Una llamada de teléfono hecha desde Washington el pasado 23 de julio bastó para que Chad, un país de África Oriental que ha sido miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI) desde 2007, anunciara cuatro días después que lo abandona. Ahora, el Gobierno chadiano del político y militar Mahamat Déby dice que es “selectivo en su actividad hacia el sur global”. El 24 de julio, Venezuela, que fue el primer país latinoamericano en entrar en esta corte cuando abrió sus puertas en 2002, hizo otro tanto. Caracas alegó que el tribunal “perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano”. Ambas decisiones han sido acogidas “con satisfacción” por Estados Unidos, que ha lanzado una campaña para desmantelar una institución que considera dañina para sus intereses nacionales ―y los de su gran aliado Israel―, aunque no forma parte de la misma.
Una llamada de teléfono hecha desde Washington el pasado 23 de julio bastó para que Chad, un país de África Oriental que ha sido miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI) desde 2007, anunciara cuatro días después que lo abandona. Ahora, el Gobierno chadiano del político y militar Mahamat Déby dice que es “selectivo en su actividad hacia el sur global”. El 24 de julio, Venezuela, que fue el primer país latinoamericano en entrar en esta corte cuando abrió sus puertas en 2002, hizo otro tanto. Caracas alegó que el tribunal “perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano”. Ambas decisiones han sido acogidas “con satisfacción” por Estados Unidos, que ha lanzado una campaña para desmantelar una institución que considera dañina para sus intereses nacionales ―y los de su gran aliado Israel―, aunque no forma parte de la misma. Seguir leyendo
Una llamada de teléfono hecha desde Washington el pasado 23 de julio bastó para que Chad, un país de África Oriental que ha sido miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI) desde 2007, anunciara cuatro días después que lo abandona. Ahora, dice que es “selectivo en su actividad hacia el sur global”. El 24 de julio, Venezuela, que fue el primer país latinoamericano en entrar en esta corte cuando abrió sus puertas en 2002, hizo otro tanto. Alegaba que el tribunal “perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano”. Ambas decisiones han sido acogidas “con satisfacción” por Estados Unidos, que ha lanzado una campaña para desmantelar una institución que considera dañina para sus intereses nacionales ―y los de su gran aliado Israel―, aunque no forma parte de la misma.
Las autoridades estadounidenses sancionaron este martes a Tomoko Akane, presidenta del TPI de nacionalidad japonesa, que se suma así a los ocho jueces y cuatro fiscales ya penalizados por Washington. Estos castigos excluyen a los afectados del sistema financiero estadounidense, con el que trabaja la mayoría de los bancos a escala internacional. Alcanzan además a todos aquellos —ya sean empresas, instituciones o particulares— que colaboren con ellos y repercuten de manera directa en el apoyo a las víctimas de los delitos perseguidos por el TPI: genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, y agresión armada. Sin embargo, el tribunal resiste en su labor de proteger la justicia y el Estado de derecho internacional, pero depende más que nunca de sus miembros para defender su labor e independencia.
Después de que Frank García, subsecretario estadounidense para Asuntos Africanos, instara a Chad a “reconsiderar su adhesión al Estatuto de Roma”, el texto fundacional del TPI, el Gobierno chadiano alegó que la eficacia del tribunal “ha sido limitada y variable en relación con las expectativas creadas con su creación”. Y que es “selectivo de manera innegable” en su actividad hacia el sur global. Venezuela, bajo tutela estadounidense tras el arresto de Nicolás Maduro, sostiene, por su parte, que el tribunal, además de “perpetuar la persecución” contra sus ciudadanos, “agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”.
En un comunicado emitido este miércoles, el TPI califica la nueva tanda de sanciones de “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa de conformidad con el mandato conferido por sus Estados miembros [125] de todas las regiones” del mundo. La nota añade que estas medidas coercitivas “también afectan a la capacidad de las víctimas para obtener justicia”, y subraya que el TPI “no se deja intimidar (…) y valora las constantes muestras de solidaridad de los Estados Partes, la sociedad civil y todos aquellos que apoyan el Estado de derecho y la justicia para las víctimas de crímenes internacionales”.
También se ha pronunciado este miércoles el presidente del Consejo Europeo, António Costa. “La presidenta [de la Comisión Europea] Ursula von der Leyen y yo nos mantenemos firmemente junto al Tribunal Penal Internacional, su presidenta Tomoko Akane y los funcionarios que defienden su misión”, ha escrito en la red social X (antes Twitter). “El TPI ayuda a brindar justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horrendos del mundo. Para llevar a cabo esta labor esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar de manera independiente y sin presiones externas”.
En su primera entrevista desde que se anunciaran ambas salidas, y también desde que empezó la campaña estadounidense para desmantelar el TPI, Osvaldo Zavala, su secretario, explica a EL PAÍS que el organismo entiende que “defender la justicia es incluso más importante cuando hacerlo es difícil”. “Sentimos que estamos recibiendo golpes que están fundamentalmente destinados al multilateralismo y el Estado de derecho internacional”, añade.
El jurista ecuatoriano lo describe así: “Los ataques que estamos recibiendo de los grandes poderes a diferentes niveles reflejan no solo la relevancia, sino también la independencia e imparcialidad con la que el TPI actúa”. Para que quede claro, Zavala subraya que la labor del tribunal “siempre puede ser vista desde una perspectiva política, pero es una organización judicial”.
El telefonazo de García vino precedido de las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, que consideraba al TPI “una amenaza para la soberanía nacional” de su país. Después, abogó por desmontarlo “ladrillo a ladrillo, si fuera necesario”.
La coyuntura actual de las relaciones con Estados Unidos, agrega Zavala, “se une a los problemas de los últimos tres años y medio, empezando por Rusia, que inició procesos penales contra juristas del tribunal, que culminaron [en 2025] con sentencias de prisión de hasta 15 años para nueve” de ellos. En 2023, el TPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños ucranios a territorio ruso.
“En 2023, sufrimos un ciberataque, y luego vino toda la discusión de las sanciones”, recuerda el secretario del organismo con sede en La Haya (Países Bajos). Se refiere a los nueve jueces y cuatro fiscales sancionados en estos momentos por Donald Trump, junto a quienes colaboren con el tribunal. Al mismo tiempo, el secretario puntualiza lo siguiente: “Hay mucho apoyo por parte de los Estados miembros, y eso también puede leerse como un mensaje político. El presupuesto del Tribunal está hoy por hoy pagado al 95%; y es muy raro que un organismo internacional tenga ese grado de liquidez”.
El TPI sigue, por tanto, adelante. Zavala, de hecho, subraya que la corte “trabaja en soluciones técnicas para poder funcionar, porque las sanciones generan extraterritorialidad en territorio europeo al afectar a cualquier entidad que le brinde apoyo material”.
Burkina Faso, Níger y Malí —tres países del Sahel africano—, así como Burundi y Filipinas, ya habían expresado su intención de dejar el TPI, aunque estos casos no guardan relación con las presiones estadounidenses. Las bajas son efectivas un año después de haber sido notificadas y no afectan a las investigaciones iniciadas antes, que siguen su curso. El anuncio de Chad y Venezuela coincide en el tiempo con la destitución de Karim Khan como fiscal jefe del TPI por conducta sexual inapropiada.
“No todas estas retiradas son iguales”, explica por teléfono Reed Brody, un abogado especializado en crímenes de guerra. “Burundi y Filipinas intentaron eludir las investigaciones sobre sus propios crímenes, pero no lo consiguieron”. Prueba de ello, dice, es que el expresidente filipino [Rodrigo] Duterte deberá comparecer ante el TPI a partir de noviembre por los asesinatos cometidos durante la guerra contra las drogas en su país.
El jurista estadounidense considera que los tres países del Sahel, gobernados por juntas militares, “se retiran como señal de ruptura con Occidente”. En Venezuela y Chad, “ahí la mano de Washington es visible”. “El propio comunicado chadiano reconoce que Estados Unidos le pidió ‘reexaminar’ su adhesión y el Gobierno venezolano está hoy a las órdenes de Washington”, detalla Brody.
Para Alette Smeulers, catedrática experta en el estudio de los crímenes internacionales de la Universidad de Groningen, Estados Unidos intenta avanzar hacia un nuevo orden mundial “en el que los más fuertes decidan sin ningún tipo de limitación”. En estos momentos, la Administración de Trump “trata de derribar el orden jurídico internacional mediante el desmantelamiento del TPI”. Y esa actitud, indica, “brinda la oportunidad a otros de hacer lo mismo y obtener más poder para sí mismos”.
Ambos expertos coinciden en lo perverso de un orden mundial “donde ‘los buenos’ serían los países leales a Trump”, en palabras de Smeulers. Porque, en contra de lo que sostiene Washington, el TPI no limita la soberanía estatal: “Solo limita la actuación de los Estados al no permitirles cometer violaciones graves de los derechos humanos y los más graves delitos que persigue, en el territorio de los Estados miembros del tribunal”.
El pasado 8 de enero, Trump dejó claro el único freno a su autoridad como comandante en jefe: “Mi propia moralidad; mi propia mente o criterio es lo único que puede detenerme”. Para la catedrática de la Universidad de Groningen, hablar así “es casi como una manipulación psicológica”. El mandatario dice que su rechazo al TPI “es para proteger la libertad y la democracia, cuando lo que intenta es derribar todos los controles y contrapesos que aseguran que no se gobierne sin cuartel”.
Brody aboga por poner en marcha lo antes posible el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea para neutralizar las sanciones estadounidenses contra los juristas del TPI. Al mismo tiempo, propone que “la Asamblea General de la ONU condene estas sanciones y que pida al Tribunal Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre su legalidad”. Smeulers defiende a su vez “formar un frente común de todos los Estados miembros del TPI para ver cómo lo van a proteger”. “Los países europeos, los países occidentales y muchos países africanos y de América Latina lo apoyan”, opina.
El TPI carece de policía propia para poder ejecutar una orden de arresto, ya sea contra el sospechoso africano con menos poder aparente; el presidente ruso, Vladímir Putin; o el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. “Hay un compromiso desigual con el tribunal, pero incluso los países más indulgentes con Israel por razones históricas, como Alemania, tienen en su ADN la defensa del derecho internacional”, concluye Brody.
EL PAÍS
