Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La reciente aprobación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que habilita la aplicación de la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, ha generado cuestionamientos jurídico, político y social en el país. La medida, impulsada bajo el discurso de endurecer el combate …
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La reciente aprobación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que habilita la aplicación de la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, ha generado cuestionamientos jurídico, político y social en el país. La medida, impulsada bajo el discurso de endurecer el combate contra la criminalidad, insiste en el manodurismo, y de hecho, tenemos un estado “inquisitivo”, dijo el analista político Ángel Madrid.
Hasta antes de esta reforma, dijo Madrid, en Encuentro con Julio Villagrán, la Constitución prohibía expresamente la cadena perpetua. Sin embargo, en la práctica, los tribunales ya imponían condenas que superaban ampliamente la expectativa de vida humana —de 100, 200 e incluso hasta 1,000 años de prisión—, lo que para el jurista constituía una forma indirecta de pena perpetua.
La diferencia ahora radica en que la figura será explícitamente constitucional, lo que permitirá a los jueces aplicarla de manera directa, dijo Madrid, quien aplaudió la medida.
Sin embargo, el tema no se centra únicamente en la severidad de las penas, sino en el contexto institucional en el que se implementará la reforma. En este sentido, el abogado advierte que el principal problema no es el castigo en sí, sino las condiciones del sistema judicial salvadoreño. Señala que la falta de independencia judicial y las debilidades en los procesos de investigación podrían derivar en condenas injustas, especialmente en un escenario donde las penas implican prisión de por vida.
Para Madrid, uno de los puntos más críticos es la capacidad del Estado para probar delitos complejos, como los de violencia sexual. Según testimonios expuesto por el abogado, existen casos en los que la Fiscalía General de la República no logra reunir pruebas suficientes más allá del testimonio de la víctima, debido a fallas en la recolección de evidencia forense o psicológica. En este contexto, la aplicación de penas más severas podría agravar el riesgo de condenar a personas inocentes.
La discusión también se vincula con el régimen de excepción vigente desde 2022, bajo el cual más de cien mil personas han sido detenidas por su presunta vinculación con estructuras terroristas. Surge así la interrogante sobre si la nueva disposición podría aplicarse de forma retroactiva a estos casos, particularmente en delitos catalogados como terrorismo, homicidio o violación.
Aunque oficialmente no se ha confirmado la retroactividad de la reforma, Madrid considera probable que el gobierno busque extender sus efectos a personas ya procesadas o condenadas. De concretarse, esto abriría un nuevo frente de discusión sobre la constitucionalidad de aplicar sanciones más gravosas a hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la norma.
Manodurismo electoral
En el plano político, la medida también es interpretada como parte de la estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele para reforzar su narrativa de mano dura contra el crimen, en un contexto preelectoral. La rápida aprobación de la reforma ha sido señalada como un indicio de la prioridad política que tiene este tema para el oficialismo.
No obstante, Madrid considera que quienes cometen delitos graves deben recibir castigos ejemplares que les impidan volver a dañar a la población. El problema está. insiste, en que el fortalecimiento del sistema judicial, la garantía del debido proceso y la protección de los derechos humanos deben ser condiciones previas antes de endurecer las penas, lo cual no ocurre en El Salvador, pues no hay independencia del sistema judicial, por lo que los jueces no pueden aplicar “la sana crítica”.
La reforma aún deberá ser ratificada para entrar plenamente en vigor. Entretanto, el país continúa debatiendo no solo la legitimidad de la cadena perpetua, sino también las implicaciones que tendrá en un sistema judicial que enfrenta cuestionamientos sobre su independencia y eficacia.
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