En este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, desde ONU Derechos Humanos reafirmamos el compromiso indeclinable con la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas en nuestra región y sus familias. La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas durante las dictaduras y conflictos internos en América del Sur no es una tarea del pasado, sino una deuda que persiste y nos interpela en el presente.
Miles de personas en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay continúan desaparecidas como consecuencia del actuar de funcionarios del Estado o de su complicidad pasiva, víctimas de regímenes de terror que los consideraron enemigos únicamente por su disidencia política.
En los documentos y sitios de memoria se puede observar muchos estudiantes, obreros, activistas, campesinos y profesionales jóvenes, e incluso víctimas que ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad.
Los miles de desaparecidos no son un dato, son vidas truncadas, familias que esperan, un dolor que se trasmite de generación en generación y que quiebra a toda la comunidad.
La desaparición forzada produce quizás la herida más profunda que puede infligirse a la humanidad. No se trata solo de arrebatar a una persona su libertad injustamente, sino intentar borrar su rastro y sumir a sus seres queridos en una angustia interminable. Es un crimen que no tiene fin, que permanece abierto cada día mientras no haya verdad ni justicia, que desgarra la confianza en el Estado y socava los cimientos de la dignidad humana. La desaparición forzada constituye, por tanto, una de las formas más graves y crueles de violación de los derechos humanos.
Frente a un crimen tan complejo, la justicia transicional ofrece un marco para responder a la magnitud del daño y sentar las bases de una reparación integral. Sus pilares —la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición— son instrumentos que permiten transformar el dolor en memoria, restituir la dignidad arrebatada y asegurar que violaciones de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir. El Estado puede y debe resarcir.
Este deber no es una opción ideológica, es un imperativo ético, una obligación jurídica de los Estados. No debe depender, por tanto, de los gobiernos cualquiera sea su color político.
La tarea estatal debe estar centrada en las víctimas, y debe materializarse en medidas concretas que garanticen la rendición de cuentas, la preservación de la memoria, la reparación integral y la no repetición.
En esta línea, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones de Naciones Unidas, establecen, entre otras cosas, la obligación de búsqueda de las personas que han sido sujetas a la desaparición forzada, así como la claridad sobre sus trayectorias desde la detención, su suerte y destino final.
Las acciones articuladas de búsqueda deben ser políticas de Estado, sostenidas en el tiempo, con recursos suficientes, participación de los familiares, y garantías de transparencia y acceso a la información. No se trata tan solo de gestos simbólicos, sino de compromisos concretos que honren la dignidad de quienes fueron arrebatados y de quienes los siguen buscando.
En este día de conmemoración, reconocemos y valoramos especialmente el papel de los familiares de las víctimas y las agrupaciones de la sociedad civil, cuya lucha incansable ha sido piedra fundante de cada avance institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Su voz ha sido faro ético, motor de justicia y memoria viva. Su trabajo nos ha permitido no olvidar.
Hoy, la urgencia de la búsqueda sigue tan presente como el primer día. Hacemos un llamado a desplegar los recursos necesarios para esta tarea. Es una exigencia de humanidad, y una obligación que interpela a todos los poderes del Estado y a todo gobierno.
La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas durante las dictaduras y conflictos internos en América del Sur no es una tarea del pasado, sino una deuda que persiste y nos interpela en el presente
En este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,desde ONU Derechos Humanos reafirmamos el compromiso indeclinable con la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas en nuestra región y sus familias. La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas durante las dictaduras y conflictos internos en América del Sur no es una tarea del pasado, sino una deuda que persiste y nos interpela en el presente.
Miles de personas en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay continúan desaparecidas como consecuencia del actuar de funcionarios del Estado o de su complicidad pasiva, víctimas de regímenes de terror que los consideraron enemigos únicamente por su disidencia política.
En los documentos y sitios de memoria se puede observar muchos estudiantes, obreros, activistas, campesinos y profesionales jóvenes, e incluso víctimas que ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad.
Los miles de desaparecidos no son un dato, son vidas truncadas, familias que esperan, un dolor que se trasmite de generación en generación y que quiebra a toda la comunidad.
La desaparición forzada produce quizás la herida más profunda que puede infligirse a la humanidad. No se trata solo de arrebatar a una persona su libertad injustamente, sino intentar borrar su rastro y sumir a sus seres queridos en una angustia interminable. Es un crimen que no tiene fin, que permanece abierto cada día mientras no haya verdad ni justicia, que desgarra la confianza en el Estado y socava los cimientos de la dignidad humana. La desaparición forzada constituye, por tanto, una de las formas más graves y crueles de violación de los derechos humanos.
Frente a un crimen tan complejo, la justicia transicional ofrece un marco para responder a la magnitud del daño y sentar las bases de una reparación integral. Sus pilares —la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición— son instrumentos que permiten transformar el dolor en memoria, restituir la dignidad arrebatada y asegurar que violaciones de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir. El Estado puede y debe resarcir.
Este deber no es una opción ideológica, es un imperativo ético, una obligación jurídica de los Estados. No debe depender, por tanto, de los gobiernos cualquiera sea su color político.
La tarea estatal debe estar centrada en las víctimas, y debe materializarse en medidas concretas que garanticen la rendición de cuentas, la preservación de la memoria, la reparación integral y la no repetición.
En esta línea, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones de Naciones Unidas, establecen, entre otras cosas, la obligación de búsqueda de las personas que han sido sujetas a la desaparición forzada, así como la claridad sobre sus trayectorias desde la detención, su suerte y destino final.
Las acciones articuladas de búsqueda deben ser políticas de Estado, sostenidas en el tiempo, con recursos suficientes, participación de los familiares, y garantías de transparencia y acceso a la información. No se trata tan solo de gestos simbólicos, sino de compromisos concretos que honren la dignidad de quienes fueron arrebatados y de quienes los siguen buscando.
En este día de conmemoración, reconocemos y valoramos especialmente el papel de los familiares de las víctimas y las agrupaciones de la sociedad civil, cuya lucha incansable ha sido piedra fundante de cada avance institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Su voz ha sido faro ético, motor de justicia y memoria viva. Su trabajo nos ha permitido no olvidar.
Hoy, la urgencia de la búsqueda sigue tan presente como el primer día. Hacemos un llamado a desplegar los recursos necesarios para esta tarea. Es una exigencia de humanidad, y una obligación que interpela a todos los poderes del Estado y a todo gobierno.
EL PAÍS
