A mediados de agosto, el verano, las lluvias y las vacaciones de políticos y funcionarios dominaban la agenda pública en México. El país vivía ajeno a los meses anteriores, con el Mayo Zambada en el rabillo del ojo y las inundaciones en varios Estados elevadas a preocupación nacional. Para entonces, la policía y fiscalía de Ciudad de México, y la Fiscalía General de la República (FGR), llevaban semanas detrás de un puñado de integrantes de la red que había organizado y perpetrado, supuestamente, el ataque contra los dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, en mayo. Pero las novedades, a pesar de la vigilancia, escaseaban. Había que tomar una decisión.
El asesinato de José Muñoz y Ximena Guzmán, asesor y secretaria particular de Brugada, había causado conmoción en la capital. Perpetrado el 20 de mayo, a plena luz del día, en una avenida céntrica de la ciudad, la calzada de Tlalpan, el ataque había sumido a la clase política gobernante en un estado de zozobra. ¿Quién querría coser a balazos a dos funcionarios ajenos a los medios y el debate público? A finales de mes no se hablaba de otra cosa, pero, con el paso de las semanas, el interés se fue disipando, en parte por la falta de información oficial. La presión a las autoridades se desinflaba, momento que aprovecharon para seguir a la banda. Tres meses más tarde, finales de agosto, había llegado el momento de golpear.
Acompañados de Omar García Harfuch, zar federal de seguridad, las autoridades de la capital presentaron los resultados de ese primer golpe la semana pasada, justo tres meses después del atentado. En 11 cateos simultáneos en la vertiente oriental de la ciudad y su área metropolitana, realizados durante la madrugada del 20 de agosto, la policía detuvo a 13 personas, cinco mujeres y ocho hombres. Harfuch, la fiscal local, Bertha Alcalde, y el jefe de policía, Pablo Vázquez, mencionaron que la red había usado cinco vehículos. Recordaron que la banda había estado vigilando a los funcionarios durante más de dos semanas y que, incluso, habían intentado asesinarlos seis días antes, el 14 de mayo. Dijeron también que entre los 13 no estaba el gatillero y que desconocían el motivo del ataque.
En su intervención, Alcalde destacó a seis de los 13. Mencionó a Jesús N, Arlette N y Nery N por “su probable participación en la coordinación logística del homicidio”. Y añadió que Abraham N, Jesús Francisco N y Francisco N, “ya eran investigados por homicidio y asociación delictuosa”. En las horas siguientes se filtró que Francisco N había sido el criminal que había monitoreado el lugar elegido para perpetrar el atentado, un tramo céntrico de Tlalpan, donde Guzmán recogía a Muñoz para ir a trabajar. Fuentes consultadas por EL PAÍS estos días señalan que esa persona, sospechoso evidente de perpetrar el atentado, no parece ser en realidad el gatillero.
Las mismas fuentes reducen el grupo de seis destacados a tres o cuatro. “Ellos sí están directamente relacionados con el evento, los demás tuvieron un papel algo más indirecto, gente que tenía sus actividades [criminales] en inmuebles que usaban integrantes de la célula, por ejemplo”, señala una de las fuentes. La esperanza ahora es que las detenciones y la información obtenida en los cateos conduzca a las autoridades, al resto de operadores materiales y, en última instancia, a los autores intelectuales del crimen.
Vehículos desaparecidos
La decisión de golpear a la cadena criminal cuando aún faltaban eslabones por identificar finiquitaba un dilema. El seguimiento a los sospechosos había permitido a los investigadores identificar varios inmuebles en la capital, y en un par de municipios del Estado de México, la mayoría domicilios particulares. Había dos opciones, esperar a que los sospechosos les condujeran a nuevos espacios o a más integrantes de la banda, posiblemente vinculados con el atentado, o actuar, con la idea de que detenidos e inmuebles cateados aportaran nueva información. Se optó por lo segundo. No en vano, el caso se asumía como un crimen de Estado. Alguien había tocado al círculo de colaboradores de la jefa de Gobierno de la ciudad más importante del país. “Se actuó asumiendo que los operativos eran un acto de investigación”, dice la fuente mencionada arriba.
Alejadas entre sí, las zonas de actuación —Otumba, Coacalco, en el Estado de México, y las alcaldías Xochimilco y Gustavo A. Madero, en la capital— habían llegado al radar de los investigadores gracias, por un lado, al seguimiento de los vehículos en los que huyeron los perpetradores, y, por otro, a la “cadena de provisión de insumos”, según explica la misma fuente. Planeado con cuidado, la red había comprado de manera legal dos de los cinco vehículos que usaron, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra. También compraron chalecos y demás vestimentas. Luego estaba la moto, en la que había huido el sicario tras el atentado, robada meses antes, que la red compró en un mercado de segunda mano.
Las compras de la red y el seguimiento que hicieron las autoridades a los vehículos empleados tras el atentado, la misma moto, una Nissan que abandonaron en Iztacalco, en el oriente de la ciudad, y una camioneta Urban, en la que se perdieron hacia el Estado de México, puso a las autoridades en la pista. En el monitoreo de las casas que fueron apareciendo en el radar, los policías se dieron cuenta de que algunos integrantes de la red se dedicaban al robo de autopartes y al menudeo de droga. Así, de los 13 detenidos, seis han sido procesados por delitos contra la salud, algunos de los cuales están acusados igualmente del homicidio y de asociación delictuosa, caso de Abraham N y Francisco N.
Ni la policía local, ni la Fiscalía, ni la unidad de la FGR involucrada, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde Harfuch colocó a uno de sus alfiles, César Oliveros, tienen demasiado claro el tipo de banda al que se enfrentan. Muchas veces, funcionarios y periodistas trazan vínculos entre un crimen y nombres conocidos del mundo del hampa, una forma de contener la ansiedad. En el caso de Milton Morales, el mando de la policía local asesinado el año pasado, las autoridades encontraron rastros de una banda criminal conocida como Cartel Nuevo Imperio, golpeada por las corporaciones capitalinas en años previos. En el caso del popular comunicador Ciro Gómez Leyva, atacado en diciembre de 2022, las pesquisas condujeron a los investigadores hacia el Cartel Jalisco Nueva Generación.
En este caso, la claridad es menor. No hay certeza sobre si la banda trabajaba como tal, como una banda, si se organizaban para vender droga o robar vehículos, o si cada uno iba por su lado y alguien externo les activó, para llevar a cabo el atentado. Es una de las grandes preguntas por contestar, igual que el paradero de tres de los vehículos usados, la Fluence, el Optra y la Urban, todavía perdidos. Las autoridades pelean ahora contra el tiempo y el silencio. En México, la autoría intelectual de casos de alto impacto suele quedar en las sombras. Los equipos de seguridad local y federal se juegan parte de su crédito en dilucidar este asunto.
Vigiladas desde hacía semanas, las autoridades detuvieron a 13 personas por el asesinato de los colaboradores de Brugada, como una forma de avanzar en las pesquisas, y confían en que los cateos de sus viviendas den información nueva
A mediados de agosto, el verano, las lluvias y las vacaciones de políticos y funcionarios dominaban la agenda pública en México. El país vivía ajeno a los meses anteriores, con el Mayo Zambada en el rabillo del ojo y las inundaciones en varios Estados elevadas a preocupación nacional. Para entonces, la policía y fiscalía de Ciudad de México, y la Fiscalía General de la República (FGR), llevaban semanas detrás de un puñado de integrantes de la red que había organizado y perpetrado, supuestamente, el ataque contra los dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, en mayo. Pero las novedades, a pesar de la vigilancia, escaseaban. Había que tomar una decisión.
El asesinato de José Muñoz y Ximena Guzmán, asesor y secretaria particular de Brugada, había causado conmoción en la capital. Perpetrado el 20 de mayo, a plena luz del día, en una avenida céntrica de la ciudad, la calzada de Tlalpan, el ataque había sumido a la clase política gobernante en un estado de zozobra. ¿Quién querría coser a balazos a dos funcionarios ajenos a los medios y el debate público? A finales de mes no se hablaba de otra cosa, pero, con el paso de las semanas, el interés se fue disipando, en parte por la falta de información oficial. La presión a las autoridades se desinflaba, momento que aprovecharon para seguir a la banda. Tres meses más tarde, finales de agosto, había llegado el momento de golpear.
Acompañados de Omar García Harfuch, zar federal de seguridad, las autoridades de la capital presentaron los resultados de ese primer golpe la semana pasada, justo tres meses después del atentado. En 11 cateos simultáneos en la vertiente oriental de la ciudad y su área metropolitana, realizados durante la madrugada del 20 de agosto, la policía detuvo a 13 personas, cinco mujeres y ocho hombres. Harfuch, la fiscal local, Bertha Alcalde, y el jefe de policía, Pablo Vázquez, mencionaron que la red había usado cinco vehículos. Recordaron que la banda había estado vigilando a los funcionarios durante más de dos semanas y que, incluso, habían intentado asesinarlos seis días antes, el 14 de mayo. Dijeron también que entre los 13 no estaba el gatillero y que desconocían el motivo del ataque.
En su intervención, Alcalde destacó a seis de los 13. Mencionó a Jesús N, Arlette N y Nery N por “su probable participación en la coordinación logística del homicidio”. Y añadió que Abraham N, Jesús Francisco N y Francisco N, “ya eran investigados por homicidio y asociación delictuosa”. En las horas siguientes se filtró que Francisco N había sido el criminal que había monitoreado el lugar elegido para perpetrar el atentado, un tramo céntrico de Tlalpan, donde Guzmán recogía a Muñoz para ir a trabajar. Fuentes consultadas por EL PAÍS estos días señalan que esa persona, sospechoso evidente de perpetrar el atentado, no parece ser en realidad el gatillero.
Las mismas fuentes reducen el grupo de seis destacados a tres o cuatro. “Ellos sí están directamente relacionados con el evento, los demás tuvieron un papel algo más indirecto, gente que tenía sus actividades [criminales] en inmuebles que usaban integrantes de la célula, por ejemplo”, señala una de las fuentes. La esperanza ahora es que las detenciones y la información obtenida en los cateos conduzca a las autoridades, al resto de operadores materiales y, en última instancia, a los autores intelectuales del crimen.
Vehículos desaparecidos
La decisión de golpear a la cadena criminal cuando aún faltaban eslabones por identificar finiquitaba un dilema. El seguimiento a los sospechosos había permitido a los investigadores identificar varios inmuebles en la capital, y en un par de municipios del Estado de México, la mayoría domicilios particulares. Había dos opciones, esperar a que los sospechosos les condujeran a nuevos espacios o a más integrantes de la banda, posiblemente vinculados con el atentado, o actuar, con la idea de que detenidos e inmuebles cateados aportaran nueva información. Se optó por lo segundo. No en vano, el caso se asumía como un crimen de Estado. Alguien había tocado al círculo de colaboradores de la jefa de Gobierno de la ciudad más importante del país. “Se actuó asumiendo que los operativos eran un acto de investigación”, dice la fuente mencionada arriba.
Alejadas entre sí, las zonas de actuación —Otumba, Coacalco, en el Estado de México, y las alcaldías Xochimilco y Gustavo A. Madero, en la capital— habían llegado al radar de los investigadores gracias, por un lado, al seguimiento de los vehículos en los que huyeron los perpetradores, y, por otro, a la “cadena de provisión de insumos”, según explica la misma fuente. Planeado con cuidado, la red había comprado de manera legal dos de los cinco vehículos que usaron, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra. También compraron chalecos y demás vestimentas. Luego estaba la moto, en la que había huido el sicario tras el atentado, robada meses antes, que la red compró en un mercado de segunda mano.
Las compras de la red y el seguimiento que hicieron las autoridades a los vehículos empleados tras el atentado, la misma moto, una Nissan que abandonaron en Iztacalco, en el oriente de la ciudad, y una camioneta Urban, en la que se perdieron hacia el Estado de México, puso a las autoridades en la pista. En el monitoreo de las casas que fueron apareciendo en el radar, los policías se dieron cuenta de que algunos integrantes de la red se dedicaban al robo de autopartes y al menudeo de droga. Así, de los 13 detenidos, seis han sido procesados por delitos contra la salud, algunos de los cuales están acusados igualmente del homicidio y de asociación delictuosa, caso de Abraham N y Francisco N.
Ni la policía local, ni la Fiscalía, ni la unidad de la FGR involucrada, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde Harfuch colocó a uno de sus alfiles, César Oliveros, tienen demasiado claro el tipo de banda al que se enfrentan. Muchas veces, funcionarios y periodistas trazan vínculos entre un crimen y nombres conocidos del mundo del hampa, una forma de contener la ansiedad. En el caso de Milton Morales, el mando de la policía local asesinado el año pasado, las autoridades encontraron rastros de una banda criminal conocida como Cartel Nuevo Imperio, golpeada por las corporaciones capitalinas en años previos. En el caso del popular comunicador Ciro Gómez Leyva, atacado en diciembre de 2022, las pesquisas condujeron a los investigadores hacia el Cartel Jalisco Nueva Generación.
En este caso, la claridad es menor. No hay certeza sobre si la banda trabajaba como tal, como una banda, si se organizaban para vender droga o robar vehículos, o si cada uno iba por su lado y alguien externo les activó, para llevar a cabo el atentado. Es una de las grandes preguntas por contestar, igual que el paradero de tres de los vehículos usados, la Fluence, el Optra y la Urban, todavía perdidos. Las autoridades pelean ahora contra el tiempo y el silencio. En México, la autoría intelectual de casos de alto impacto suele quedar en las sombras. Los equipos de seguridad local y federal se juegan parte de su crédito en dilucidar este asunto.
EL PAÍS
