, retiró también el que impedía el cambio de uso del suelo de pastizales, humedales, bosques implantados y tierras agropecuarias después de un incendio.
El fuerte rechazo popular a la extranjerización de tierras y a cambiar la Ley de manejo del fuego después de años de devastadores incendios en la Patagonia llevó a muchos senadores a anunciar que votarían en contra de ambos capítulos. El Gobierno se resistió durante tres meses a cualquier modificación, pero terminó por capitular urgido por la necesidad de una victoria legislativa, aunque fuese agridulce. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
Heridos y detenidos
Ni la decisión anunciada de suprimir el capítulo de extranjerización de tierras ni la lluvia ni las bajas temperaturas impidieron que una multitud saliera a las calles para expresar su oposición a la ley bajo el grito “la patria no se vende”. En Buenos Aires, a media tarde, cuando los que salían de trabajar se acercaban a la plaza frente al Congreso para sumarse a la manifestación, se vieron sorprendidos por los gases lacrimógenos que el viento arrastraba desde el corazón de la protesta. Había miles de personas en la plaza cuando la policía comenzó a reprimir y provocó una desbandada en todas direcciones.
Los agentes antidisturbios lanzaron chorros de agua, gases lacrimógenos y balas de goma para impedir que un pequeño grupo derribara las vallas de contención frente al Congreso y frenar el lanzamiento de piedras y otros objetos.
Muchos manifestantes se replegaron en calles cercanas e intentaron regresar, lo que aumentó la tensión y convirtió el centro de la ciudad en el escenario de persecuciones y de enfrentamientos que se prolongaron durante más de tres horas. Según fuentes oficiales, hay diez detenidos y al menos cinco personas heridas, entre ellas una fotógrafa con traumatismo de cráneo y un gendarme hospitalizado por un piedrazo.
Debate postergado
Milei y su Gabinete han dejado claro que no renuncian a modificar la ley de tierras, vigente desde 2011, sino que aplazan el debate a la espera de vientos políticos más favorables. El Gobierno está convencido de que la posibilidad de vender las tierras rurales del país al mejor postor favorecerá la inversión foránea, tal y como respondió el miércoles por la noche el canciller argentino, Pablo Quirno, durante una entrevista televisiva en el canal A24:
— Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, ¿podría hacerlo?
— Y sí. Eso va a producir beneficios para Argentina.
La respuesta de Quirno se asemeja a los argumentos con los que el Gobierno presentó la iniciativa en mayo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que, de derogar la Ley de tierras, Argentina podría obtener inversiones cercanas a los 15.000 millones de dólares. “En su estado actual es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”, dijo ante productores agropecuarios. Hoy en día, cerca de 13 millones de hectáreas de Argentina —un 5% de la superficie total— están en manos foráneas, aunque su reparto es heterogéneo y la mayor concentración se registra en las áreas fronterizas y con recursos estratégicos, donde en algunos departamentos se supera el 15% autorizado por ley.
Pese a los intentos del Gobierno, el rechazo social a la extranjerización de tierras ha ido in crescendo en los últimos tres meses. Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, casi ocho de cada diez argentinos están a favor de poner límites a la venta de tierras. Figuras populares como el futbolista Lisandro Martínez y las cantantes Lali Espósito, Emilia Mernes y Tini Stoessel se han mostrado contrarias al capítulo que finalmente ha sido retirado. Durante los dos últimos recitales de la española Rosalía en Buenos Aires, el martes y el jueves, el público cantó “la patria no se vende” en mitad del espectáculo.
Los opositores a la iniciativa denunciaron desde un primer momento que se trataba de una nueva “ley ómnibus” que intentaba sacar adelante temas muy distintos y presionaron para frenarla en su totalidad. Durante el debate legislativo, el senador peronista Mariano Recalde consideró que las restricciones que el proyecto pone a las expropiaciones son, de facto, “un blindaje a la venta de tierras y a las privatizaciones”. Otros legisladores advirtieron también del peligro de acelerar los desalojos en un momento en el que la mora de las familias está en máximos históricos.
EL PAÍS
