El Gobierno de Javier Milei ha cedido para evitar una derrota en el Senado este jueves. El rechazo social al proyecto que suprimía todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros ha obligado al Ejecutivo a presentar este martes un nuevo dictamen. El texto modificado contempla subir del 15% actual al 25% el techo máximo de tierras en manos foráneas. El oficialismo confía en que ese cambio permita reunir los votos necesarios para aprobar un proyecto que se le resiste desde hace casi tres meses en la Cámara Alta. Organizaciones sociales contrarias a la iniciativa, en cambio, advierten que supone una cesión de soberanía inadmisible y convocan a protestar el jueves en las calles durante la sesión legislativa.
El Gobierno ofrece al Congreso subir del 15% al 25% la participación de extranjeros, tras intentar sin éxito una liberalización total
El Gobierno ofrece al Congreso subir del 15% al 25% la participación de extranjeros, tras intentar sin éxito una liberalización total
El Gobierno de Javier Milei ha cedido para evitar una derrota en el Senado este jueves. El rechazo social al proyecto que suprimía todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros ha obligado al Ejecutivo a presentar este martes un nuevo dictamen. El texto modificado contempla subir del 15% actual al 25% el techo máximo de tierras en manos foráneas. El oficialismo confía en que ese cambio permita reunir los votos necesarios para aprobar un proyecto que se le resiste desde hace casi tres meses en la Cámara Alta. Organizaciones sociales contrarias a la iniciativa, en cambio, advierten que supone una cesión de soberanía inadmisible y convocan a protestar el jueves en las calles durante la sesión legislativa.
La posibilidad de que los extranjeros compren tierras rurales en Argentina es el capítulo más polémico de un proyecto mucho más amplio, bautizado por el Gobierno como Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El texto contempla también acelerar los procesos de desalojo, obstaculizar las expropiaciones estatales y reducir las protecciones existentes en aquellas áreas afectadas por incendios.
El argumento oficial para derribar los límites existentes hoy a la compra de tierras por parte de extranjeros es que estos son un freno a la inversión privada. “La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería“, aseguró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en mayo, al presentar el nuevo proyecto frente a productores agropecuarios. “En su estado actual es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”, dijo. Según Sturzenegger, de derogar esa ley Argentina podría obtener inversiones cercanas a los 15.000 millones de dólares.
La Ley de tierras rurales, sancionada en diciembre de 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, establece que las personas y las empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido y un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país, la más productiva.
Milei intentó derogar esta normativa a través de un decreto de necesidad y urgencia apenas comenzó su gobierno, en diciembre de 2023, pero tuvo que dar marcha atrás por una cautelar judicial. El proyecto de ley que votará el Senado este jueves es el segundo intento. De salir adelante, como se prevé, deberá ser aprobado también por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Según un informe del Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas, el equivalente a la extensión de Inglaterra. En algunas zonas la propiedad extranjera supera el límite del 15% fijado por la ley. “El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos”, detalla el estudio, que lleva la firma del historiador Matías Oberlin Molina y la socióloga Julieta Caggiano.
“Hay un 10% que se podría vender sin correrle una coma a la ley. ¿Por qué esa voluntad del Gobierno? Porque aumenta la presión en estos puntos críticos que están en zona de frontera y están en terrenos críticos. Lo que se pierde son zonas estratégicas”, advierte Oberlin. Este historiador pide a los legisladores que voten en contra de un proyecto que abre la puerta a la venta a grandes capitales foráneos de áreas con recursos naturales claves de Argentina.
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