Nueve de cada diez nicaragüenses encuestados por el organismo Hagamos Democracia afirman que “se sienten vigilados en sus barrios” por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de una red de operadores policiales, paramilitares y estructuras políticas que actúan en coordinación con la Dirección de Inteligencia del Ejército y el Ministerio de Interior. El sondeo revela la magnitud de un clima de control social que ya forma parte de la vida cotidiana en Nicaragua. O, en palabras del propio copresidente sandinista, 92,25% de la población vive bajo la “vigilancia revolucionaria”.
El estudio, realizado de forma independiente por el organismo que opera en el exilio, se publicó un mes y medio después de que Ortega ordenara, en plaza pública durante el 46 aniversario de la revolución sandinista, “redoblar la vigilancia revolucionaria” para “capturar y procesar a los vendepatrias”, es decir, a todo aquel considerado opositor o traidor.
“Tenemos que mantenernos siempre con todas las tareas que tenemos que cumplir: estudio, preparación, trabajos en diferentes actividades sin descuidar allá en el lugar donde estemos trabajamos, ahí en el barrio donde estemos trabajando sin descuidar la vigilancia revolucionaria… y que de esa manera no le queda espacio alguno a los terroristas, a los conspiradores, a los vendepatrias, porque sabrán que en cuanto se les descubra, se les captura y se les procesa”, amenazó Ortega, esgrimiendo la defensa “de la paz”.
Los operadores de esa feroz vigilancia identificados por la ciudadanía, según el informe de Hagamos Democracia presentado este 2 de septiembre en Costa Rica, son los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), señalados por más de la mitad de los consultados (52,56%). Le siguen la Policía Nacional (30,19%) y los grupos paramilitares (16,98%). En menor medida, también se mencionan trabajadores de instituciones públicas, la Policía Voluntaria (es decir, paramilitares), secretarios políticos e incluso compañeros de trabajo.
“En las estructuras barriales el Frente Sandinista tiene en sus filas a personas encargadas de pasar información sobre lo que acontece en los alrededores de cada vivienda”, detalla Jesús Tefel, presidente de Hagamos Democracia y desnacionalizado por el régimen. “La Policía Nacional y los CLS trabajan de la mano: el CLS recoge la información, la traslada a la Policía y esta es la que ejerce la represión, la que en última instancia se lleva a las personas, las encarcela, las interroga, las obliga a firmar todos los días en sus casas, las deja en arresto domiciliario… distintas medidas para mantener ese control social. O, incluso, recurren a la mera intimidación de plantar una patrulla frente a la vivienda. Es una relación básicamente simbiótica la que se observa en Nicaragua en materia de vigilancia”.
La consulta de Hagamos Democracia se realizó del 18 al 23 de julio del 2025, momento en el cual el régimen copresidencial desató una cacería de opositores en diversos departamentos del país. 33 personas fueron detenidas y se encuentran en condición de desaparición forzada. Dos de esos detenidos han sido entregados muertos a sus familiares en menos de siete días.
Estos datos revelan que la percepción predominante es que el aparato de control estatal se sostiene no solo en fuerzas armadas y policiales, sino también en estructuras comunitarias y laborales. Ese engranaje genera un entorno de constante vigilancia y represión contra la disidencia política, e incluso alcanza a funcionarios y simpatizantes del propio Gobierno, aterrorizados ante la purga que la copresidenta Rosario Murillo ejecuta contra sandinistas de renombre –como el comandante Bayardo Arce– que la adversan y rechazan la sucesión dinástica que ella encabeza.
El informe advierte de que este clima de vigilancia permanente no solo erosiona la intimidad y la libertad de los ciudadanos, sino que también contribuye al deterioro de la seguridad ciudadana. La desconfianza entre vecinos, la normalización de la denuncia como herramienta de control y la presencia constante de actores parapoliciales en los barrios han generado un ambiente de miedo que facilita la impunidad y la violencia. En lugar de fortalecer la protección de la población, el aparato estatal orienta sus recursos a vigilar y reprimir, debilitando la capacidad institucional de atender los problemas reales de criminalidad común y exponiendo a la sociedad a mayores niveles de inseguridad cotidiana.
Un método que se viene afinando
Durante el primer trimestre de 2025, el régimen Ortega-Murillo juramentó a una legión de 76 800 paramilitares encapuchados, lo que reforzó el terror ciudadano sobre la vigilancia en los barrios. Sin embargo, desde las protestas de 2018, la administración sandinista viene perfeccionando su método de vigilancia política, en coordinación con la policía, la Dirección de Inteligencia del Ejército y el Ministerio del Interior, manejado por el viceministro Luis Cañas.
Además, desde agosto de 2023, el régimen de Ortega y Murillo comenzó a desplegar una nueva modalidad de vigilancia en los barrios, bajo la fachada de “encuentros de seguridad ciudadana y humana” organizados por la policía. Estos encuentros fueron articulados con los extintos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que convocaban a los vecinos en casas previamente seleccionadas por su afinidad política al Frente Sandinista. La dinámica convirtió lo que parecía una reunión comunitaria en un mecanismo de control social, reforzado con la presencia masiva de oficiales policiales.
El trasfondo de estas reuniones no era escuchar las preocupaciones vecinales, sino establecer un punto de contacto permanente entre la Policía y las estructuras partidarias del régimen.
“Eso significa que la gente siente una observancia que los mantiene bajo presión constante”, analiza Tefel para EL PAÍS. “Esto contribuye a la sensación de inseguridad y a la carencia de libertades. De por sí hay muchos derechos que no están garantizados en Nicaragua, y el hecho de estar vigilados, no poder quejarse ni hablar de ello, no poder manifestarlo abiertamente por miedo a que los delaten, exacerba la sensación de represión en las personas”.
El aparato sandinista recurre a policías, paramilitares y comités de barrio para sofocar disidencias. Un sondeo revela el alcance del clima de control social
Nueve de cada diez nicaragüenses encuestados por el organismo Hagamos Democracia afirman que “se sienten vigilados en sus barrios” por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de una red de operadores policiales, paramilitares y estructuras políticas que actúan en coordinación con la Dirección de Inteligencia del Ejército y el Ministerio de Interior. El sondeo revela la magnitud de un clima de control social que ya forma parte de la vida cotidiana en Nicaragua. O, en palabras del propio copresidente sandinista, 92,25% de la población vive bajo la “vigilancia revolucionaria”.
El estudio, realizado de forma independiente por el organismo que opera en el exilio, se publicó un mes y medio después de que Ortega ordenara, en plaza pública durante el 46 aniversario de la revolución sandinista, “redoblar la vigilancia revolucionaria” para “capturar y procesar a los vendepatrias”, es decir, a todo aquel considerado opositor o traidor.
“Tenemos que mantenernos siempre con todas las tareas que tenemos que cumplir: estudio, preparación, trabajos en diferentes actividades sin descuidar allá en el lugar donde estemos trabajamos, ahí en el barrio donde estemos trabajando sin descuidar la vigilancia revolucionaria… y que de esa manera no le queda espacio alguno a los terroristas, a los conspiradores, a los vendepatrias, porque sabrán que en cuanto se les descubra, se les captura y se les procesa”, amenazó Ortega, esgrimiendo la defensa “de la paz”.
Los operadores de esa feroz vigilancia identificados por la ciudadanía, según el informe de Hagamos Democracia presentado este 2 de septiembre en Costa Rica, son los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), señalados por más de la mitad de los consultados (52,56%). Le siguen la Policía Nacional (30,19%) y los grupos paramilitares (16,98%). En menor medida, también se mencionan trabajadores de instituciones públicas, la Policía Voluntaria (es decir, paramilitares), secretarios políticos e incluso compañeros de trabajo.
“En las estructuras barriales el Frente Sandinista tiene en sus filas a personas encargadas de pasar información sobre lo que acontece en los alrededores de cada vivienda”, detalla Jesús Tefel, presidente de Hagamos Democracia y desnacionalizado por el régimen. “La Policía Nacional y los CLS trabajan de la mano: el CLS recoge la información, la traslada a la Policía y esta es la que ejerce la represión, la que en última instancia se lleva a las personas, las encarcela, las interroga, las obliga a firmar todos los días en sus casas, las deja en arresto domiciliario… distintas medidas para mantener ese control social. O, incluso, recurren a la mera intimidación de plantar una patrulla frente a la vivienda. Es una relación básicamente simbiótica la que se observa en Nicaragua en materia de vigilancia”.
La consulta de Hagamos Democracia se realizó del 18 al 23 de julio del 2025, momento en el cual el régimen copresidencial desató una cacería de opositores en diversos departamentos del país. 33 personas fueron detenidas y se encuentran en condición de desaparición forzada. Dos de esos detenidos han sido entregados muertos a sus familiares en menos de siete días.
Estos datos revelan que la percepción predominante es que el aparato de control estatal se sostiene no solo en fuerzas armadas y policiales, sino también en estructuras comunitarias y laborales. Ese engranaje genera un entorno de constante vigilancia y represión contra la disidencia política, e incluso alcanza a funcionarios y simpatizantes del propio Gobierno, aterrorizados ante la purga que la copresidenta Rosario Murillo ejecuta contra sandinistas de renombre –como el comandante Bayardo Arce– que la adversan y rechazan la sucesión dinástica que ella encabeza.
El informe advierte de que este clima de vigilancia permanente no solo erosiona la intimidad y la libertad de los ciudadanos, sino que también contribuye al deterioro de la seguridad ciudadana. La desconfianza entre vecinos, la normalización de la denuncia como herramienta de control y la presencia constante de actores parapoliciales en los barrios han generado un ambiente de miedo que facilita la impunidad y la violencia. En lugar de fortalecer la protección de la población, el aparato estatal orienta sus recursos a vigilar y reprimir, debilitando la capacidad institucional de atender los problemas reales de criminalidad común y exponiendo a la sociedad a mayores niveles de inseguridad cotidiana.
Un método que se viene afinando
Durante el primer trimestre de 2025, el régimen Ortega-Murillo juramentó a una legión de 76 800 paramilitares encapuchados, lo que reforzó el terror ciudadano sobre la vigilancia en los barrios. Sin embargo, desde las protestas de 2018, la administración sandinista viene perfeccionando su método de vigilancia política, en coordinación con la policía, la Dirección de Inteligencia del Ejército y el Ministerio del Interior, manejado por el viceministro Luis Cañas.
Además, desde agosto de 2023, el régimen de Ortega y Murillo comenzó a desplegar una nueva modalidad de vigilancia en los barrios, bajo la fachada de “encuentros de seguridad ciudadana y humana” organizados por la policía. Estos encuentros fueron articulados con los extintos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que convocaban a los vecinos en casas previamente seleccionadas por su afinidad política al Frente Sandinista. La dinámica convirtió lo que parecía una reunión comunitaria en un mecanismo de control social, reforzado con la presencia masiva de oficiales policiales.
El trasfondo de estas reuniones no era escuchar las preocupaciones vecinales, sino establecer un punto de contacto permanente entre la Policía y las estructuras partidarias del régimen.
“Eso significa que la gente siente una observancia que los mantiene bajo presión constante”, analiza Tefel para EL PAÍS. “Esto contribuye a la sensación de inseguridad y a la carencia de libertades. De por sí hay muchos derechos que no están garantizados en Nicaragua, y el hecho de estar vigilados, no poder quejarse ni hablar de ello, no poder manifestarlo abiertamente por miedo a que los delaten, exacerba la sensación de represión en las personas”.
EL PAÍS
