María Filomena Bonilla Oliva tiene 61 años y ya no puede caminar sin ayuda de su bastón o de alguien que le acompañe. Vive sola en su casa de la comunidad de San José de Gracia, a unos 50 kilómetros de Hermosillo, la capital de Sonora. En 2022, a Mena, como la conocen sus amigos y familiares, le confirmaron que en su cuerpo tenía la presencia de seis metales pesados. Ese mismo diagnóstico llegó tarde para su esposo, de 72 años, que murió cuatro meses antes de que recibieran los resultados. Bonilla Oliva y su marido son solo dos de los habitantes de la cuenca del río Sonora que fueron gravemente afectados tras el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado que el 6 de agosto de 2014 la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó en aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi. Han pasado 12 años de maltrato institucional hacia los cientos de víctimas de este desastre y de impunidad en el caso en el que la empresa sigue operando con normalidad y ante la inacción de los gobiernos que han pasado de frente.
Las ocho comunidades gravemente afectadas por el derrame tóxico de Grupo México en 2014 han visto a decenas de sus pobladores enfermar y morir ante la falta de tratamientos médicos y de remediación al territorio
María Filomena Bonilla Oliva tiene 61 años y ya no puede caminar sin ayuda de su bastón o de alguien que le acompañe. Vive sola en su casa de la comunidad de San José de Gracia, a unos 50 kilómetros de Hermosillo, la capital de Sonora. En 2022, a Mena, como la conocen sus amigos y familiares, le confirmaron que en su cuerpo tenía la presencia de seis metales pesados. Ese mismo diagnóstico llegó tarde para su esposo, de 72 años, que murió cuatro meses antes de que recibieran los resultados. Bonilla Oliva y su marido son solo dos de los habitantes de la cuenca del río Sonora que fueron gravemente afectados tras el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado que el 6 de agosto de 2014 la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó en aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi. Han pasado 12 años de maltrato institucional hacia los cientos de víctimas de este desastre y de impunidad en el caso en el que la empresa sigue operando con normalidad y ante la inacción de los gobiernos que han pasado de frente.
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