La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, en conjunto con la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), ha ejecutado este jueves una serie de allanamientos en distintos domicilios y oficinas en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, en la zona central de Chile, por una investigación que afecta a la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb), el organismo público encargado de proporcionar becas y alimentación a los estudiantes más vulnerables del país sudamericano.
La Fiscalía indaga a Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto en una trama de irregularidades en la licitación del Programa de Alimentación Escolar. La PDI también registra las instalaciones del organismo encargado de proporcionar becas y alimentos a los estudiantes
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, en conjunto con la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), ha ejecutado este jueves una serie de allanamientos en distintos domicilios y oficinas en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, en la zona central de Chile, por una investigación que afecta a la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb), el organismo público encargado de proporcionar becas y alimentación a los estudiantes más vulnerables del país sudamericano.
La indagatoria, que apunta a presuntas irregularidades en la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), ha llegado hasta el Congreso chileno ya que la policía civil también ha registrado las oficinas de los senadores Sergio Gahona, militante de la UDI, de la derecha tradicional, y Miguel Ángel Calisto, un independiente centrista. En el caso se investigan eventuales delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco.
El caso se ha originado en mayo pasado, a partir de una auditoría ordenada por el actual director de la Junaeb, Fernando Peña, sobre los contratos que había sostenido su antecesora, Camila Rubio. Las dudas han surgido a partir de un contrato con la Sociedad de Servicios de Alimentación (Soser S.A.). Entre las eventuales irregularidades investigadas aparecen raciones supuestamente infladas, certificados falsificados para obtener pagos con recursos públicos, adulteración de registros informáticos y distribución de alimentos contaminados en establecimientos educacionales de la región de O’Higgins.
La investigación del Ministerio Público ha apuntado hacia la falsificación de certificados para justificar pagos improcedentes con cargo a recursos públicos y el ingreso de información falsa en los sistemas informáticos de la Junaeb. También se ha abierto una arista paralela al caso en la que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago permitió revisar los correos y nubes institucionales de cinco funcionarios de la Junaeb que habrían conocido una advertencia judicial sobre las raciones supuestamente infladas y que, pese a ello, no habrían presentado una denuncia, según lo ha publicado BioBioChile.
Las diligencias autorizadas por el tribunal han contemplado los allanamientos de las oficinas de los senadores Calisto y Gahona, además de un registro en la propia sede de la Junaeb. También se han permitido diligencias sobre ejecutivos y personas vinculadas a Soser, funcionarios y exfuncionarios de la Junaeb, dirigentes gremiales, y el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez.
Fernando Peña, director de la Junaeb, ha destacado el avance de la investigación de la Fiscalía, que según él ha confirmado las sospechas sobre presuntas irregularidades en los contratos cerrados por el organismo en períodos anteriores. “Yo no estoy calumniando a nadie, de que no estoy inventando nada. Ojo que también lo hizo la exdirectora Camila Rubio, también me denunció por calumnia. Entonces es importante que quizás con estos antecedentes que hoy día salen a la luz, quede claro que nosotros no estamos inventando nada, que estas no son fantasías y que acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”, ha dicho Peña en una rueda de prensa.
El actual director del servicio también ha explicado que los senadores Gahona y Calisto por coima y cohecho, y que son parte del mismo “paraguas” de las irregularidades denunciadas en contra su antecesora. “La línea de investigación que denunciamos ante Fiscalía tenía que ver con un eventual fraude al fisco, delito de prevaricación, negociación incompatible, conflicto de intereses, y hoy día se abren líneas de investigación que son complementarias, pero que yo confío que la fiscal va a poder probar y llevar a buen puerto”, ha explicado.
Los parlamentarios no han entregado una declaración a la prensa para explicar su participación en el caso. El Senado sí se ha pronunciado sobre la situación y ha manifestado su voluntad para colaborar con la investigación de la Fiscalía. “Corresponde al Ministerio Público y a los tribunales de justicia determinar los hechos, establecer eventuales responsabilidades y adoptar las decisiones que correspondan conforme a la ley. El Senado respeta la autonomía de dichas instituciones y el desarrollo de las diligencias que se encuentran llevando adelante”, ha dicho el organismo en un escrito. La cámara alta chilena ha planteado además que la investigación de eventuales delitos debe desarrollarse con rigor, “independencia, imparcialidad y transparencia, pero también con estricto respeto por las garantías, el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas mencionadas”. “La existencia de una investigación, una diligencia judicial o una mención en antecedentes preliminares no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad”, ha enfatizado.
La investigación en contra de los senadores Gahona y Calisto, ambos vinculados al oficialismo, afecta a la frágil mayoría que tiene el Gobierno de José Antonio Kast para aprobar sus proyectos en la cámara alta. Hoy la derecha cuenta con 26 votos de un total de 50 de toda la sala, lo que representa un mínimo para sacar adelante algunas propuestas sin la necesidad de negociar con la oposición. Un proceso legal que derive en el desafuero de ambos parlamentarios restaría esos votos y dejaría al Ejecutivo como minoría.
EL PAÍS
