El vicefiscal general de Sinaloa, Damaso Castro, ha pedido licencia de su cargo este martes tras la acusación de Estados Unidos de estar vinculado con el crimen organizado. El funcionario recoge así el guante de la titular de la Fiscalía, Claudia Zulema Sánchez, quien había justo confirmado que estaba estudiando apartarlo de su puesto mientras se realizaba la investigación. Castro aparece en el expediente del Departamento de Justicia de EE UU como una de las 10 figuras que trabajaban para el Cartel de Sinaloa. En el momento de la acusación, cuatro de ellos estaban entonces todavía en activo: Castro, el gobernador Rubén Rocha Moya, y sus alfiles Enrique Inzunza, senador de Morena, y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán. Ya solo falta el congresista por apartarse del cargo.
El funcionario recoge el guante de la titular Claudia Zulema Sánchez, quien estudiaba apartarlo de su puesto, y se une al gobernador Rubén Rocha Moya y al alcalde de Culiacán, también en licencia tras ser señalados por sus vínculos con el narco
La fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, ha confirmado este martes que está estudiando apartar del cargo a Damaso Castro, su segundo al mando, tras la acusación de Estados Unidos de estar vinculado con el crimen organizado. “Él ahorita continúa activo, sin embargo, se analiza la posibilidad de una separación en lo que la investigación continúe su curso para atender el debido proceso”, ha señalado la titular estatal sobre el vicefiscal. En el expediente del Departamento de Justicia se identifica a 10 figuras de trabajar para el Cartel de Sinaloa, cuatro de ellas estaban entonces todavía en activo: el gobernador Rubén Rocha Moya; sus alfiles Enrique Inzunza, senador de Morena, y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, y Damaso Castro. Hasta el momento, solo Rocha y Gámez han pedido licencia para apartarse del cargo.
Siguen las réplicas del terremoto originado por la acusación Estados Unidos contra Guzmán Salazar. Dentro de su investigación contra Los Chapitos —la facción liderada por los herederos del Joaquín El Chapo Guzmán—, la justicia estadounidense reveló 10 nombres, “todos ellos funcionarios actuales o antiguos del Gobierno o de las autoridades del orden público en Sinaloa”, que presuntamente protegieron a los líderes del cartel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales. Además, el expediente sostiene que los acusados también facilitaron a los criminales información sobre operativos a cambio de sobornos millonarios.
Damaso Castro, que es vicefiscal estatal desde 2021, utilizó su cargo para “informar a Los Chapitos de las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con el respaldo de los Estados Unidos”, según el Departamento de Justicia, que incluye entre los avisos aquellos operativos que iban contra los narcolaboratorios. “De modo que estos pudieran destruir o trasladar las pruebas de las actividades de tráfico de drogas antes de dichas operaciones”, se lee en el expediente, que resume que el funcionario ha protegido a Los Chapitos “para que no fueran detenidos”.
La acusación especifica que Castro recibía un soborno de 200.000 pesos cada mes (casi 11.000 dólares). Esto según unas listas, en poder del Departamento de Justicia, en el que el vicefiscal es identificado como Culiacán Regio. Estados Unidos describe en el documento cómo funcionaba la red: “El jefe de plaza de Culiacán suele recibir de los líderes de los Chapitos, cada mes, una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos ese mes”.
En esa lista aparece Castro y también los exdirectores de la Policía de Investigación de la Fiscalía Marco Antonio Almanza y su sucesor Alberto Jorge Contreras —denominados R1 en la lista, según EE UU— quienes recibían 300.000 pesos mensuales; el exdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, que ingresaba 100.000 pesos, y el exsecretario de Seguridad de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, que se llevaba 30.000 pesos. Todo esto según la acusación, que sostiene que los funcionarios “han permitido a los Chapitos traficar con toneladas de narcóticos y cometer actos de violencia masiva con total impunidad”. De estos acusados, solo Damaso Castro continúa en su puesto.
No es la primera vez que el vicefiscal salta al escrutinio público. Castro fue muy cuestionado cuando en agosto de 2024 presentó, junto a la entonces fiscal de Sinaloa Sara Bruna, un video en el que supuestamente se mostraba el asesinato en una gasolinera de Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, enemigo de Rubén Rocha y pieza clave en el caso de Ismael El Mayo Zambada. Con la divulgación de esa grabación, la Fiscalía estatal buscaba apuntalar su versión de que Cuén fue asesinado al tratarle de robar su coche. Esta línea de investigación fue rechazada después por la Fiscalía General de la República (FGR), quien confirmó que el video mostrado era un montaje y que el exrector fue asesinado en la misma finca donde fue secuestrado El Mayo el 25 de julio de 2024, con la intención de enviarlo a EE UU.
Este escándalo le costó el puesto a la fiscal Sara Bruna, sin embargo, no a Damaso Castro, quien de hecho se postuló para sustituirla y fue incluido por Rubén Rocha en la terna para ser fiscal de Sinaloa. El Congreso estatal eligió a Claudia Zulema Sánchez, quien ratificó a Castro en su cargo de vicefiscal. Tras ser nombrada, Sánchez afirmó que iba a revisar cómo se integró la carpeta de investigación por el asesinato de Cuén para deslindar irregularidades y responsabilidades. “Hasta la fecha se desconoce en qué concluyó la investigación que la fiscal inició hace dos años”, recoge el reconocido semanario Río Doce. Ahora, la fiscal ha pedido respetar “la presunción de inocencia” de Castro porque la investigación —otra— está todavía en curso.
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