Redacción Nacionales @DiarioCoLatino El proceso judicial contra los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz entrará en una etapa decisiva la próxima semana, cuando el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado desarrolle una audiencia única entre el 11 y el 14 de agosto, en la que se ventilará el caso contra 11 veteranos …
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El proceso judicial contra los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz entrará en una etapa decisiva la próxima semana, cuando el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado desarrolle una audiencia única entre el 11 y el 14 de agosto, en la que se ventilará el caso contra 11 veteranos y excombatientes acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de delitos relacionados con terrorismo y organizaciones terroristas. No obstante, la acusación no tiene respaldo jurídico, por lo que se trata de persecución política.
La información fue difundida por el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), que a través de una circular interna convocó a organizaciones sociales, familiares y personas solidarias a acompañar las cuatro jornadas de audiencia en las instalaciones del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, ubicado en El Matazano, Soyapango.
Según el documento, la convocatoria judicial fue realizada inmediatamente después de la audiencia de presentación y admisión de pruebas celebrada el pasado 29 de julio. COFAPPES sostiene que el proceso enfrenta un escenario complejo y manifestó preocupación por lo que considera una actuación parcial de la jueza a cargo del caso.
«La jueza 3 (sin rostro) ha tenido un comportamiento excesivo con marcada tendencia contra nuestros compañeros», señala la circular, en la que también se hace un llamado a respaldar a los procesados y a exigir su libertad, al considerarlos «presos políticos».
La organización invitó a sus integrantes a participar en la actividad en defensa de la inocencia de los excombatientes y veteranos detenidos.
Denuncias de irregularidades
La convocatoria ocurre pocas semanas después de que COFAPPES, junto con abogados defensores y organizaciones sociales, denunciara públicamente supuestas violaciones al debido proceso durante la fase de instrucción del caso.
De acuerdo con información publicada por Diario Co Latino, la organización aseguró que la Fiscalía no ha presentado pruebas concluyentes que vinculen penalmente a los acusados y sostuvo que el expediente presenta inconsistencias que afectan el derecho de defensa. También denunció presuntas presiones procesales y cuestionó el interrogatorio practicado al excomandante Atilio Montalvo, quien enfrenta problemas de salud y requiere tratamiento médico permanente.
En esa oportunidad, el abogado defensor Luis Rivera afirmó que el proceso «carece de prueba testimonial, científica, documental y pericial» suficiente para sostener las acusaciones, por lo que solicitó el sobreseimiento de los imputados.
La acusación fiscal
Por su parte, la Fiscalía General sostiene que los imputados participaron en la supuesta planificación de actos terroristas que serían ejecutados durante la toma de posesión presidencial del 1 de junio de 2024.
Según reportes judiciales, entre el material probatorio presentado por el Ministerio Público figuran actas de captura, testimonios de agentes de la Policía Nacional Civil que participaron en las detenciones, diligencias de allanamiento y otros documentos incorporados al expediente.
Las once personas procesadas fueron capturadas entre finales de mayo y principios de junio de 2024 y permanecen bajo detención preventiva mientras continúa el proceso penal.
Un caso seguido por organizaciones sociales
Desde las detenciones, diversas organizaciones de derechos humanos, asociaciones de veteranos y movimientos sociales han acompañado el proceso y mantienen la exigencia de que se respeten las garantías judiciales de los acusados.
COFAPPES insiste en que el caso constituye una persecución contra dirigentes sociales y excombatientes, mientras que las autoridades judiciales continúan con el trámite del proceso conforme a las acusaciones formuladas por la Fiscalía.
La audiencia programada para los días 11, 12, 13 y 14 de agosto será determinante para el futuro judicial de los procesados, ya que en ella se conocerán las pruebas de cargo y descargo y las argumentaciones de ambas partes antes de que el tribunal emita la resolución correspondiente.
El desarrollo de este juicio ha despertado atención entre organizaciones nacionales e internacionales por tratarse de un proceso que involucra a veteranos y excombatientes que participaron en distintas etapas del conflicto armado salvadoreño y cuya situación ha generado posiciones encontradas entre las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos. Mientras la Fiscalía sostiene la existencia de un plan para cometer actos terroristas, la defensa y COFAPPES mantienen que las acusaciones carecen de sustento probatorio y confían en que el tribunal dicte una resolución favorable para los imputados
Nacionales archivos – Diario Co Latino
